A.T tiene 11 años y está embarazada. Ayer su mamá se presentó en la Unidad Regional Este de policía de Tucumán y denunció al novio de la abuela por la violación. El Código Penal establece -desde 1921- que las víctimas de violación tienen derecho a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
Desde los cinco años AT vive con su abuela en 7 de Abril, una localidad del noreste de Tucumán. Soledad Bazán, la mamá, contó que un día la nena quedó sola al cuidado de Eliseo Víctor Amaya, el novio de la abuela, de 65 años.
La mujer llevó a su hija a la sede de Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) de la zona: ahí se enteró que la chica estaba embarazada y presentó la denuncia. La causa judicial quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, que ordenó la detención de Amaya.
En enero, la familia de una nena de 12 abusada pidió la Interrupción Legal del Embarazo en el Hospital Guillermo Paterson, de San Pedro, Jujuy. Los médicos objetores de conciencia se la negaron, a pesar de que es un derecho reconocido por una ley nacional de 1921 y que la provincia está adherida al protocolo nacional.
La nena fue trasladada al Hospital Materno Infantil, en San Salvador: de acuerdo al protocolo los embarazos en menores de 15 años deben recibir atención en ese hospital. El traslado demoró cinco días.
Después de una semana en el hospital le negaron la ILE y le practicaron una cesárea contra su voluntad. El bebé murió al nacer.
