Durante 2016, un 90 por ciento de las trabajadoras sexuales en calle sufrió algún tipo de violencia por parte de la policía y un 80 por ciento fueron detenidas. Los datos pertenece al informe nacional “Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y las trabajadoras sexuales en nuestro país” que cuenta la situación de las trabajadoras sexuales en Argentina. El relevamiento fue realizado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR). El próximo miércoles AMMAR y la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe compartirán los resultados obtenidos en el Salón Azul de la CTA.
El objetivo del informe fue medir la violencia institucional que sufrieron las trabajadoras sexuales en el último año. Los resultados confirman que son las distintas fuerzas de seguridad (la policía, gendarmería y/o alguna otra fuerza de seguridad nacional o local) quienes ejercen mayor violencia contra las trabajadoras sexuales. El maltrato es peor hacia las trabajadoras migrantes y las trans.
“Nos preocupa el recrudecimiento de la actitud de las fuerzas el último año. Hay un aumento de la violencia institucional al que las compañeras están expuestas. Usan la palabra puta como insulto. Insultan y se burlan de nuestros derechos como trabajadoras. Las compañeras trans y migrantes son las que más situaciones de violencia vivieron. Están expuestas al maltrato y a un lenguaje transfóbico que no respeta su identidad de género”, dijo a Cosecha Roja Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR.
El documento se presentará al mismo tiempo en 12 países de América Latina: Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, República Dominicana, Colombia, Honduras Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México y Panamá. En cada uno, dos trabajadoras formadas para llevar adelante el relevamiento y abordar el trabajo sexual realizaron 300 encuestas. En la mayoría de los países, los resultados registraron los mismos niveles de violencia salvo casos como el de Honduras: en el último tiempo aumentó la violencia y hubo más asesinatos de trabajadoras sexuales.
Las trabajadoras que ejercen en la calle sufren acoso policial. Las fuerzas de seguridad las requisan, les pide el documento sin razón o que circulen y no se queden en las esquinas. “Muchas no pueden denunciar por miedo a las represalias y al estigma. Hay detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, pedido de pago de coimas y lenguaje xenófobo. El personal masculino requisa a las trabajadoras trans no respetando su identidad de género, y en algunos casos hasta reciben peor trato del personal femenino. Nos violentan para meter miedo y maltratar a las compañeras”, dijo Orellano.
Durante el último año, AMMAR recibió denuncias de las trabajadoras todas las semanas. Estaban detenidas por averiguación de antecedentes o por causas armadas. En los barrios de Flores, Once y Constitución las fuerzas ocupan más espacio público y generan más detenciones. “Hay un total desconocimiento de las fuerzas de seguridad en cuestión de leyes. Nos dicen que el trabajo sexual es un delito y tienen una mirada más punitiva cuando no hay ninguna ley que lo establezca. En Capital Federal en todo caso en una contravención. Esa es la pelea constante con fiscales y comisarios”, dijo Orellano.
