*La foto de la portada es ilustrativa.
Una casa sin agua potable y con peligro de derrumbe en un campo de la localidad rural de Las Bandurrias, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe. Un trabajo de lunes a lunes, sin francos ni descansos. Un sueldo de mil pesos por semana, con el descuento del consumo de gas, como pago por las tareas de cuidar el campo, arriar y marcar animales.
En estas condiciones y desde hace siete años vivieron hasta el martes Alejandro, de 36 años, su madre y su padre jubiladxs, y sus hijxs de 10 y 11 años. La familia fue rescatada en un operativo ordenado por el Juzgado Federal de Rafaela y ejecutado por la Policía Federal que significó la coordinación entre oficinas de todos los niveles del Estado. Es que para desarmar delitos de trata en zonas rurales se pone en juego desde el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas damnificadas por el Delito de Trata, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Delegación Santa Fe Sur del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
La denuncia penal que hicieron los distintos organismos y que tomó el Juzgado Federal es contra el dueño del campo, de iniciales J.P.H. Se trata de un médico veterinario de 51 años que también sería propietario de otro campo agrícola ganadero en la localidad santafesina de Pavón Arriba. Tiene un posgrado en Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Nacional de Rosario y a comienzos de los noventa formó parte del Consejo Directivo de la Facultad de Veterinaria.
Las primeras señales de la situación de esclavitud a las que sometía a esta familia las detectó en octubre del año pasado la Delegación Santa Fue Sur del RENATRE. Este organismo se encarga, entre otras funciones, de controlar que lxs empleadorxs tengan registrados correctamente a sus empleadxs.
“Normalmente lo que se encuentra es trabajo no registrado o mal categorizado”, contó a Cosecha Roja Andrés Alasia, delegado Santa Fe Sur. Pero esta vez fue distinto: “Conversando con el trabajador, encontramos indicios de presunta trata de personas con fines de explotación laboral”. El delito al que hace referencia Alasia tiene una pena máxima de hasta 12 años de cárcel y 15 si las víctimas son menores de edad.
El trabajador es Alejandro y si bien sus tareas son las de un encargado de campo, las condiciones en las que trabajaba estaban fuera de la ley: los mil pesos semanales a veces eran dos mil y a veces directamente eran nada. Al no estar registrado, no tenía obra social ni aportes jubilatorios, y tampoco francos. Ni hablar de aguinaldos.
Después de entrar en contacto con él, el RENATRE hizo la denuncia en el 145, la línea gratuita de denuncia para casos de trata de personas, que coadministra PROTEX con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En marzo de este año el RENATRE volvió a Las Bandurrias y se encontró con que la situación no sólo seguía igual sino que había empeorado. A las condiciones de explotación laboral, se habían sumado amenazas. Alejandro contó que el patrón les tenía prohibido salir del lugar.
El encargado del campo también declaró que sus hijos “ayudaban” en el trabajo. Lxs chicxs contaron que les pagaban 200 pesos para darles de comer al ganado.
Una nueva denuncia por explotación laboral y otra por explotación laboral infantil hizo que el Juzgado Federal de Rafaela ordenara el allanamiento del lugar y la liberación de toda la familia.
El operativo fue este sábado. Desde la Dirección de Protección de los Derechos Civiles y Políticos de Santa Fe confirmaron a Cosecha Roja que trasladaron a la familia a una vivienda en la localidad de Casas, donde los gastos y el alquiler corren por cuenta de la Secretaría de Derechos Humanos, por lo menos por dos meses y hasta que Alejandro pueda conseguir un trabajo formal.
“Nos ocupamos de hacer el cambio de escuela de lxs chicxs, les conseguimos asistencia de salud integral para toda la familia”, detalló Santiago Bereciartua, a cargo de la Dirección. “Nuestra función en estos casos es restituir todos los derechos vulnerados: laborales, educativos y sanitarios”, dijo.
Los números de la explotación laboral en el campo
En 2019, el RENATRE constató la situación laboral de 15.684 trabajadorxs rurales de todo el país. El 83 por ciento (12.994) no estaban registradxs.
Hasta ese año, el sector contaba con cerca de 330 mil trabajadores rurales declaradxs mensualmente. Según el INDEC la tasa de informalidad en el sector agropecuario fue del 63 por ciento en el tercer trimestre de 2019.
En relación al trabajo infantil, los datos muestran que es un problema naturalizado que afecta al 10% de niños y ñinas de 5 a 15 años. Hasta 2017, en Argentina alcanzaba a más de 763.000 niños y niñas, según la última Encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes (EANNA).
En el total del país, ese 10% de niños y niñas realizaban al menos una actividad productiva, con mayor incidencia en las áreas rurales (19,8%), y en las regiones del NOA y el NEA (13,6% y 13,1%, respectivamente).
Los resultados de esta encuesta también muestran que las distintas formas del trabajo infantil y adolescente están más extendidas en las zonas rurales, donde más de la mitad de los niños y niñas que trabajan se dedican al cultivo o cosecha de productos para vender (14,2%), el cuidado u ordeñe de animales (14,4%), la ayuda en la construcción o reparación de otras viviendas (11,9%) y la ayuda en negocios u oficinas (11,9%).
Todavía no hay disponibles datos actualizados a 2021 tanto de la explotación laboral infantil como del trabajo rural no registrado. Pero no es difícil suponer que la situación se recrudeció con la pandemia.
