Los recientes incendios en las islas entrerrianas frente a Villa Constitución, la persistencia de la sequía y bajante del río Paraná y el augurio de un próximo verano con poca agua suman amenazas sobre el humedal del Delta y otros en el país que, todavía y pese a las declamaciones, no tienen una ley que los proteja y les fije un marco regulatorio de actividades productivas y uso de suelos. Por eso, ante el peligro de que pierda estado parlamentario el proyecto que unifica 15 textos y fue presentado el año pasado en el Congreso, la Multisectorial Humedales de Rosario (MH) confirmó que este miércoles a las 7.30 arrancará la gran travesía a remo por el “Río Marrón” desde la Rambla Catalunya hasta jurisdicción porteña. Una vez en la ciudad de Buenos Aires, la movida continuará por tierra hasta las sedes de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Kayaks y piraguas recorrerán más de 300 kilómetros por el Paraná para hacer visible y revertir la deuda legislativa. Los organizadores tienen previsto, luego de varias paradas ya pautadas, llegar a Tigre el próximo martes 17 de agosto. Un día después, habrá una marcha desde la Plaza de Mayo hasta la sede del Poder Legislativo nacional.
El esfuerzo es grande. Tanto como la depredación del humedal del Delta del Paraná. Y no sólo por el fuego, que en la mayoría de los casos es fruto del desborde de prácticas productivas insustentables por su escala (quema para renovación de pastizales destinados a la ganadería). También, por la intervención con terraplenes para instalaciones pecuarias y agrícolas, que modifican el patrón de escurrimiento de las aguas y ponen en riesgo la fauna ictícola. Y por los desarrollos inmobiliarios que irrumpen en los paisajes frágiles de las islas. Una suma de factores con el común denominador de una exportación de actividades propias de la Pampa Húmeda a un ambiente que no las puede sostener.
Nada cambió, y la ley no sale
“El fuego volvió recargado por la codicia e ilegalidad que desde hace años lo alienta. En 2020 ardió más del 20 por ciento del Delta, casi 40 mil focos y 500 mil hectáreas quemadas. La caída en la biodiversidad está presente aún en áreas no afectadas por los incendios, lo que da cuenta de la modificación profunda que está sufriendo el territorio de modo íntegro”, pone en contexto un reciente documento de la MH.
El año pasado, los incendios en el Delta del Paraná afectaron alrededor de 400 mil hectáreas, superficie equivalente a más de veinte veces (22,5) lo que ocupa la ciudad de Rosario completa, incluyendo las zonas no urbanizadas. La región es definida como un humedal: con una dinámica dominada por las aguas superficiales y subterráneas, cambiante y frágil, reservorio de biodiversidad, prestadora de servicios ambientales, constructora de identidad geográfica y cultural de sus habitantes.
Que esos ambientes se vean recurrentemente asolados por intervenciones humanas no es casualidad ni sorprende. No hay normas específicas que regulen su uso, ni agencias estatales con presupuesto y capacidad de control o sanción. El ecocidio de 2020 reavivó a la fuerza el debate: se recuperaron iniciativas anteriores, se presentaron 15 nuevas y se llegó a un texto de consenso con los aportes de todas. Pero quedó ahí.
Largo derrotero, grandes presiones
El primer proyecto normativo en el país que hizo foco en esos territorios en riesgo descritos como humedales data de 2013. Lo presentó la entonces senadora nacional del Frente para la Victoria por Entre Ríos Elsa Ruíz Díaz. La Cámara alta lo aprobó, pero se estancó en Diputados y, tres años después, perdió estado parlamentario. Lo mismo pasó con otro, que llevaba la firma del santafesino Rubén Giustiniani. Tampoco siguió su curso la reinstalación de la iniciativa por parte del fallecido Fernando Pino Solanas, en 2015.
Entre ese año y 2018, hubo ocho nuevos intentos que naufragaron al compás de los lobbies ejercidos por quienes resisten las regulaciones ambientales y la exposición social sobre sus actividades productivas.
Lo que está en danza ahora es el proyecto de ley de “presupuestos mínimos de protección ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales”. Hubo trabajo puesto ahí: se tomaron las 15 iniciativas presentadas y se consiguió una redacción que las contuviera.
La iniciativa obtuvo el 20 de noviembre de 2020 el visto bueno de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados. Y ahí se terminó el impulso. Falta el tratamiento en las de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda y la de Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros para que, si hay dictamen favorable, pase a debate en el recinto. Lo que sigue, de conseguirse la media sanción, es el envío al Senado. La MH pide un tratamiento conjunto de comisiones en la Cámara baja para acelerar el trámite.
No queda tiempo
Los incendios más recientes, frente a Villa Constitución. Foto: @ProfetaReynaldo.
Numerosas organizaciones y colectivos ambientales, instituciones académicas e investigadores destacan la urgencia de dar esos pasos. En el Delta, por ejemplo, las quemas –según declaraciones oficiales, el 95 por ciento es producto de acciones humanas– continuaron este 2021. No importaron las acciones judiciales en trámite contra los presuntos responsables, ni la instalación de “faros” de conservación, ni la promesa de controles más intensos.
No sólo son los ganaderos o empresarios inmobiliarios, que ponen sus fichas de negocios en las islas del Paraná sin consideraciones ambientales, los que obturan una ley. Los humedales reconocidos internacionalmente en el país incluyen, por ejemplo, las lagunas y esteros del Iberá en Corrientes, la región protegida Jaaukanigás en el departamento santafesino de General Obligado y las zonas de salares en la Puna en las que se realiza minería. Todos, ambientes regidos por las dinámicas de las aguas superficiales y subterráneas, cambiantes y frágiles.
El daño causado por el fuego en el Delta, como uno de los tipos de humedal que pretende proteger la ley, está siendo documentado y estudiado. Entre otros, por la Plataforma Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que trabaja en la Isla de Los Mástiles y ya comprobó pérdida de calidad de suelos y alteración del equilibrio de especies de insectos terrestres por las quemas.
