Por Juan José Dalton. Contrapunto.-

Hoy la realidad es distinta y ya “existe”, al menos un día sin homicidios, como ocurrió el pasado sábado. Desde el 9 de marzo los homicidios en El Salvador comenzar a descender de manera significativa; el promedio de asesinatos había estado entre 12 y 14 diarios y hacían de esta nación una de las más peligrosas del mundo.

Quizás la buena noticia no se destaque como los días de las masacres y los más de 20 asesinados diarios, pero es la “buena noticia”.

El 12 de marzo el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, dio una conferencia de prensa en la que anunciaba un descenso en los homicidios, supuestamente tras implementar un plan de seguridad para vigilar los comicios del 11 de marzo para elegir alcaldes y diputados.

Con entusiasmo el alto funcionario daba a conocer que el sábado antes de las elecciones (el 10 de marzo) se habían cometido únicamente dos homicidios, pero que el promedio entre el 9 y el 12 de marzo había sido de 5 homicidios diarios. La baja era considerable.

La sorpresa fue descubrir que detrás de aquella baja de homicidios había habido un proceso de “diálogo y negociación” emprendido entre la Iglesia Católica y los líderes de las pandillas que estaban presos en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Zacatecoluca (centro del país) y conocida como “Zacatráz”, en alusión a la famosa cárcel norteamericana de “Alcatráz”.

El cuestionamiento hacia el gobierno fue considerable desde distintos sectores; el presidente Mauricio Funes estuvo en silencio por más de dos semanas y sus subalternos negaron que el gobierno haya negociado con las pandillas, hasta que se reconoció que el gobierno lo que hizo fue brindar “logística” a la Iglesia para que negociara con los jefes de las pandillas.

La negociación se concretó y como resultado de ellos, los jefes de la Mara Salvatrucha y de la Pandilla 18 ordenaron a sus subalternos en las calles que pararan los homicidios, entre ellos mismos y contra sus víctimas civiles. A cambio el gobierno “puso la logística” para que 30 líderes pandilleros fueran trasladados a penales con controles menos rigurosos que en “Zacatráz”.

Gracias a todo ello, el presidente Funes, pudo dar un nuevo rostro de El Salvador en la Cumbre Iberoamericana recién concluida y aseverar que su gobierno estaba combatiendo frontalmente al crimen organizado.

Ejemplo de ello, compartió con sus homólogos en Cartagena, Colombia, que el sábado 14 de abril, “fue un día en el que no se registraron homicidios en El Salvador; una situación inédita en los últimos años”.

Era un día soñado, no sólo para el mandatario, sino para muchos empresarios nacionales y extranjeros que han estado esperando que la situación de insegurdad aplaque para poder invertir en la maltrecha economía local.

“Hemos incorporado a la Fuerza Armada a las labores de combate a la delincuencia, en apoyo a la labor de la Policía Nacional Civil, siempre dentro de los marcos que establecen la Constitución y las leyes vigentes”, dijo Funes en la Cumbre Iberoamericana.

Destacó, entre otras acciones, la puesta en funcionamiento de “una unidad antipandillas, especializada en el combate a estas estructuras” y enfatizó que en el contexto del entendimiento entre las principales pandillas que operan en el país, “hemos logrado reducir en las tres últimas semanas a más de la mitad la cantidad de homicidios que estos grupos criminales venían cometiendo”.

En las últimas horas los representantes de la Iglesia Católica y los líderes pandilleros están “dialogando” sobre otra nueva suspensión: la de las extorsiones, que afectan principalmente a pequeños y medianos empresarios.

Recién el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo advirtió que sin suprimir la inseguridad, especialmente los homicidios y las extorsiones, no habría repunte de la economía nacional.

Pero, el viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno, advirtió que “las extorsiones no se reducirán a corto plazo.

Las millonarias extorsiones son las que mantienen no solamente a los pandilleros, sino a todas sus redes: familiares, presos, abogados que los defienden, así como para proveerse de armas, vehículos y sistemas de comunicación.

En El Salvador, sólo la Mara Salvatrucha tiene al menos 100.000 miembros, según sus propios líderes. La Pandilla 18 tiene otros tanto y otras pandillas también tienen sus buenos números.

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