Juzgan a seis policías por un raid de delitos de lesa humanidad

Por primera vez se juzga el accionar de una patota de la Policía Federal en La Plata. Es por un raid de delitos de lesa humanidad contra seis víctimas, cuatro de ellas asesinadas en 1977. La investigación empezó a partir del hallazgo en 2012 de una nota de felicitación y pedido de ascenso de un jefe para su personal subordinado.

Los seis hombres que ayer se sentaron por primera vez en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata eran policías federales. Entre el 11 y el 13 de octubre de 1977 formaron parte de una patota que desplegó un raid de delitos contra seis militantes de Montoneros. Lo que la justicia ya considera crímenes de lesa humanidad, para los policías fueron “tareas encomiables”, tal como documentaron en la nota donde uno de los jefes pidió “ascensos y felicitación”. Al documento lo encontró en 2012 el Grupo Especial de Relevamiento Documental del Ministerio de Seguridad de la Nación, y fue el pasaporte al juicio. La investigación la impulsó la Unidad Fiscal de La Plata que persigue los crímenes del terrorismo de Estado. “Es la primera vez que se juzga a una patota de la Policía Federal en La Plata”, dijo Collen Torre, de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo.

No quisieron escuchar las acusaciones

Los ex cabos Jorge Blanco (69), José Carlos Sánchez (66) y Roberto Gigli (69), el ex sargento Horacio Ortiz (71), el ex inspector Rafael Romero (66), y Martín Eduardo Zúñiga (84), ex jefe de la Delegación La Plata de la PFA, pasaron el mediodía de ayer cabizbajos, uno junto al otro en un rincón de la sala de audiencias de los tribunales platenses. No tendrán que volver a ese edificio de aires señoriales, salvo que se los requiera para algo particular: fueron eximidos de asistir el debate.

Este es el primer juicio por crímenes de lesa humanidad para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata, integrado por Jorge Michelli, Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris (desde 2004, estos juicios estuvieron a cargo del TOCF N°1). Después de que se leyera el requerimiento de elevación, llamaron a los acusados a sentarse en el frente. Uno por uno, de cara a los jueces y a la cruz de madera que cuelga de la pared con su Cristo tallado en alpaca, se abstuvieron de declarar. Cuando el presidente del tribunal les quiso leer las acusaciones y cargos, se excusaron:  

– No hace falta que lea las acusaciones doctor.

– Niego los hechos que se me imputan. No tengo nada que ver con esto.

– Obviemos esa parte – pidieron.  

Cómo un pedido de ascenso se convirtió en prueba

El grupo de tareas al que se acusa incluyó a tres policías más: Adalberto Maciel y Carlos Omar Gómez, fallecidos antes de iniciar el proceso, y uno prófugo, el comisario inspector retirado Emilio Alberto Rimoldi Fraga. Fue en su legajo donde surgió la pista para desenrollar el hilo: un expediente interno de la Policía Federal Argentina (identificado como DGI-LP-223R), hoy resguardado en una caja de seguridad. Se inició el 14 de octubre de 1977 con una nota suscripta por el comisario Zúñiga, donde pedía a la Dirección General Interior el encuadramiento en recompensas previstas para “el personal que lleve a cabo actos de arrojo o de habilidad profesional, cuyas consecuencias sean de gran importancia moral o material, y, en general el que ejecute acciones encomiables dignas de premio a juicio de la superioridad”.

Para fundar las solicitudes de distinción y ascenso, Zuñiga realizó un detallado relato de los procedimientos. Según consta en la elevación a juicio, “durante el mes de septiembre de 1977, el personal de la Delegación La Plata de la Policía Federal Argentina identificó a una persona apodada “Negro Carlos” como Juan Carlos Rodríguez, estudiante de ciencias económicas de la Universidad Nacional de La Plata, militante de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (luego JUP) e integrante de la Secretaría Militar de la Columna 27 de Montoneros”. Con datos obtenidos por inteligencia, apuntaron a desbaratar esa columna.   

“Delitos enmarcados en genocidio”

Ayer, frente a los acusados se sentaron las querellas: la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Abuelas de Plaza de Mayo, que interviene por una de las seis víctimas, Adela Esther Fonrouge, secuestrada el 11 de octubre de 1977. “Se juzgan delitos enmarcados en genocidio, en este caso contra seis víctimas, cuatro fueron asesinadas y dos sobrevivieron. La denuncia se inició por una prueba documental valiosa. Pero también habrá testigos”, dijo a Cosecha Roja Pedro Griffo, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La historia de Adela Fonrouge es apenas un tramo del raid. El 11 de octubre estaba con su beba de seis meses en su casa, con un embarazo de cuatro y preocupada porque su marido no llegaba. Juan José Libralato -23 años, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata- había salido de su casa de la calle 80, entre 31 y 32, y no había vuelto. Lo había secuestrado la misma patota de la Policía Federal horas antes.

A partir del testimonio de los vecinos, los padres de Juan José -Pedro Libralato y Teresa Piovani, quienes presentaron hicieron un habeas corpus por su hijo y su nuera- pudieron reconstruir que un grupo armado irrumpió con violencia en la casa donde vivía la pareja, tomó por la fuerza a Adela y la sacó, muerta o inconsciente, en una camilla. “En ese momento quedó sin amparo en el lugar la hija del matrimonio, hasta que fue auxiliada por los vecinos, quienes posteriormente se contactaron con los abuelos de la niña (vivían en Mar del Plata), a partir de entonces la tuvieron bajo su guarda”, está escrito en el requerimiento de elevación a juicio firmado por los fiscales que intervienen: Marcelo Molina y Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira. “A la hija de Adela la intentaron apropiar, pero sus abuelos lograron recuperarla”, explicaron los querellantes por Abuelas, Collen Torre y Emanuel Lovelli.

Los padres de Libralato también contaron a los investigadores que la casa de la calle 80 donde vivían su hijo y su nuera había sido violentada y faltaban muchas pertenencias. Por otro lado, la pesquisa accedió a un acta de defunción labrada un mes después, donde uno de los policías que participó del operativo (Maciel, fallecido) “denuncia” en el Registro Provincial de las Personas “el fallecimiento de un N.N. de sexo femenino, ocurrido el 11 de octubre de 1977, en las calles 80 entre 30 y 31 de La Plata”. Los restos de esa N.N. -que ellos sabían quién era- fueron sepultados en el cementerio de La Plata, según Acta de Ingreso Nº 48791. Durante 27 años la familia la buscó: a instancias de la hija, el Equipo Argentino de Antropología Forense la identificó en 2004 (EAAF). Al analizar sus restos se supo el embarazo no llegó a término. Pasaron casi diez años más hasta que apareció un rastro de los victimarios y de cómo fue el operativo.

Hoy se sabe que después de la casa de Adela, el recorrido continuó con la siguiente cita de Rodríguez: Juan Cugura, de 31 años. Nacido en Esquel, se había mudado a Rawson y de ahí a La Plata, donde también desapareció su hermano. Estaba en pareja con Olga Noemí Casado, secuestrada semanas después, embarazada. La hija, Silvia Cugura Casado, fue identificada como la nieta 93 por Abuelas en 2008. Los restos de Cugura y de Casado fueron identificados 35 años después por el EAAF.

El grupo de policías buscó a quien creía a cargo de los “embutes” o escondites de Montoneros. Él no estaba pero sí su pareja, que fue privada ilegalmente de su libertad durante la dictadura y recién pudo ser ubicada para declarar poco antes del comienzo de este juicio. Es una de las víctimas y su identidad se resguarda.

El 13 de octubre, los policías volvieron a La Plata: tenían información de otra cita de la columna 27, en el Estadio Provincial de La Plata. “Jorge” o “La Chancha”, el segundo de Cugura. Según documentaron al contar el procedimiento, tras un tiroteo, el hombre cayó “herido y al acercarse el personal policial, se establece que se encuentra aún con vida, perdiendo abundante sangre de la cabeza con pérdida de masa encefálica. Inmediatamente se procede al traslado al Hospital Naval de ésta ciudad a fin de poder salvar su vida pero el D.S. deja de existir en el trayecto”. DS eran las siglas de Delincuente Subversivo. También labraron un acta de muerte como NN. Sus restos se identificaron años después como “Jorge” pero aún no se sabe quién era.

La sexta víctima del raid fue Mauricio Mansilla. El grupo de tareas llegó hasta su finca en Ringuelet a la hora de cenar. Antes de secuestrarlo, diez personas vestidas de civil lo encapucharon y golpearon, y se hicieron un tiempo para comer lo que él y su familia habían preparado. También robaron varias cosas, entre ellas dinero y un televisor. A Zúñiga le tocó dar respuesta al habeas corpus: “No se encuentra detenido”, escribió. Mansilla estuvo secuestrado en La Cacha y es uno de los sobrevivientes.

Foto: Rafaela Informa