Foto: Pandilla Feminista
Natalí alcanzó a caminar unos metros con la bicicleta playera que se había llevado de la puerta de un negocio en la peatonal San Martín de Rosario. Eran cerca de las dos de la tarde del 3 de junio de 2020.
-Te agarré- Le dijo el dueño de la bici.
Natalí dejó el rodado e intentó zafarse del hombre que la estaba sosteniendo fuerte del brazo.
-Bueno, ya fue, dejame, si no te robé nada.
-No me robaste nada porque te agarré. Cagate, mami, vos te la buscaste.
El hombre la retuvo unos minutos más hasta que llegó la Guardia Urbana Municipal y después la Policía.
Por ese intento de robo Natalí no sólo está presa con prisión preventiva hace un año en la Unidad Penal N°5, sino que enfrenta la posibilidad de una condena por 5 años de prisión efectiva. El destino de Natalí comenzó a deliberarse este martes, en un juicio oral y público presidido por la jueza Hebe Marcogliese.
Natalí pasó toda su infancia en un orfanato. Desde que salió de ahí vive en la calle. Tiene 36 años y 7 hijxs que viven con sus abuelas porque ella no puede mantenerlxs y los padres nunca se hicieron cargo de su paternidad.
En esas condiciones de extrema vulnerabilidad, el día del intento de robo de la bicicleta, Natalí estaba cumpliendo una prisión condicional de tres años por otra tentativa de robo. Por esa condena, tenía que cumplir ciertas reglas de conducta y un tratamiento psicológico. Pero seguía viviendo en la calle. ¿Cómo se suponía que iba a respetar esas condiciones?
En los dos casos fue una tentativa. Es decir: en ninguno de los dos se efectivizó el hurto. El fiscal Gastón Avila pedirá dos años por el hecho del 3 de junio con una unificación de la pena anterior. Lo que daría un total de 5 años de prisión efectiva.
Como forma de compensación por el mal momento, Natalí le ofreció pagarle al dueño de la bicicleta 1500 pesos. Pero, según informó la Fiscalía, el hombre no aceptó.
La ONG Mujeres tras las rejas y la Asociación Pensamiento Penal vienen acompañando a Natalí y realizaron una presentación ante el fiscal Ávila. En el texto argumentan que “el pedido de pena resulta irracional e infundado” y señalan que dicho accionar penal “viola la exigencia constitucional de respeto por el principio de lesividad, racionalidad, de uso del poder punitivo como última ratio y de no discriminación por cuestiones de género”.
Es que en estos 12 meses que ella está presa jamás le ofrecieron una alternativa a la resolución del conflicto y mucho menos se tuvo en cuenta su situación de vulnerabilidad.
“Este es un claro ejemplo de lo que nosotros llamamos juicio de clase y de género. Porque el de Natalí, es un caso, uno más de una incontable cantidad de situaciones similares. El Estado brilla por su ausencia durante toda la vida de estas mujeres y aparece recién para meterlas presas por un delito que en este caso es doble, porque trató de robar una bicicleta pero, bajo la mirada de esta Justicia, de este Estado, se atrevió a incumplir con el rol de mujer y madre socialmente establecido, por lo cual se la juzga también por ello. Hay una doble condena, una doble persecución”, dijo al medio Conclusión Bernardette Blua, integrante de la Asociación Pensamiento Penal.
Este martes, en coincidencia con el inicio del juicio, La Colectiva Asociación de Abogadas Translesbofeministas presentó un Amicus Curiae en beneficio de Natalí.
“Planteamos que hay un exceso de punitivismo por parte de la Fiscalía que lleva adelante este juicio y que lo hace sin tener en cuenta que Natalí es víctima de distintas vulneraciones”, contó a Cosecha Roja Daiana Araya, presidenta de La Colectiva. “Una vez más el Estado está malgastando recursos que podrían ser destinados a otras cuestiones, como por ejemplo, a delitos de violencia de género”, agregó.
Siguiendo la línea de la presentación de Mujeres tras las rejas y APP, detallaron cuáles deberían ser las pautas a tener en cuenta. “Pedimos perspectiva de género en la causa, que se entienda y se tome en cuenta quién es la persona a la que se está acusando, la falta de violencia en ambos delitos y la falta de vulneración económica de las víctimas, ya que sus patrimonios no se vieron afectados”, explicó Araya.
El Amicus Curiae destaca que el pedido de condena está en “en franca contradicción a las mandas internacionales que imponen a los Estados la obligación de aplicar medidas sustitutivas al encarcelamiento preventivo”.
