Fotos: Facundo Nívolo
El fuego en la comisaría duró más de una hora. Los siete presos de la celda uno murieron asfixiados por el humo mientras los bomberos intentaban apagar el incendio desde afuera porque los policías decían que no tenían las llaves del calabozo. A un año de la masacre de Pergamino solo uno de los seis policías imputados está tras las rejas. A cuatro agentes que estaban de guardia ese día les otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria. El principal responsable, el comisario Sebastián Alberto Donza, está prófugo desde abril de 2017.
El comisario Donza tiene pedido de captura internacional y un legajo en Interpol desde abril, cuando el juez de garantías César Alejandro Solazzi hizo lugar al pedido del fiscal Nelson Mastorchio y ordenó la detención del comisario y los cinco policías que estaban de guardia el 2 de marzo, cuando se produjo el incendio: el Sargento Brian Carrizo, el teniente Primero Sergio Rodas, la ayudante de Guardia Carolina Denise Guevara, Matías Ezequiel Giulietti y el Oficial Sub Ayudante Alexis Miguel Eva, el único que hoy está tras las rejas.
Los sobrevivientes de otras celdas contaron que aquella tarde, previo al incendio, dos presos se pelearon en la matera, un pequeño patio que hay en el calabozo, los guardias intervinieron y los encerraron a todos. Faltaban unas pocas horas para el horario de visita y los detenidos reclamaron que abrieran las celdas y les permitieran recibir la comida que cada día le llevaban sus familiares. Algunos encendieron pedazos de goma espuma de las colchonetas y los lanzaron a través de las rejas.
A pesar del fuego los guardias no abrieron las rejas. “Cuando las celdas están cerradas hay una puerta que tiene que estar abierta, que es por donde circula el imaginaria (a cargo de la guardia). Esa puerta estaba con candado”, contó a Cosecha Roja Cristina Gramajo, la madre de Sergio Filiberto.
Los bomberos recibieron el llamado de los vecinos que vieron la columna de humo salir del fondo de la comisaría. La policía recién dio aviso 40 minutos después de iniciado el fuego. Cuando los bomberos llegaron, la comisaría estaba rodeada de familiares que habían recibido mensajes de los presos. “Ana venite ya pa la comisaría que me van a matar se armó quilombo”, había escrito el colombiano Jhon Mario Chilito Claros a su esposa. “Movele está prendida la comisaría ya venite”, insistió unos minutos después. Alan Córdoba alcanzó a pedir ayuda a su madre: “Mamá vení rápido que nos mata la policía”.
Los bomberos lanzaban chorros de agua desde afuera del calabozo, en un ángulo imposible, porque los guardias decían que no encontraban las llaves. Cuando amenazaron con cortar los barrotes para entrar aparecieron las llaves y pudieron apagar el fuego. En el baño de la celda los bomberos encontraron los cuerpos apilados de Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Chilito Claros, Juan Carlos “Noni” Cabrera y Fernando Nahuel Latorre. Las pericias demostraron que los policías nunca intentaron salvar a los detenidos.
En julio de 2017 la Cámara Penal de Apelaciones confirmó la decisión del juez de garantías de otorgar la prisión domiciliaria a cuatro de los cinco policías presos. Desde la Comisión Provincial por la Memoria denunciaron la “selectividad” de la Justicia y los “privilegios” que reciben los integrantes de la fuerza de seguridad y exigieron que se revea la aplicación del beneficio porque pone “en serio riesgo el avance de la causa judicial”.
Los abogados de la CPM apelaron la resolución. La decisión final quedó en manos de la Cámara de Casación Penal. “Nosotros insistimos en que no son ciudadanos comunes, ellos tienen toda una corporación policial de su lado que los puede ayudar”, reclamó Cristina Gramajo. “Una pulsera electrónica no da garantías de que no se profuguen”.
Según denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CPM, el Centro de Estudios Sociales y Legales y la Defensoría Pública de Casación en la provincia de Buenos Aires hay 3010 detenidos en comisaría, de los cuales sólo 1039 tienen camastro. Alrededor del 70 por ciento de las comisarías donde hay detenidos fueron inhabilitadas por orden del Poder Judicial o el Ministerio de Justicia.
