Cosecha Roja.-

El gobierno uruguayo legalizará la venta de marihuana y generará redes de distribución estatales. El proyecto se llama “Estrategia por la vida y la convivencia” y reúne 16 medidas que buscan controlar el comercio, regular el consumo y combatir la inseguridad.

El ministro de defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, presentó la propuesta el miércoles 20 de junio. El funcionario aseguró que el 45% de los jóvenes uruguayos consumen marihuana: “la mitad de la muchachada joven del país”. También dijo que es “vendida por unos 1.200 expendedores pequeños y cuatro grandes distribuidores”, en un mercado que representa cerca de 75 millones de dólares anuales.

Con el propósito de “blanquear” el mercado, el proyecto de ley dejará en manos del Estado la venta de marihuana y limitará las ganancias de los narcos. La venta se realizará en locales habilitados y cada cigarrillo incluirá impuestos que financiarán los tratamientos para la rehabilitación de adictos.

El documento pretende la despenalización de la producción. El poder ejecutivo apoya los proyectos de ley que le apuestan al autocultivo de cannabis: “La legalización será una política exterior de Uruguay. Lucharemos por la legalización en América Latina para ponerle fin a esa política que Nixon inició en el 71 y que solo benefició al narcotráfico”, dijo Fernández.

La atención integral a adictos de pasta base es otra de las medidas que incluye el proyecto. La iniciativa plantea realizar intervenciones sanitarias para rehabilitar a los consumidores. El INAU y la Junta Nacional de Drogas planifican la creación de dos centros para internar a los jóvenes adictos entre los 16 y 24 años. Estos centros se gestionarán a través de convenios con organizaciones no gubernamentales.

La estrategia también busca la creación de un fondo para reparar a las víctimas de delitos violentos. El fondo se financiaría con el 1% de los seguros que se comercializan en los bancos privados y en el Banco de Seguros.

El gobierno uruguayo pretende agravar las penas en casos de corrupción policial y tráfico de pasta base. “La pasta base tiene efectos inadmisibles. Se trata de un veneno científicamente comprobado”, dijo Daniel Olesker, ministro de desarrollo social.

Esta estrategia incluye normas para asegurar el derecho de protección al menor. Además, contempla el endurecimiento de las penas a adolescentes infractores y la creación de nuevas figuras delictivas vinculadas al narcotráfico.

Con este proyecto -que se remitirá al Parlamento-, Uruguay da un paso adelante y se suma al debate que busca terminar con la criminalización de los consumidores de drogas.

Cumbre en Lima

El 25 y 26 de junio,  se realizará una Cumbre Antidrogas en Lima, donde se presentará un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos, que señala que el Perú ha sobrepasado a Colombia y Bolivia en la producción potencial de cocaína.

En la reunión participarán varios cancilleres de los países de Organización de Estados Americanos (OEA). Algunas fuentes señalaron a los medios de prensa que el escenario podría ser utilizado por los cancilleres para debatir sobre la despenalización, un debate que también cobró fuerza en Argentina, donde se discute un proyecto de Ley para despenalizar la tenencia para consumo personal.

Desde el gobierno peruano intentan poner paños fríos al debate. La jefa de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, aseguró que el tema no está en la agenda de una Conferencia Internacional Antidrogas, a pesar de la propuesta del gobierno de Guatemala de incluirlo en la agenda. “La posición del gobierno peruano es muy clara: no a la legalización de drogas”, dijo la funcionaria, a quien sus críticos vinculan con las posiciones de Estados Unidos en materia de drogas.

Del otro lado, el embajador Luis Chávez Basagoitia, director general de Asuntos Bilaterales y Globales de la Cancillería peruana, explicó que el encuentro para debatir sobre la legalización se hará  después de la Conferencia Internacional Antidrogas, que se realizará el lunes 25 y martes 26 de junio.

“La reunión es para dar seguimiento al diálogo presidencial que tuvo lugar en la Cumbre de las Américas en Cartagena, de abril pasado, en la cual se abordó la cuestión de las drogas. Es decir, existe un mandato de los jefes de Estado para continuar recibiendo a nivel hemisférico opiniones sobre el problema de las drogas”, explicó el funcionario.

Además de Guatemala, el debate ahora tendrá un fuerte impulso de Uruguay. “La legalización va a ser una política exterior de Uruguay”, declaró Fernandez Huidobro, el Ministro de Defensa de ese país.”Lucharemos por la legalización en América Latina, para ponerle fin a una política que inició Nixon en el 71 y que solo beneficio al narcotráfico”, dijo el funcionario.

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