“Cinco minutos más y yo era una desaparecida”. La voz de A suena en medio de las sombras, en una videollamada con mala conexión. Se disculpa por la luz apagada y dice que antes ella era mucho más linda, que tenía un trabajo, una vida, que podía salir a la calle sin sentir pánico, sin sentir ganas de vomitar, que era libre. Pero que desde hace casi tres años “ellos” la rompieron. Y cuando dice “romper” lo usa en sentido simbólico pero también literal: tres policías de San Luis la violaron y golpearon hasta destrozarle el útero y le generaron una depresión que desembocó en un cáncer de mama contra el que A lucha todos los días. “Yo quiero vivir, yo merezco vivir, por eso vengo luchando para que haya justicia, por eso sobreviví, para que los violadores tengan perpetua sin beneficios”.
Los tres efectivos están detenidos desde hace dos años. El fiscal federal Cristina Rachid los imputó por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante y doblemente agravado”. El jefe de servicio de la Comisaría de Villa La Quebrada está acusado de ser autor material del abuso sexual con acceso carnal, y los otros dos agentes están acusados en grado de partícipes necesarios, por brindarle apoyo y cobertura.
El fiscal insistió en “los graves daños sufridos durante su cautiverio (…) y la grave violencia de género, institucional y sexual que padeció la imputada, como consecuencia precisamente de su detención”, además consideró que el sometimiento sexual fue “gravemente ultrajante para la víctima, agravado por haber sido cometido por dos o más personas, integrantes de una fuerza policial” y mientras cumplían funciones.
En todo momento, A destaca el trabajo del fiscal Rachid y de su equipo, pero insiste en que los tres policías la violaron, no solo el jefe de servicio, y que eso quedará comprobado en el juicio.
“Me llevaron con una causa policial armada”
A comienzos del 2019, A -que había vivido siempre en Río Cuarto- decidió mudarse a Villa del Carmen, un pueblito de San Luis, al pie de la Sierra Comechingones, con menos de mil habitantes. El 19 de abril abril viajó 170 kilómetros hasta Villa La Quebrada para anotarse en la feria de la Fiesta del 1 de mayo, y así poder trabajar vendiendo sus artesanías.
Como llovía mucho, se refugió en un salón de baile, una especie de boliche de pueblo. Allí había policías. La empezaron a acosar. Hasta que finalmente la detuvieron con el argumento de que ella había pagado bebidas con billetes falsos, un delito federal. Por esa causa, A fue absuelta tiempo después: “Me armaron una causa policial para llevarme”. Esa noche fue trasladada a una comisaría de Villa La Quebrada donde debía ser retirada por la Policía Federal. Ahí, mientras estaba demorada, el jefe de servicio de la seccional y otros dos efectivos la violaron y golpearon durante horas.
“Como yo me quería defender, los pateaba, los mordía, entonces me golpeaba uno y el otro me violaba, y así se iban turnando. El que no me violaba se burlaba y jugaba con mi corpiño y mi bombacha”, cuenta A y asegura que “en el juicio se va a saber todo, hay muchas pruebas, pericias médicas. Si una mujer policía no entraba al lugar donde me estaban abusando y veía todo, yo estaría muerta, desaparecida, que entrara ella me salvó”.
Dos días después fue trasladada a otra dependencia de San Luis por la Policía Federal Argentina (PFA). Allí permaneció alrededor de 40 días más por la causa en la que luego fue absuelta.
Al año del abuso, gracias al apoyo de su familia, de su hija y de su novio, decidió hacer la denuncia formal. Ese y lo que declaró cuando la Policía Federal la trasladó de la comisaría de Villa La Quebrada, fueron los primeros pasos para encarcelar a sus tres violadores primero, y ahora para llevarlos a juicio, en el que ella participará vía zoom desde Córdoba, rodeada por el amor de quienes la sostienen todos los días. “Fue terrorífico, estuve a dos pasos del árbol y a tres de la ruta, pensando en no vivir más, pero lo logré, estoy viva, lista para hablar y sentarme a decir todo lo que me hicieron. Y quiero vivir para ver que los que me rompieron toda no van a romper a ninguna nunca más”.
Hoy, consecuencia de la violación grupal policial de la que fue víctima y sobreviviente, A tiene un certificado de discapacidad del 95%. Las pericias médicas que le realizaron tras la denuncia, arrojaron que tenía el útero con múltiples lesiones. Debieron operarla dos veces. Al tiempo fue diagnosticada con cáncer de mama. A los 15 días comenzó con quimioterapia, pero no fue suficiente y debieron extirparle los dos pechos. Actualmente se somete a terapia de rayos. Paralelamente, lleva adelante un tratamiento psicológico. No tiene ingresos fijos. “Pude y puedo estar de pie, gracias a mi pareja, a mi hija, a mi madre. Fue muy duro mirar sus ojitos llorando y decirles ‘a mí me rompieron toda’. Es tremendo lo que se sufre. Pero estoy viva y quiero gritar”.
*Esta nota fue publicada originalmente en las ediciones impresa y digital de La Nueva Mañana.
