Ya se sabe que las elecciones suelen ser las coyunturas favoritas que encuentran algunos candidatos para decirle a la gente lo que quiere escuchar. No son tiempos de discusión sino de agitación moral. Encima los candidatos no hacen demasiados esfuerzos para elevar la calidad de los debates y reconvertir la escena pública en un ámbito para pensar en voz alta soluciones a los problemas con los que nos medimos cotidianamente. Algunos de esos problemas son la inseguridad. Pero también: el delito callejero y predatorio y las violencias expresivas y emotivas vinculadas a ellas; el encarcelamiento masivo y preventivo; la incapacidad de la justicia para canalizar y tramitar los conflictos; o las dificultades que tienen las policías para recomponer las confianzas que eviten la polarización de las contradicciones barriales. Quiero decir, en este país, encajado en el cortoplacismo, las coyunturas electorales no son el mejor momento para debatir ningún tema, sobre todo aquellos que tienen que ver con el sistema penal. Más aún en las elecciones de mediano término, cuando los candidatos están levantando la mano para captar la atención que los convierta en presidenciables en las próximas elecciones.
Basta que un hecho adquiera el estatus de acontecimiento, gane enseguida la atención de la gran pantalla, para poner a los candidatos a mandar fruta. No todos, sobre todos aquellos que suelen hacer de la desgracia ajena un insumo electoral, que hacen política jugando con el dolor de las víctimas, que prometen más policías, más penas, más cárceles a cambio de votos. Estos dirigentes, opositores u oficialistas, no suelen estar solos sino acompañados de los periodistas estrellas que tienen la capacidad probada de enloquecer a la gente, que creen que una noticia es una patente de corso para decir cualquier cosa. Periodistas que se encargan de “picanear a las víctimas”, de hacer comentarios llenos de golpes bajos o preguntas dramáticas para hacerla llorar. Porque en vez de cuidar a la víctima que dicen representar, los periodistas y movileros se dedican a exponerla, a manipular sus opiniones, a colapsar sus sentimientos, para luego despacharse a gusto y piacere.
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Todas estas declaraciones, la de los dirigentes y periodistas de radio y televisión, no caen en saco roto. Saben interpelar ideas autoritarias que surcan los imaginarios sociales, para luego activar y encender las pasiones punitivas. Por eso, en los últimos días, a raíz del asesinato de un kiosquero en ocasión de robo, se volvieron a escuchar las frases de siempre que la prensa, ni lerda ni perezosa, se encargó de propalar y festejar no sin hacer algunos reparos políticamente correctos. Estoy pensando en frases como “que vuelvan los militares”, “pena de muerte”, “el que mata tiene que morir”, “esto se soluciona con mano dura”, “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”.
Entre las declaraciones de los dirigentes, la más osada fue la de José Luis Espert que superaron la pirotecnia de Rousselot, Rouckauf y De Narváez, pero también fueron más lejos que las palabras habituales de Blumberg y Patricia Bullrich. Dijo Espert: “Para que empiecen a tener miedo tiene que haber algunos que terminen bien agujereados”. “Transformemos en un queso gruyere a un par de estos delincuentes como los de ayer. Apoyemos a la policía a que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco”. “Si seguimos enarbolando la maldita doctrina abolicionista de Zaffaroni, la gente de bien estamos fritos”. “Derechos humanos las pelotas, los derechos humanos para la gente de bien, de laburo. Para los delincuentes, cárcel o bala. Esto hay que darlo vuelta con la mano dura que corresponde”. Espert propone la pena de muerte en todos sus sentidos. Si no sale por el Congreso que salga de facto.
No vamos a transformar estas declaraciones en un ejercicio de indignación, pero conviene no subestimar las propuestas, por más disparatadas que sean. Empieza a delimitarse un bloque reaccionario en el país que propone ir mucho más lejos que el macrismo. En ese bloque están Espert, Milei, Bullrich, López Murphy y unos cuantos legisladores peronistas y radicales y de otros partidos provinciales del interior que empezarán a mostrar la hilacha después de las elecciones. Está visto que el populismo no es patrimonio del kirchnerismo. Pero el populismo de derecha juega con otra artillería, tiene otra agenda, otras intenciones, otra sensibilidad, y trabaja con el resentimiento que la gente deposita cotidianamente en el odio.
Mucho más prudentes estuvieron Larreta y Manes. Manes se limitó a celebrar el clamor de los vecinos e hizo un llamamiento para que el reclamo se canalice a través de las elecciones: “Hagamos que este domingo se escuche más fuerte”.
Larreta fue un poco más lejos, pero estuvo igualmente juicioso, aunque sus declaraciones fueron, una vez más, ambiguas. Por un lado, señaló que la cuestión no es bajar la edad de punibilidad sino que haya un régimen penal juvenil especial. Pero agregó, para la hinchada propia que ahora le disputa el bloque reaccionario: “Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible”.
Coincidimos que hace falta un régimen penal juvenil que reemplace al vigente que, dicho sea de paso, fue sancionado durante la última dictadura cívico-militar. A grandes rasgos, su debate se hace apremiante, por un lado, para limitar la discrecionalidad de los operadores judiciales hoy día a la hora de administrar justicia. Por el otro, para pensar entre todos y todas las formas que asumirá el reproche social. Y que conste que decimos “reproches”, en plural, porque no estamos pensando necesariamente en la privación de la libertad.
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Ya sabemos que el encarcelamiento lejos de resolver los problemas, de desalentar las trayectorias criminales, puede llegar a reforzarlas, agravando los conflictos que se quieren atajar. De modo que conviene pensar en otras medidas y, sobre todo, en otras agencias que puedan estar más cerca de estos jóvenes, acompañarlos para revertir la trayectoria carcelaria. Porque las personas que pasaron una temporada en ese infierno salen con un certificado de mala conducta que no sólo los sustrae de los mercados laborales formales, sino que los vuelve más vulnerables al hostigamiento y extorsión policial. No hay que dejarlos solos significa, entonces, que las agencias encargadas de su supervisión tendrían que contar el presupuesto suficiente para conseguirles un trabajo digno que los reenganche en la cultura del trabajo, que los acompañe para que completen su trayectoria educativa que les permita estar en mejores condiciones para conseguir un trabajo mejor, es decir, acompañarlos para reponer otro horizonte que los sustraiga del día a día.
Como se darán cuenta acá hay mucha materia para seguir pensando, pero me temo que las coyunturas electorales no son hoy día el mejor escenario para discutir estos temas, sobre todo cuando se las pretende encuadrar con un caso que conmocionó a la opinión pública. Los consensos anímicos forjados al calor de la televisión no son los acuerdos que se necesitan para atajar semejante bola de nieve.
Necesitamos acuerdos, pero tienen que ser el resultado de un debate paciente y vigoroso, robusto pero lleno de argumentos. Me temo que las consignas electoralistas que coquetean con la indignación vecinal lejos de resolver los problemas recrean las condiciones para sentirnos no solo más inseguros, sino que tienden a seguir escalando los conflictos hacia los extremos.
