Cuando tenía 22 años quedó embarazada y conoció a F.C. Empezaron una relación de pareja: él le ofreció contención, pero la llevó engañada a Rosario y la vendió por 15 mil pesos. La obligaron a prostituirse y luego la vendieron a un prostíbulo de Córdoba. Logró escapar, se recuperó y presentó la denuncia. La justicia no lograba encontrar al proxeneta: tenía un puesto de verduras frente a los tribunales.

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Claudio de Moya – El Ciudadano .-

Tenía 22 años, vivía sola en la capital provincial y había quedado embarazada cuando hace cinco años conoció a F.C. El hombre le ofreció contención. Cuando nació el bebé, le propuso viajar a Rosario y entonces todo cambió: la “vendió” por 15 mil pesos a un prostíbulo, donde pasó meses drogada y obligada a prostituirse, lo que se repitió después en su natal Santa Fe y luego en Córdoba. Pudo escapar cuando la trasladaban en colectivo a Corrientes, pero necesitó dos años de tratamiento psiquiátrico para estar en condiciones de contar lo que sufrió y denunciar a su inicial victimario.

Siguieron una poco feliz actuación fiscal y un pedido de detención sin resultado. El Centro de Atención Judicial (CAJ), que ya la acompañaba, corrigió los deslices en diciembre pasado: ubicó al proxeneta, que tenía un puesto de venta de verduras a la vista de la Justicia que lo buscaba sin éxito: en la vereda de uno de los dos Tribunales federales de la ciudad de Santa Fe.

Detenido, su defensa apeló el procesamiento y prisión preventiva con el argumento de que no es coherente el relato de la mujer: tardó dos años en acusar a su presunto victimario. Ayer, la Cámara Federal rechazó esa presentación.

Un caso de género

Los magistrados José Toledo, Edgardo Bello y Elida Vidal tomaron la decisión tras escuchar a los abogados de la mujer, Federico Lombardi y Rodolfo Agustín Roubineau. Ambos, integrantes del CAJ, reclamaron que se analice el caso en clave de género, porque forzarla a la prostitución es el peor sometimiento del que puede ser víctima una mujer. Plantearon “lo complejo que es probar este tipo de delitos” y el trauma que provoca en quienes los padecen. Una respuesta a la defensa que aceptó la Cámara.

El director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Fernando Sirk Marezca, acompañó los planteos de los abogados del CAJ. “La obligación del Estado no es sólo sancionar y erradicar la violencia de género, sino también prevenirla”.

Dos veces víctima

La mujer tenía 22 años a finales de 2012. Había quedado embarazada de su primer hijo y sola. Su padre estaba detenido desde poco antes por una causa de narcotráfico. Conoció a F.C., en ese momento de 36 años, en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe, donde trabajaba como limpiavidrios. Todo resultó bien al principio. El hombre la contuvo e iniciaron una relación de pareja. Cuando nació el bebé, de acuerdo a lo que relató la víctima años después, la llevó a Rosario drogada. No pudo precisar el lugar exacto. Dijo que la “vendió” por 15 mil pesos a quienes regenteaban un prostíbulo.

Meses después logró escapar por una ventana, llegó hasta la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, sacó un pasaje y retornó a Santa Fe. Creyó que terminaba el calvario, pero no fue así. Sus “dueños” rosarinos la encontraron enseguida. Le dijeron que debía devolverles el dinero que habían pagado por ella y, otra vez, la obligaron a prostituirse. Ahora, en la zona de la estación de colectivos santafesina y en la Plaza España. Saldada la “deuda”, no la liberaron: la vendieron a proxenetas de Córdoba. De sus nuevos victimarios pudo escapar cuando la trasladaban a Corrientes en colectivo. Fue con otra joven en su misma condición que consiguió perder de vista a los captores.

En ese momento, hace tres años, comenzó a asistirla personal del CAJ. “Nos movimos, conseguimos testimonios, profesionales para el tratamiento” de la mujer, contó Sirk Marezca. A los dos años, recién estuvo en condiciones de realizar la denuncia. El funcionario provincial repasó algunos deslices judiciales. Un fiscal que no llamó a declaración al victimario, una imputación retrasada, una orden de detención tardía y un proxeneta impune.

El CAJ, dijo el funcionario a cargo de los cinco que tiene la provincia, inició por su cuenta una tarea de inteligencia y consiguió dar con el acusado. No estaba lejos: vendía fruta y verduras en un puesto sobre las narices de la misma Justicia, en la vereda de uno de los dos Tribunales federales de Santa Fe. Así quedó detenido.

Nada terminó allí. Pasaron dos años entre que la mujer escapó de las redes de trata y la denuncia. Ese fue el argumento de la defensa de F.C. para desacreditar su relato. Un argumento atendible en algunos casos para apelar un procesamiento. Los abogados del CAJ, de nuevo, contestaron: es violencia de género, la lógica no se puede aplicar por la situación de trauma en la que queda la víctima.

“El Tribunal de Cámara acogió los argumentos de los representantes del CAJ y recomendó a los tribunales de primera instancia y al Ministerio Público de la Acusación la profundización de la investigación y reforzar la protección de la víctima”, explicó Sirk Marezca. “Entendemos que estamos ante redes de trata interprovinciales, pero es difícil llegar. Son estructuras criminales importantes, pero somos tozudos”, resumió.

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