Por Leonardo Gudiño.-
El tiempo pasa. Se cumplirán cuatro meses de la tarde en la que el Estado argentino expulsó arbitrariamente del país a Vanessa Gómez Cueva y a Michael, su hijo lactante de dos años. Desde aquel día pesa sobre ella la prohibición de reingreso a la Argentina y la separación forzada de sus otrxs dos hijxs. El tiempo pasa; ni la justicia ni la Dirección Nacional de Migraciones han brindado alguna respuesta ante los recursos, apelaciones y pedidos de reconsideración del fallo.
Ante la “urgencia, la gravedad y la irreparabilidad del daño” provocado, el abogado Juan Martín Villanueva, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una solicitud de medidas cautelares en favor de Vanessa Gómez Cueva y sus tres hijxs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
“Hemos recurrido a la CIDH para que otorgue medidas cautelares que obliguen al Estado argentino a buscar medidas urgentes y específicas, que puedan lograr la reunificación de la familia”, definió María Leoni, de CEJIL. El pedido de interpelación al Estado procura el cese de la prohibición de reingreso permanente de Vanessa, reclama que se garantice la reunificación de la familia en Argentina, que se revoque toda orden de expulsión en contra de ella y que se tomen medidas para garantizar su regularidad migratoria en el país.
Este llamamiento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos se inscribe también en la crueldad de las prácticas y el tratamiento inhumano que implican un padecimiento traumático para los hijxs de Vanessa. “El interés superior del niño no es tenido en cuenta en ningunas de las instancias: ni en la administrativa, ni en la judicial”, denunció Gabriela Liguori, de CAREF. “No se escucha la voz de los niños en ninguna de las instancias administrativas ni judiciales que existen”, concluye.
En 2014 Vanessa terminó de cumplir una sentencia por tenencia de estupefacientes para la comercialización. Al año siguiente la Dirección Nacional de Migraciones inició el proceso de expulsión. Vanessa solicitó una dispensa por razones de unidad familiar. En 2018, Horacio García, Director Nacional de Migraciones, rechazó la dispensa y dio curso a la expulsión. En ese lapso de tiempo, Vanessa había logrado resocializarse: se graduó como Técnica Superior en Enfermería, consiguió trabajo y rearmó su vida familiar alrededor de sus tres hijxs.
El 2 de febrero de 2019 efectivos de la Policía Federal la buscaron en su casa de La Plata y la trasladaran engañada a una dependencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: le dijeron que debía notificarse de unos trámites. Después de pasar 48 horas en el sótano del Aeropuerto Nacional de Ezeiza la obligaron a subirse a un avión con destino a Lima, Perú.
Se multiplican los casos
Las organizaciones denunciaron que el caso de Vanessa no es la única materialización del retroceso en las políticas migratorias. A Sierra Chávez, ciudadana peruana, la detuvieron cuando fue a renovar su precaria. A Jhonny Quiróz, ciudadano boliviano, lo retuvieron el día que participó de la movilización convocada por su gremio la UOCRA. Lis Moreta Santana, ciudadana dominicana, se encuentra frente a una expulsión inminente. Sobre todxs ellxs operan patrones comunes en sus procesos de expulsión: muchos años de arraigo, hijxs y vínculos en Argentina, y situaciones precisas de mujeres que cumplieron su condena por delitos vinculados al último eslabón del narcotráfico.
Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, explicó que a partir del DNU 70/2017 la mera “existencia de un procesamiento, de un requerimiento de elevación a juicio de un caso, ya es suficiente para prohibirle a la persona residir en Argentina, y expulsarla con un trámite express”. ¿Por qué express? Porque se acortaron los plazos que tienen lxs migrantes para discutir una expulsión. Cuentan solo con tres días para plantear una estrategia de defensa.
A su vez, el representante del CELS, comentó que para estos casos siempre hubo una tensión entre la existencia tanto de antecedentes penales como la existencia de una familia en Argentina. La Ley de Migraciones habilitaba procedimientos particulares a partir de los cuales tanto la autoridad migratoria como la autoridad judicial podían evaluar qué era más importante: la existencia de una vida familiar en Argentina o el antecedente penal. “Todos esos mecanismos o dispositivos que nosotros los tomábamos como válvulas de escape, que descomprimían esa tensión entre tener antecedentes penales y la cuestión de la unidad familiar como un derecho máximo que aparece en la propia Constitución, en los tratados internacionales, fueron eliminados en el decreto”. Es decir, el proceso que tienen que llevar adelante los jueces, de acuerdo al DNU, es un procedimiento mecánico basado en certificar la expulsión decretada por la autoridad migratoria, aun incluso cuando exista vínculo familiar.
El tiempo pasa. Vanessa vive hace cuatro meses en una habitación prestada en Lima. Lejos de su hija de 14 años y su hijo de 6; lejos de su madre y sus hermanos. Las organizaciones de derechos humanos y respeto de los derechos de migrantes exigen que el Estado argentino disponga las medidas administrativas y políticas para garantizar la igualdad de derechos para las personas migrantes, el derecho a la vida familiar, la unidad familiar y el interés superior del niño.
