Ayer una jueza resolvió prohibir el uso de armas de fuego y disparar balas de goma. Esta madrugada la Cámara Penal de la Ciudad lo rechazó y revocó las medidas.
La justicia porteña le prohibió al Ministerio de Seguridad que la policía porte armas de fuego y utilice balas de goma en la movilización de hoy, convocada por los trabajadores estatales. Era la respuesta a un pedido de Habeas Corpus Preventivo presentado por el Ministerio Público de la Defensa para evitar la aplicación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad por primera vez a nivel nacional. El fallo duró poco: a la dos de la madrugada la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas rechazó ambas medidas.
“La decisión de la Cámara es una violación a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires”, dijo a Cosecha Roja el defensor General Adjunto, Luis Duacastella Arbizu. El fallo habilita al Ministerio de Seguridad de la Nación a ordenar la manifestación y a reprimir en el territorio porteño y “unifica el poder” sobre la nación, las provincias y la capital federal.
El fallo de la Cámara está basada en un tecnicismo: el Protocolo aún no fue publicado en el Boletín Oficial, por lo que aún no estaría vigente. Eso “da por tierra cualquier posibilidad de menoscabo a la libertad ambulatoria, que en definitiva constituye el bien jurídico tutelado por ley”, como dice la resolución. Así, revoca las medidas de la jueza Graciela Dalmas.
Según Duacastella, desde 1998 las marchas son un problema de la Justicia local. Las detenciones y otras situaciones las manejan los fiscales de la Ciudad, más allá de que hasta el traspaso la Policía Federal respondía a la Nación. “Estamos ante una intervención. El protocolo es inconstitucional, viola el poder local”, dijo. El siguiente paso sería apelar ante el Tribunal Superior de Justicia: la decisión podría tardar seis meses con resultados similares a los de la Cámara.
Las organizaciones que convocaron a la jornada de movilización temían que se aplicara el Protocolo, a pesar de que aún no está publicado en el Boletín Oficial -como justificó la Cámara-. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya había anticipado que en caso de cortes o piquetes la policía está autorizada a reprimir y que el uso de la fuerza depende, desde ahora, de reglas y decisiones tomadas por los jefes de los operativos. Por eso, los defensores de la ciudad están en contacto con las comisarías de las zonas de movilización a la espera de asistir a cualquier persona que quede detenida durante la marcha.
El pedido de habeas corpus fue presentado ayer por Bruno Diego Martínez, miembro del Consejo Directivo de ATE con patrocinio del defensor General Adjunto por “encontrarse amenazada la libertad ambulatoria de los trabajadores estatales, miembros de organizaciones sociales y las personas en general que participaremos de la marcha y movilización programada para el miércoles 24 de febrero de 2016”, según se lee en el documento.
La jueza Dalmas escribió un texto extenso en que primero rechazó el recurso de habeas corpus en favor de una acción de amparo. Después explicó que era “inapropiado” que fuera ella quien lo resolviera. Y finalmente le ordenó a la ministra Bullrich garantizar que las fuerzas encargadas del operativo de seguridad no porten armas de fuego ni utilicen balas de goma contra la manifestación. Si algún manifestante fuera detenido, la policía deberá solicitar la intervención de la justicia e “identificar a una persona civil responsable del operativo” para que “garantice la seguridad de los manifestantes y lleve adelante las negociaciones”.
“La Cámara no trató la cuestión de fondo. La Ley 2894 de seguridad dice que la ciudad adopta las reglas de las Naciones Unidas sobre el uso de armas de fuego y prohíbe utilizarlas en manifestaciones pacíficas, sin importar con qué tipo de balas estén cargadas. El Protocolo, en cambio, admite el uso de armas no letales y no prohíbe las de fuego, que era lo que había dictado la jueza”, explicó el defensor adjunto.
La movilización convocada por el gremio de estatales ATE, las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli y otros sindicatos adheridos comenzó temprano con dos cortes en la estación Pasteur del subte B y luego en Callao y Corrientes. Al mediodía, la concentración llegaba hasta Avenida de Mayo y 9 de Julio. Desde allí, la marcha se trasladará a la Plaza de Mayo. Además, durante todo el día habrá protestas en otras ciudades.
Los antecedentes del uso de la fuerza para despejar el espacio público se sienten desde la declaración de emergencia en seguridad, cuando aumentaron las detenciones arbitrarias por portación de rostro o “actividad sospechosa”. Dos periodistas y un fotógrafo fueron amenazados en distintos lugares del país por policías que quisieron llevarlos presos. La Gendarmería mostró, en la villa 1-11-14, que tiene capacidad para disparar balas de goma incluso a los niños de una murga. Ayer, durante una protesta contra la visita del presidente Mauricio Macri a Corrientes, tres jóvenes fueron detenidos “preventivamente” por la policía por llevar una pancarta y dos huevos.
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