Don Cheta González murió con el barbijo puesto. El 15 de septiembre de 2020, cuando el ex policía Carlos Fortunado Flores lo mató para quedarse con sus cuatro hectáreas de tierra en El Cevilar, al este de la provincia de Tucumán, dijeron que Don Cheta estaba armado.
“Ni un látigo tenía encima. Sólo el barbijo, que casi no se lo sacaba ni para dormir”, dijo a Cosecha Roja su esposa Lidia. “Uno se cuida de una cosa sin saber que el peligro está en otro lado”, se lamentó un año atrás.
Esa mañana, Don Cheta se levantó y le preguntó a Lidia si pensaba ir hasta el terreno para llevar las vacas a pastar. Lidia le dijo que no: había estado descompuesta toda la noche y casi no se podía levantar. A eso de las 9, Don Cheta se puso el barbijo, subió al caballo y fue para el terreno de El Cevilar.
Cuando estaba llegando, vio a Flores y a otros dos hombres alambrando el terreno.
-Usted no puede entrar acá, no son más sus tierras -le gritó Flores.
Don Cheta no alcanzó a contestar. Flores sacó un arma y le disparó. La bala le dio en el hombro y cayó del caballo. Flores se acercó y lo remató de dos tiros en el pecho. Don Cheta murió casi en el momento.
El crimen de Juan Carlos “Cheta” González fue incluido en el último informe anual de Global Witness, que releva los crímenes cometidos contra defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo. Fue el único argentino que figura en el informe.
A nivel mundial, se registraron al menos 227 ataques letales a activistas ambientales. Tres cuartas partes de esos crímenes fueron en América Latina: 165 personas asesinadas por defender su tierra y el planeta.
Por segundo año consecutivo, Colombia encabeza la lista de los 22 países que registraron estos crímenes: 65 víctimas. Le sigue México, con 30 asesinatos y con un aumento del 67 por ciento respecto a 2019.
Un dato habla de la impunidad en la que suceden estos crímenes: el 95 por ciento de los asesinatos no enfrenta ningún tipo de proceso judicial.
“Estos ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras, que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización”, informaron desde Global Witness y aclararon: “Nuestras cifras son, casi con certeza, una subestimación, ya que muchos de los ataques contra personas defensoras no son denunciados”.
Don Cheta tenía 60 años. Había nacido y se había criado en esas mismas tierras que no llegó a defender, en la comuna de El Bracho, departamento de Cruz Alta. Con Lidia criaron tres hijos, dos varones y una mujer. El matrimonio vivía del cultivo de la tierra, la jubilación de Lidia y la pensión de Don Cheta que, en los meses de pandemia, no había podido ir a cobrar.
Era integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Tucumán, la organización que visibilizó su asesinato.
Flores, el asesino, tiene 75 años. “Es un ex policía que venía hace muchos años con esta forma de apretar a los campesinos, campesinas y las familias que trabajan la tierra. Les alquila las tierras a terceros para que planten soja, como si fueran de él”, contó Lucas Tedesco, de la UTT.
Dos meses y 18 días después del crimen, fue condenado a once años de prisión en un juicio abreviado. El delito fue homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Por su edad, Flores obtuvo la prisión domiciliaria en la casa de una sobrina, a unos 40 kilómetros de donde mató a Don Cheta. La familia del defensor de la tierra dice que no está cumpliendo esa condena.
“En Tucumán pasan estas cosas periódicamente”, dice a Cosecha Roja Daniel Robles, delegado de la UTT Tucumán. Desde amenazas y amedrentamientos hasta intentos de asesinatos son moneda corriente. Las víctimas son campesines e integrantes de pueblos originarios a quienes familias de terratenientes quieren desalojar para quedarse con sus tierras. “La Justicia y la Policía actúan en complicidad”, denuncian desde la UTT.
En 2016 la UTT presentó por primera vez un proyecto de ley para garantizar el acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan pero deben arrendarla para producir. Según datos de esta organización, en Argentina más del 90 por ciento de las familias productoras alquilan la tierra que cultivan.
El año pasado, el proyecto se presentó por tercera vez en el Congreso. Propone la creación de un fondo fiduciario público de crédito para la agricultura familiar como política de desarrollo económico y social. Y busca facilitar el acceso a créditos para comprar inmuebles rurales y construir viviendas para la agricultura familiar.
En febrero de este año el presidente Alberto Fernández recibió a integrantes de la UTT, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra) y de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe). Se comprometió a impulsar el tratamiento del proyecto en el Congreso.
A un año del crimen de Don Cheta, siguen esperando que se trate en comisiones.
