Toma de tierras en Lugano: un detenido, 800 personas sin vivienda

Cosecha Roja.-

“Meté tu auto en un garage y desaparecé de Lugano y Mataderos. Tu celular, cambialo. Colgá y no llames más, te están siguiendo”. Así le advertían el 20 de marzo a Marcelo Chancalay, el puntero del PRO detenido anoche. Sospechan que es uno de los organizadores de la toma de tierras de Villa Lugano que comenzó el 24 de febrero.

El teléfono estaba intervenido por una orden de la jueza porteña Gabriela López Iñíguez e Infojus Noticias accedió al documento. El llamado es solamente uno de los datos con los que cuenta la jueza. También consta la participación de Chancalay en una sociedad que tiene una cuenta bancaria con “operaciones sospechosas”: podrían ser un “puente” desde donde se recibe dinero del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, hubo allanamientos en cuatro domicilios. Por todo eso y la posibilidad de que Chancalay abandone el país López Iñiguez pidió la detención el 5 de mayo. Recién anoche, cerca de las 22, la Policía Federal lo encontró. En la orden decía: “Diversos testigos han refrendado que se trata de un personaje poderoso, de ‘peso’ dentro de la Villa 20”.

Chancalay fue presidente de la comisión vecinal de la Villa 20 y empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social. “No ha sido favorable a los intereses villeros, pero es la Justicia la que tendrá que investigar. Si es culpable, seremos los primeros en pedir que se responsabilice porque un dirigente con estas actitudes mancha a todos los otros dirigentes”, dijo a Cosecha Roja Alejandro “Pitu” Salvatierra, referente territorial de la zona.

El 24 de febrero 600 vecinos tomaron las tierras de Villa Lugano. Lo llamaron “Barrio Papa Francisco”. “Me resisto a pensar que esto es culpa de dos o tres tipos. Que el árbol no nos tape el bosque: las tomas se dan en lugares donde hay una ausencia total del Estado y acá hay incumplimiento de la ley”, dijo Salvatierra. Se refiere a el plan de urbanización dispuesto por la legislatura porteña en 2005, la Ley 1770. Pasaron 9 años desde entonces y no se cumplió. Después, la jueza Elena Liberatori, del fuero contencioso administrativo porteño, ordenó el saneamiento de las tierras y el cumplimiento de la ley, pero la gestión de Mauricio Macri aún no cumplió la resolución.

“La toma es una salida de vida. Hay contextos que permiten que la toma suceda: nadie ocuparía, por ejemplo, el Parque Rivadavia”, explicó Salvatierra. También se refirió a los vivos, a los que venden terrenos que no son suyos, a los que estafan a las familias y desaparecen dejándolos sin plata y sin vivienda. “Siempre les insistimos a las familias que no compren nada, les avisamos que eso no son transacciones legales, que es una modalidad que no existe”, dijo el militante por la urbanización de las villas.

Durante la primera noche de toma, en febrero, hubo una pelea en la que asesinaron a Osvaldo Soto de tres tiros. Eso le dijo a Cosecha Roja su hermana. También contó que Osvaldo tenía dos hijos, dos perros chihuahuas y dos trabajos: uno manejando el camión de la basura y otro en un hospital. Vivía con su madre, Trinidad Loaiza, una de las primeras en habitar Villa 20.

– ¿No podés correr el fuego un poco para allá que le hace mal a mi sobrina? –le dijo Osvaldo.
– ¿Por qué lo tengo que correr? –dicen que le contestó el paraguayo.
– Porque le hace mal a mi sobrina.
– Esperame.

Osvaldo creyó que el hombre no iba a volver. Pero cuando lo hizo, fue con un arma. Laura, su hermana, contó que cuando le pegó el primer tiro en la pierna, Osvaldo intentó levantarse. Pero el hombre le pegó otros dos: uno en el estómago y el otro en el corazón.

Cuando lo balearon, los vecinos llamaron a la ambulancia pero no apareció. Era el tercer ausente de la noche: no estaba tampoco el fiscal ni ningún representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los vecinos frenaron un colectivo y subieron a Osvaldo para llevarlo a la salita, pero murió.

A 94 días de la toma, “el número de personas llegó a subir a 800 y creemos que se quedó en ese número”, dijo Salvatierra. Los vecinos ya saben lo que es aguantar en una toma: muchos son los mismos que exigieron una vivienda en el Indoamericano, en 2010. Aquella vez los sacaron y les hicieron firmar un papel –un supuesto censo-, prometiéndoles una solución. Pero tuvieron que seguir alquilando. Una pieza en villa 20 sale 1500 pesos. O lo que quieran.

Mientras la causa por “usurpación” del predio está a cargo del Juzgado Nº14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires, los delegados están trabajando en un plan de urbanización junto con especialistas, arquitectos y vecinos.

Fotos: Mariano Armagno y Leo Vaca / Infojus Noticias