Era una noche de noviembre y en la ciudad de Esquina, en el sudoeste de la provincia de Corrientes, hacía mucho calor. En su casa, Ana y la mamá cocinaban comida para vender. Ana estaba embarazada. Se sintió mal y se acostó un rato. Después se levantó para tomar un poco de aire. Salió al patio y se sentó en un tronco. Tuvo una sensación extraña y se desvaneció. Y no se acuerda de nada más.
Según contó su mamá, Ana se arrastró como pudo hasta la pared que da a su habitación. La madre la vio y la llevó al hospital local. Estuvo varios días internada. Había perdido mucha sangre. Sin saberlo, Ana tuvo una emergencia obstétrica: un aborto espontáneo.
A partir de ese momento, todo se manejó de manera irregular: la fiscalía ordenó dos allanamientos en la casa de Ana, donde se tomaron pruebas. Pero ninguno de estos procedimientos se hicieron con la presencia de un defensor oficial que pudiera constatarlos. Como en el patio de la casa encontraron al feto muerto, el fiscal titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic), Javier Mosquera, consideró que Ana había matado a su hijo y la imputó por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía”.
El juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, le dictó una prisión preventiva por 120 días. Ana estuvo todo ese tiempo detenida en una comisaría a la espera del juicio, que empezó esta semana. Finalmente, la Justicia la absolvió.
En los resultados de la pericia de parte no se pudo determinar si el feto nació muerto o vivo. Un detalle fundamental para la causa que la fiscalía no tomó en cuenta.
“Nos pusimos en contacto con la familia de Ana poco días después del hecho” cuenta a Cosecha Roja Rosana Fanjul de la Comisión Libres las Queremos, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Por ese entonces, la familia ya tenía un abogado: el doctor Neironi. “Lamentablemente él obstaculizó la investigación: ya tenía conversado con la fiscalía un posible juicio abreviado y restringió información a la familia. Por eso se lo intimó a renunciar a la causa”, detalla Fanjul.
La nueva abogada de Ana, Natalia Ávalos, pidió el cese de la prisión preventiva: no se la concedieron. Pidió la prisión domiciliaria: tampoco. Argumentan que podría fugarse. ¿Cómo? Ana no tiene los recursos económicos para planificar una fuga. Sólo tiene dos hijos, uno de 6 y otro 11, que ahora quedaron a cargo de su madre.
Ana, de 30 años, no sólo sufrió una interrupción involuntaria de su embarazo, sino que en la comisaría de la Mujer, donde está presa, vulneraron sus derechos: no le permitían salir al patio (cuando al resto de las detenidas sí) y no le permitieron comunicarse telefónicamente con sus hijos. Tuvo que intervenir el Comité contra la Tortura para asentar este maltrato.
“En vez de asistirla después de que tuvo una emergencia obstétrica, el Estado la detuvo”, dice Fanjul. Ana se deprimió y estuvo mucho tiempo casi sin decir una palabra.
El caso de Ana recuerda al de Belén, la joven tucumana que, después de un aborto espontáneo, fue acusada de haber matado a su hijo, condenada en 2016 y liberada y absuelta en 2017. Pasó 881 días presa.
En Corrientes hay otros cinco casos de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas. Todas están acusadas de homicidio agravado por el vínculo. Una de ellas fue condenada a perpetua, su defensa apeló y aún no se expidió el tribunal. Otra tiene abierta una causa que está en etapa de instrucción. Otras dos están con prisión domiciliaria. “Después del Fallo FAL, en 2012, se abrieron 68 causas de aborto en la provincia”, contó Fanjul.
Una investigación realizada por la Campaña, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad de San Martín (UNSAM) relevó 1532 personas criminalizadas y/o denunciadas por abortar en Argentina y 37 por eventos obstétricos. El informe destaca que “la mayoría de las mujeres criminalizadas pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Son menores de 30 años y muchas tienen une o más hijes”. La sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en diciembre de 2020, no modificó esta realidad. En la mayoría de los casos es porque las mujeres son procesadas por homicidio y no por aborto.
Este viernes la Justicia absolvió a Ana: es inocente. La pregunta que queda en el aire es quién le devuelva los 8 meses que estuvo presa e incomunicada. Quién la repara por la criminalización y vulneración de sus derechos. Una deuda del Estado.
