La villa 31 está militarizada. Esta mañana llegaron más de 500 agentes de los grupos de élites y la división de operativos urbanos de la Policía Federal en carros de asalto, hidrantes y un helicóptero. Unos 300 agentes se quedarán para “limpiar el territorio y devolverlo a la comunidad”, según dijo a Cosecha Roja Jorge Di Lello, el fiscal que investiga el narcomenudeo en la zona. Después de cuatro años de investigación, un juez dispuso la instalación de la policía en las villas de Retiro. Triunfó la solución carioca de pacificar el narco en los barrios marginales con las fuerzas de seguridad.
Para Carola Concaro, directora del Instituto Latinoamericano De Seguridad y Democracia, la medida es más amplia que un simple allanamiento. “La presencia policial con fines preventivos va en contra de los derechos de los vecinos. Además, se ha comprobado la connivencia de las fuerzas de seguridad en los territorios ocupados y en el tráfico de drogas ilícticas”, dijo a Cosecha Roja. La llegada de los agentes responde a la orden del juez federal Ariel Lijo en respuestas a las denuncias por narcotráfico y al aumento de los asesinatos de adolescentes en los últimos meses.
El fiscal dijo que 300 agentes se quedarán en la Villa 31 y 31 bis. Desde el juzgado de Lijo se dispuso la intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, Dirección de Acceso a la Justicia para Todos y la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La policía allanó pero sobre todo se va a quedar ahí, para limpiar el territorio y devolverlo a la comunidad”, contó Di Lello.
Los policías que trabajaron en la causa recolectaban información desde 2012 vestidos de civil. Trabajaban como fleteros y obreros. Esta mañana un comando de 500 policías llegó a la calle Las Tapias a las 8:15, cuando los vecinos de la Villa 31 y 31 bis iban a trabajar. Algunos se quejaron porque les costó salir de las casas por el bloqueo de los agentes. Las primeras balaceras se escucharon en una vivienda del barrio San Martín, que da a las vías del tren.
Los vecinos contaron que los agentes requisaron a casi 50 personas. Sólo 13 de quedaron detenidas. Entre los 40 allanamientos que figuran en los informes policiales encontraron cocaína, paco, escopetas, revólveres, municiones y explosivos. Hasta esta tarde no estaban los números precisos. Fuentes policiales adelantaron a Cosecha Roja que había 2.000 dosis de paco (menos de un kilo) y 2 bombas caseras.
El conflicto de fondo en la villa es la disputa por el territorio. Dos bandas pelean por el control de las villas de Retiro: la de los peruanos, que ha perdido poder, y la de los paraguayos apodados los “Sanpedranos”. La mayoría de ellos provienen de la localidad de San Pedro, una región pobre de Paraguay, donde se planta marihuana. Las bandas luchan por el negocio inmobiliario y los kioscos de droga. El enfrentamiento comenzó hace más de tres años y empeoró en los últimos seis meses. Militantes territoriales y vecinos del barrio cuentan que la pelea es “metro por metro”.
“Tienen una organización compleja y bien armada, que se administra fuera de la Villa. Suelen utilizar a los pibes adictivos para el menudeo de droga y cuando ya no son útiles, los asesinan”, dijo a Cosecha Roja un militante territorial. Para él, los detenidos son pequeños revendedores instalados en la villa. En los últimos tres meses hubo un promedio de cuatro muertes por semana, casi todas relacionados con la interna de los grupos de narcomenudeo. La banda de los Sanpedranos es la que acumuló más denuncias en los últimos años.
La militarización de la villa va en consonancia con la política del gobierno luchar contra el narco, una estrategia bélica que ya fracasó en otras partes del mundo. Mientras tanto, el debate sobre la urbanización sigue sin ser tratado por la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. El programa “Ellas hacen” del Ministerio de Desarrollo Social dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad dejó de dar talleres el 1 de febrero. “No hay una política integral de abordaje al narcotráfico en la villa, que siempre está relacionado con la falta de oportunidades. Además, sabemos que las Fuerzas de Seguridad suelen estar vinculadas al narcotráfico”, contó el militante.
La metodología de avance sobre las casas y terrenos aprovecha la situación de vulnerabilidad. Según contaron a Cosecha Roja los vecinos del barrio, los Sanpedranos reúnen familias que tienen problemas de vivienda y les proponen la oportunidad. La banda consigue y porta las armas y ellas deben ocupar los espacios. Así desalojan las porciones de la villa que les interesan y empieza la especulación inmobiliaria. El grupo vende algunas propiedades y reserva la casa central para menudeo de droga.
Cerca de la una de la tarde, llegaron las cámaras de televisión y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En ese momento, el bloqueo policial de los límites de la villa fue más fuerte y la mayoría tuvo que esperar la retirada de la comitiva oficial para volver a sus hogares.
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En América Latina hay dos modelos de solución al narco en los barrios populares. El primero es el de Medellín, que con políticas educativas y culturales resolvió la violencia que dejó el narcotráfico tras la muerte de Pablo Escobar. El gobierno instaló Parques bibliotecas por toda la ciudad para fomentar la lectura y la capacitación para el trabajo en los jóvenes de esas zonas.
El segundo modelo es el de Río de Janeiro a partir del plan de expulsión del narco que impulsó el gobierno desde 2008. Se trató de la ocupación de las favelas con las fuerzas de seguridad, que instalaron las Unidades de Policía Pacificadora. En los últimos dos años aumentaron las denuncias por violencia institucional de los agentes que todavía están instalados en los barrios.
En el libro El miedo en la ciudad de Río de Janeiro, la directora del Instituto Carioca de Criminología Vera Malgauti Batista explica: “El proceso de demonización del tráfico de drogas había fortalecido los sistemas de control social, profundizando su carácter genocida desde el fin de la dictadura militar. El mercado ilegal de drogas había posibilitado una concentración de inversiones en el sistema penal, pero principalmente había propiciado argumentos para una política permanente de genocidio y violación de los derechos humanos entre las clases vulnerables: sean estos jóvenes negros o pobres de las favelas de Río de Janeiro, sean campesinos colombianos o inmigrantes indeseables en el hemisferio norte”.
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