Vivían de recolectar desechos, los acribilló la bonaerense en José León Suárez

Cosecha Roja.-

El barrio fue clave: desde que a Pela y a Franco los acribilló la policía al lado de un tren de carga que acababa de descarrilar, los vecinos de Carcova se organizaron, impidieron que la policía ocultara pruebas y que la Justicia construyera una historia falsa. A fin del año pasado lograron que los jueces anularan la absolución de uno de los oficiales y le agregara a la del otro a “abuso de la función policial”. Hoy, a 5 años de la masacre, marcharán por las calles de José León Suárez.

La caminata va a empezar a las cuatro de la tarde. Los vecinos de Carcova, familiares, amigos y organizaciones caminarán por la Plaza de los Trabajadores y pasarán por las vías y el lugar en el que asesinaron a los pibes. El punto de llegada es el nuevo Centro de Prevención de Adicciones de la Sedronar, que se está construyendo en el descampado. Ahí jugarán un partido de fútbol, habrá boxeo y acrobacia. “Vamos a marchar con los compañeros que estuvieron con nosotros todos estos años. Gracias a los vecinos demostramos que el tren se descarriló solo”, dijo a Cosecha Roja Analía Ramos, tía de Pela. El diputado nacional por el Movimiento Evita Leonardo Grosso dijo: “Exigimos que se sepa la verdad sobre lo que le pasó a los pibes, que todos tengamos memoria y que haya condenas acordes, que haya justicia. La única banda en ese lugar, era la policía bonaerense”.

El 3 de febrero de 2011, Franco Almirón, Mauricio ‘Pela’ Ramos y Joaquín Romero habían salido hacia el predio del CEAMSE en José León Suárez en busca de desechos para vender. En el camino encontraron un tren de carga que acababa de descarrilar lleno de alimentos y autopartes. Alrededor de los vagones se habían juntado los vecinos y los tres jóvenes se acercaron. El personal de la ex línea Mitre llamó a la policía. Enseguida llegaron al lugar tres móviles de la comisaría 4ª y refuerzos de la 2ª, la 8ª y la 9ª de San Martín, y de la Bonaerense: la visita terminó en represión.

Al principio la versión policial decía que los vecinos habían provocado que el ferrocarril se saliera de las vías, que estaban armados y que generaban disturbios. Para Grosso, gracias a la organización barrial se pudieron señalar las irregularidades de la investigación que apuntaban a construir una versión falsa y lograr la impunidad de los policías.

Durante el juicio quedó demostrado que el accidente fue por el mal mantenimiento de las vías y que los habitantes del barrio se acercaron para juntar lo que se había caído de los vagones.Con los resultados de la autopsia se confirmó la represión: los agentes dispararon proyectiles de goma, municiones de plomo y gases. Ningún policía resultó herido. Franco, en cambio, tenía siete balazos de una escopeta Mossberg 12/70 en la cabeza, la mano derecha, el antebrazo, el bíceps, la cadera y los pulmones. Murió en la salita de primeros auxilios, antes de llegar al hospital Belgrano. Mauricio falleció horas después.

Durante el juicio oral (entre febrero y marzo del 2014) los policías declararon que no se acordaban qué había pasado ese día. Los jueces Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro decidieron por unanimidad absolver por “el beneficio de la duda” al oficial Gustavo Rey, acusado por el doble homicidio. El fiscal había pedido perpetua.

A Gustavo Vega lo condenaron a siete años de prisión por los escopetazos contra el sobreviviente (Joaquín Romero) pero no consideraron el agravante de ser funcionario público. El joven, que estuvo en terapia intensiva en el Hospital Thompson y vivió para contarlo, reconoció a Vega, recordó cómo lo vio salir “de entre los pastos” y cómo le apuntó desde unos 15 metros.

La familia apeló el fallo y en noviembre del año pasado, la Cámara de apelaciones bonaerense anuló la absolución de Rey, apartó al tribunal y ordenó ajustar la baja pena de Vega -agregó el agravante del abuso de funciones-. El nuevo juicio está frenado por recursos extraordinarios que presentaron los agentes y que la Justicia aún no resolvió.

Federico Efrón, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo a Cosecha Roja que todavía falta que la Justicia investigue a los mandos superiores. Él junto con Juan Carlos García Dietze representan a las familias e impulsaron una segunda causa para determinar responsabilidades de la Policía Bonaerense en la que ya fueron citados a declarar dos oficiales.

Fotos: Mariano Armagno – Infojus Noticias