*La imagen de la nota corresponde a las juezas que absolvieron a los acusados por la violación grupal de Chubut: Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini.
Un día después de que Higui fuera declarada inocente por haberse defendido de una violación correctiva, un tribunal de tres juezas absolvió a tres varones acusados de una violación grupal en Chubut. Aunque a primera vista estas sentencias parecen ser las dos caras de la Justicia -una que actúa con perspectiva de género y otra misógina y patriarcal- ambas hablan de lo mismo: un Poder Judicial que no sólo revictimiza a las víctimas, sino que directamente no las escucha. Y si las escucha, no les cree.
La absolución de Higui fue la celebración del fin de semana y la confirmación (¿oficial?) de lo que ya se sabía: Higui es inocente porque actuó en legítima defensa. No tuvo intención de matar, se defendió de una violación correctiva y de un posible femicidio.
Para llegar a esta conclusión, la Justicia se tomó su tiempo. La primera declaración de Higui fue al otro día del ataque. Higui, una lesbiana pobre que nació y creció con todos los derechos vulnerados, declaró ante el fiscal, con la cara desfigurada, el cuerpo golpeado y la ropa desgarrada. Hasta tuvieron que prestarle una muda de ropa. El fiscal no le creyó.
Higui fue imputada por homicidio y estuvo presa ocho meses. La lucha de organizaciones de derechos humanos y el movimiento lesbofeminista logró que la excarcelaran para que esperara el juicio en libertad.
Seis años después el tribunal de San Martín la absolvió. Pero para llegar a este día de justicia, tuvo que contar una y otra vez lo que sucedió, someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas, contestar absolutamente todas las preguntas revictimizantes de la fiscal, escuchar que la trataran de sucia, desaliñada y que se defendió como un hombre. Tuvo que escuchar que pidieran 10 años de cárcel para ella.
Para Gabriela Conder, su abogada defensora “Higui perdió”. “Ella fue criminalizada por defenderse –le dijo a Cosecha Roja– Lo que conseguimos, con toda la comunidad, fue algo que teníamos que conseguir sí o sí. Como lesbianas, travestis y trans ¿cómo no vamos a tener derecho a conservar nuestras vidas?”.
¿Quién le devuelve a Higui sus ocho meses presa y sus siete años imputada, expuesta, criminalizada?
En el caso de “la manada de Chubut”, como se conoció en los medios, la ceguera de la Justicia aparece mucho más clara: tres hijos del poder que son acusados de violar a una adolescente de 16 años en 2012, en una fiesta de la primavera en Playa Unión, son absueltos diez años después por “falta de pruebas” y por el benficio del principio de inocencia.
El tribunal que los absolvió estuvo integrado por tres juezas: Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini. Lo que nos confirma, una vez más, que no basta con que los espacios de poder los ocupen mujeres.
Según detallaron las abogadas de la víctima -quien denunció a los abusadores en 2019- todo el proceso estuvo lleno de irregularidades, resultó revictimizante hacia ella y confirmó el pacto de silencio (ese pacto de caballeros del que hablamos tantas veces) entre los varones.
Algunos detalles de lo que sucedió durante el juicio y que las abogadas señalaron como hechos que reafirman la impunidad:
*Todas las mujeres que estuvieron en esa fiesta y tenían entre 16 y 17 años, declararon lo que vieron y escucharon esa noche; otras lo que escucharon días después. Acreditaron lo que sucedió e identificaron a los responsables. Dijeron que el terror de lo que pasó esa noche les cagó la vida a todas; que tuvieron y tienen temor pero que era su obligación como mujeres, algunas madres, de declarar ante la justicia por fin.
*Todos los varones que tenían entre 16 y 22 años se ampararon en el tiempo para no recordar nada o algo que los beneficiara a ellos y a los imputados.
*Todas las mujeres que declararon fueron sometidas a interrogatorios violentos por más de 2 horas.
*Los imputados jamás se sometieron a ninguna pericia ni respondieron a ninguna pregunta.
*La víctima declaró al momento de hacer la denuncia y se sometió a una pericia durante tres días de 6 horas cada día, ante 7 peritos de los defensores y la fiscalía; debió responder más de 567 preguntas y a evaluaciones sobre su personalidad.
Para las abogadas, las juezas la condenaron por “estar viva, ser profesional, trabajar, ser bella y brillante”. Es decir, por ser una mala víctima.
“Dudaron del consentimiento de una joven, adolescente de 16 años que más de 10 chicas dijeron que estaba muy borracha, que no se podía mantener parada, que vomitaba, que tenían que limpiarle la cara todo el tiempo, porque estaba muy borracha, no sabemos si por alcohol o por si le dieron otra cosa. Era clarísimo que ella no podía dar consentimiento, pero las juezas pusieron en duda el consentimiento una y otra vez”, dijo Verónica Heredia, una de las abogadas defensoras, en una conferencia de prensa improvisada que dieron después de la sentencia en Trelew.
No es sólo la Justicia
El caso de la violación grupal en Chubut salió a la luz en 2019, cuando la víctima hizo un posteo en su Facebook. En 2020 tomó visibilidad mediática cuando el fiscal Fernando Rivarola pidió que la causa pase de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas” a “abuso sexual simple”. Hizo un acuerdo con las partes y pidió un juicio abreviado: tres años de prisión en suspenso.
Hubo un escándalo en las redes y también se puso en debate algo que casi nunca se tiene en cuenta: ¿qué quiere/necesita/pide la víctima? ¿Quiere pasar por el proceso judicial o prefiere el juicio abreviado? En ese momento, desde varias organizaciones feministas se dijo que ella estaba de acuerdo con ese recurso, porque no quería exponerse.
Pero este fin de semana, en la conferencia de prensa, Heredia lo negó. Lo explicó así: “El juicio abreviado es un acuerdo entre los imputados y el Ministerio Público Fiscal. La víctima nunca es parte de ese acuerdo, por lo tanto tampoco lo fue en este caso. Esta instalación de que ella no quería ir a juicio, de que quería un acuerdo y de que fue obligada a llegar a juicio, eso es una mentira instalada primero por los propios abusadores y luego por personas que jamás la escucharon, no la conocen”. Y fue más allá: “¿quiénes hablan en nombre de las víctimas, desde la academia, desde los movimientos? También hay que tener cuidado de quién se apropia de las voces de las protagonistas. Y hay que dejarlas hablar a ellas”.
Heredia confirmó que, luego de la sentencia, harán “lo que ella nos pida que hagamos”. Y aclaró: “Ella quiso este juicio, estuvo presente en la audiencia, ella quería y fue escuchada, maltratada por la juezas”.
Este lunes, en un escrito difundido por el equipo de abogadas (Heredia, María Florencia Piermarini y Marisol Carmona), confirmaron que el 28 de marzo se conocerán los fundamentos y el 11 de abril presentarán la impugnación de la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia. La Procuración General de Chubut también pedirá la impugnación.
A propósito de la costumbre de no escuchar a las protagonistas, hace poco una mujer nos dio a los medios y comunicadores una master class. La piba que fue víctima de una violación grupal en Palermo escribió una carta pidiendo que dejen de revictimizarla, de pasar videos con su cara y de hablar de su vida privada. Todos los medios de comunicación publicaron esa carta. Pero no se dieron por aludidos. A las pocas horas siguieron con la programación habitual de noticias sobre el caso, exponiéndola una vez más.
Cuando pedimos justicia en nombre de las asesinadas, de las abusadas, de las violentadas, cuando publicamos una y otra vez las caras de sus abusadores, cuando reproducimos videos y chats privados ¿de qué lado estamos? ¿las escuchamos a ellas? ¿sabemos lo que necesitan? ¿cómo las acompañamos? ¿qué significa justicia para ellas? ¿qué alternativas de reparación existen? Cuando hablamos de la necesidad de una justicia transfeminista ¿a qué nos referimos exactamente?
Los casos de la violación grupal en Palermo y en Chubut y el de Higui nos hacen replantearnos estos debates. Y visibilizan la necesidad urgente de que la revictimización deje de ser una consigna y se vuelva una realidad.
