Por Ana Laura Píccolo en El Ciudadano
Hace tres años, un grupo de obreros encontró restos humanos enterrados en el contrapiso de un garage. El caso fechado en marzo de 2019 en la ciudad de Santa Fe se caratuló “hallazgo de restos óseos NN”. Quién era esa persona, cómo murió, cuándo y por qué fueron algunas de las preguntas que al no encontrar respuestas derivaron en el archivo de la causa, que continuó sepultada otros dos años. En octubre pasado con su reapertura se comprobó que la víctima era una adolescente desaparecida en 2013. Fue su mamá la primera en sospechar que podía ser su hija de 16 años. Dijo que ejercía la prostitución en la misma zona del hallazgo y que era regenteada por su pareja y padre de su pequeño hijo. Ese hombre y el dueño de la propiedad donde se ocultó el cadáver fueron detenidos a mediados de este mes y continuarán presos, según dispuso el juez Jorge Patrizi días atrás.
Durante una audiencia celebrada el 17 de marzo pasado, el magistrado escuchó el planteo de la Fiscalía para pedir la detención de los dos sospechosos; y el pedido de sus defensores que basados en su inocencia solicitaron que continúen el proceso en libertad.
Patrizi aclaró que si bien no se había podido determinar el motivo del deceso de la adolescente, cuya muerte no está caratulada como femicidio, tampoco se podía dudar que Caterina Eugenia Giménez, así se llamaba, tuvo una muerte violenta por la forma en que se ocultó su cadáver. Los dos quedaron presos.
Un día antes de dictar la prisión preventiva, el mismo juez escuchó la acusación contra ambos y aceptó la imputación de los fiscales Alejandra del Río Ayala y Matías Broggi. De ese relato acusatorio surgen algunas respuestas, no todas, sobre la castigada vida de Caterina antes de terminar sepultada en el piso de un garage y desenterrada por casualidad, seis años después, por la constructora de una vivienda lindera.
Ni dueña de su cuerpo
Caterina desapareció la madrugada del 17 de agosto de 2013. Tenía 16 años y un bebé de 8 meses con su pareja Cristian Alejandro K., quien entonces tenía 22. Ese joven tiene hoy 31 años y es uno de los detenidos en la causa. Está acusado de haber sido proxeneta de Caterina entre 2012 y 2013 aprovechándose de la relación de pareja que tenían y la historia previa de prostitución infantil y adicciones que pesaba sobre la adolescente.
Según la fiscal del caso, el muchacho la reintrodujo en el mercado sexual callejero y la obligó a prostituirse utilizando todo tipo de violencias sobre la menor: golpes, amenazas de muerte y aislamiento de sus familiares y amigos. Por eso le imputó los delitos de promoción y explotación de la prostitución agravada por violencia, amenazas, abuso de una situación de vulnerabilidad, conviviente y por la edad.
El otro sospechoso, Luciano Fernando R., de 46 años, fue imputado por encubrimiento agravado. La fiscal dijo que era el dueño de la vivienda ubicada en Aristóbulo del Valle al 7700 donde hallaron los restos de Caterina y lo acusó de haber cavado el pozo donde la enterraron a sabiendas de que había sido asesinada.
Ninguno de los dos asumió las acusaciones, ambos se declararon inocentes y brindaron otra versión de los hechos.
Cristian habló sobre la noche que desapareció Caterina. Dijo que cerca de las 4 de la madrugada la joven le dijo que salía a comprar cigarrillos, que él se lo replicó porque era muy tarde pero que ella insistió en que tenía que comprar toallitas femeninas. Cristian dijo que su pareja no salió y se quedó dormido hasta que lo despertó el ruido de la puerta y notó que Caterina se había ido.
Según su versión, salió a buscarla pero no la encontró y cuando se hizo de día fue a la comisaría a radicar un pedido de paradero pero le dijeron que para hacer la denuncia tenía que esperar 24 horas. Luego, el acusado dijo que fue a la casa de su suegra y que la mujer lo tranquilizó diciéndole que su hija ya iba a volver.
En ese punto hay una contradicción con el relato de los hechos que da la Fiscalía que sostiene que Cristian le dijo a su suegra “Caterina está muerta” y luego se corrigió al decir “se me fue”.
Por su parte, Luciano R. declaró que no conocía ni a Cristian ni a Caterina, que tampoco sabía dónde vivían ni que frecuentaran su casa. El hombre asumió que cavó un pozo en el lugar para solucionar inconvenientes con los pozos sépticos pero se desligó por completo de los hechos.
Los dichos de los acusados fueron retrucados por la Fiscalía que buscó otro tipo de testimonios. Algunos de ellos dieron cuenta que Cristian era agresivo con Caterina, la golpeaba, la obligaba a prostituirse, la vigilaba y además administraba el dinero que la adolescente ganaba. Además, una de sus hermanas declaró que el día previo a la desaparición fue a buscar a Caterina a su casa y la encontraron golpeada y llorando.
Otro punto que resaltó la Fiscalía fue un testimonio sobre Cristian que dice que era amigo de un hijastro de Luciano R., el dueño de la vivienda donde apareció el cadáver, y que solían juntarse en ese lugar con otros amigos a consumir estupefacientes.
Otra testigo, precisamente una de las hermanas de Cristian que participó de la búsqueda de la adolescente cuando desapareció, contó que un hombre que atendía un local lindero a la vivienda donde apareció el cadáver le dijo que la había visto entrar allí la noche que desapareció. Sin embargo, ese hombre nunca fue identificado ni declaró en la causa.
Reaparecida
El 1° de marzo de 2019, un grupo de obreros que realizaba excavaciones y tareas previas a la construcción en una vivienda en barrio Guadalupe Oeste se topó con restos óseos mientras cavaban. El descubrimiento tuvo lugar en un pasillo lindante a una casa ubicada en Aristóbulo del Valle al 7700 en la que trabajaban cuando levantaron un contrapiso de hormigón.
Una vez que se comprobó que los huesos eran humanos, se dio intervención a la fiscal Cristina Ferraro de la Unidad de Homicidios Dolosos. Sin embargo la causa no prosperó y terminó archivada sin que se esclarezca quién era esa persona (se sospechaba que era mujer), cómo murió, ni cuánto tiempo había pasado.
La reapertura de la causa tuvo lugar en octubre pasado, pocos meses después del lanzamiento de la Brigada de Femicidios (en abril de 2021) creada para abocarse a esclarecer toda muerte violenta de mujeres. El organismo depende del área de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que investiga trata de personas y violencia de género.
Los pesquisas retomaron la investigación de la mano de la fiscal Del Río Ayala, quien completó medidas que no habían sido realizadas. Entre ellas cotejó las muestras de ADN resguardadas de la víctima con su mamá y su hijo. Las pericias realizadas por el Laboratorio Forense de Santa Fe dieron resultado positivo el mes pasado, y desde entonces, la investigación se centró en desentrañar qué le pasó a Caterina Eugenia Giménez, con las dificultades propias del tiempo trascurrido desde su desaparición hace casi nueve años. Un femicidio que aún no puede llamarse por su nombre.
