Un millón de pesos, la recompensa por datos sobre Luciano Arruga

Cosecha Roja.-

Un millón de pesos ofrecerá el gobierno bonaerense a quien aporte “información fehaciente” sobre Luciano Arruga, desaparecido el 31 de enero 2009. La resolución del Ministerio de Seguridad ofrece confidencialidad y reserva de la identidad para quien aporte datos del paradero del joven visto por última vez en el destacamento policial de Lomas del Mirador.

En el texto firmado por el titular de Seguridad Alejandro Granados, el gobierno “ofrece pública recompensa entre la suma de pesos 300.000 y pesos 1.000.000 a las personas que aporten información fehaciente que permita dar con el paradero o esclarecer la desaparición de Luciano Nahuel Arruga”.

Quienes tengan información deberán presentarse exclusivamente ante el Juzgado a cargo de Juan Pablo Salas, ubicado en Crisólogo Larralde 673 de Morón, o comunicarse al (011) 5627-1903.

El aumento de la recompensa llega tres semanas después de la primera audiencia conjunta entre Nación y Provincia para coordinar y definir el trabajo de búsqueda de Luciano. El 23 de septiembre se leyó el habeas corpus que pidieron en abril los familiares del joven ante el juzgado Federal Nº1 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas, quien hizo lugar al recurso. Participaron Cecilia González -Ministra de Seguridad de la Nación-, Martín Fresneda -Secretario de DDHH-, Abel Córdoba -Titular de la Procuraduría de Violencia Institucional-, Hugo Pimentel -APDH La Matanza-, el CELS y los familiares. “Reclamamos el derecho a saber la verdad, después de cinco años y ocho meses de impunidad”, dijo a Cosecha Roja Vanesa Orieta, hermana de Luciano.

La causa paralela a la que investiga a los ocho policías está focalizada en encontrar a Arruga, evitar la burocracia, agilizar los tiempos y, principalmente, evitar que la bonaerense se investigue a sí misma. “Poner a los funcionarios a escuchar a la familia permite que reflexionemos acerca de lo que significa la problemática y la importancia de que brinden herramientas a la justicia para buscar a Luciano”, dijo Orieta. El Ministerio de Seguridad de la Nación será el encargado de recabar, organizar, centralizar y coordinar la información que llegue desde las fuerzas de seguridad federales y provinciales a través del área de búsqueda de paraderos, dependiente de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio.

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Luciano tenía 16 años y trabajaba de changas cuando lo desaparecieron. Ya lo habían detenido en agosto 2008, con la excusa de “averiguación de antecedentes” mientras cartoneaba cerca de la casa. En el destacamento policial lo golpearon, igual que al mes siguiente cuando lo detuvieron y acusaron de robar un mp3. Orieta contó que aquella vez escuchó a un policía preguntarle a otro “¿qué hacemos con este chico?”. También oyó a Luciano gritar desde la celda por los golpes. Cuando salió y quiso señalar al policía que le pegaba, le respondieron claro: “Negrito, callate porque te vamos a volver a meter”. El 31 de enero fue la última vez que lo detuvieron. Pero no hay registro: el libro de ingreso de detenidos fue adulterado. Ahí empezaron las desprolijidades de la investigación.

Durante los primeros 45 días sin saber nada de Luciano, a la familia nadie le daba bola. El primero en prestarles atención fue Pablo Pimentel, presidente APDH La Matanza. “Nos llamó la atención la ausencia del Ministro Granados en la audiencia: es fundamental que pueda dar explicaciones de todas las falencias que se han encontrado”, dijo Pimentel a Cosecha Roja.

La causa estuvo caratulada como “averiguación de paradero” durante cuatro años. En febrero de 2013 -a cuatro años de la desaparición- el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense suspendió a ocho policías -Sotelo, Díaz, Herrera, Borrego, Vázquez, Fekter, Márquez y Zéliz-. La causa pasó a la Justicia Federal con la carátula “desaparición forzada de persona”.