Semana.-

El anuncio del gobierno uruguayo de presentar un proyecto de ley para legalizar la marihuana ha abierto brechas entre la población, la clase política e incluso el gobierno.

“Abrir el debate a la sociedad”. Esa fue la intención del gobierno de Uruguay al anunciar la posible legalización de la marihuana en el país, un asunto que iba a comenzar a discutirse el 5 de julio en el terreno legislativo y que ahora tiene divididas a la población, a la clase política y hasta la coalición del gobierno.

Con el mismo argumento que Holanda utilizó en los años setenta para legalizar la marihuana, el gobierno uruguayo cree que así logrará frenar el consumo de pasta base de cocaína, más barata, más adictiva, y asociada a los índices de delincuencia que a día de hoy suponen la mayor preocupación para la población del país.

La propuesta es solo una del paquete de quince medidas contra la inseguridad que el gobierno anunció como “estrategia por la vida y la convivencia”, pero ha opacado al resto.

Opiniones encontradas

El anuncio ha sacado a relucir diferentes visiones entre la población y también el gobierno del Frente Amplio, una coalición de distintos partidos de centro izquierda e izquierda.

Ni el subsecretario del ministerio del Interior, Jorge Vázquez, ni la cúpula policial que integra la Dirección del Combate al Tráfico Ilícito de Drogas apoyaron el proyecto. Consideran que puede tener efectos contraproducentes y se quejaron de que no fueron consultados ni informados previamente.

El diputado Aníbal Pereyra señaló que “la prohibición total del consumo de drogas ha fracasado en el mundo y hay que tomar medidas más eficaces”.

Fue él quien desveló a la prensa local que el tema de la marihuana iba a dejarse más adelante para que no centrara el debate pero que la filtración a la prensa el día anterior al anuncio precipitó los acontecimientos.

La asociación Madres de la Plaza, que trabaja el impacto de la pasta base en la familia y en la sociedad, cuestiona que para legalizar una sustancia se utilice a otra como excusa.

“Sabemos que los efectos son distintos y el perfil del consumidor también”, declaró a BBC Mundo su secretario, Pablo Stratta.

Por su parte, A Juan Andrés Vaz, vocero de la Asociación de Estudios del Cannabis en Uruguay, le parece que la firme intención del gobierno eleva el debate a otro plano.

“Ya no se trata de legalizar o no sino de cómo hacerlo”.

Negocio millonario

Sin contar los traslados a otros países y servicios de lavado de dinero, el negocio mueve en el país alrededor de 75 millones de dólares anuales, según estimó el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, que fue quien explicó la medida.

“El cannabis, además, tiene un gran aprovechamiento para materia prima, como celulosa y fibra textil”, añadió.

Según el modelo planteado, el Estado tendría el control de la producción y la distribución del consumo interno. Los consumidores se inscribirían en un registro a través del cual el Estado les vendería hasta un máximo de 40 cigarrillos mensuales. Estos se gravarían con impuestos que se destinarían a tratamientos de rehabilitación y se crearía también un centro de control de calidad.

De esta manera, no se contemplaría la legalización del autocultivo, la principal reivindicación de los consumidores.

Vaz comprende que la coyuntura regional hace que el monopolio estatal sea la opción elegida, pero cree que el gobierno es abierto, así que su organización va a participar del debate haciendo que se tome en cuenta esta modalidad.

“La marihuana de narcotráfico proviene de Paraguay, donde se produce en condiciones de casi feudalismo y que es de mucha peor calidad. Sin embargo, en los últimos años el autocultivo ha crecido exponencialmente”, cuenta a BBC Mundo el representante de esta asociación que presta asesoría legal en la materia.

Según un análisis de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Paraguay “es, según se informa, la principal fuente del cannabis que se consume en el Cono Sur y en Brasil, y puede ser el mayor productor de cannabis de hierba (como se conoce la marihuana) en el mundo”.

Droga extendida

Los 18 años es la edad de inicio en el consumo de la cuarta droga más extendida en el país.

El 20% de las personas de 15 a 65 años la ha probado alguna vez en su vida, el 25,2% declara que la toma ‘algunas veces mensualmente’, el 21,1% ‘algunas veces semanalmente’ y un 14,6% diariamente.

De cada 100 personas, siete tienen actualmente un uso problemático de la marihuana.

Así queda recogido en la última encuesta elaborada en 2011 por el Observatorio Uruguayo de Drogas, ente estatal que pertenece a la Junta Nacional de Drogas.

El gobierno también ha hecho sus cálculos: con 150.000 consumidores de marihuana, a un promedio de un gramo y medio por día habría que producir 81.000 kilos por año, para lo que se requerirían al menos 64 hectáreas además de otras tantas para las semillas.

De esta manera, concluyeron que Uruguay cumple con las condiciones climáticas para plantar marihuana y satisfacer la demanda de los consumidores.

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