“Matías tiene 31 años. Nació en San Cristóbal en febrero del ’86. Hincha fanático de Talleres, hijo de mi viejo con un matrimonio anterior. A los dos años se fue con su mamá a Córdoba. Mi viejo iba a visitarlo cada dos meses. A los ocho, ya viajaba en avión solo para Capital Federal de visita. Su primaria y parte de su secundaria transcurrió en Córdoba. A los 14 años, finalmente, vino a vivir a nuestra casa en Villa Pueyrredón. Lo llamaban ‘el cordobés’. Terminó la secundaria en Capital y comenzó a tener problemas con las drogas y las malas influencias. Lo ayudamos tres veces. En vano. Conoció a su ex mujer y nació mi sobrina Nahiara que hoy tiene ocho añitos”.

Así describe Aylen a su hermano Matías quien, hasta el viernes 21, le enseñaba a leer y a escribir a personas analfabetas en la cárcel.

Matías lleva preso siete años y tres meses en la Unidad 9 de La Plata. En todo ese tiempo, se recibió de profesor en Comunicación Social y hasta el viernes preparaba las materias de la licenciatura. Estaba sentado en el comedor del pabellón escribiendo en sus cuadernos cuando los guardiacárceles entraron, lo maniataron y lo torturaron.

“Mi hermano es uno de los cuatro responsables de la huelga de hambre que se lleva adelante en el penal en contra del endurecimiento de las penas”, dijo a Cosecha Roja Aylen. “Esa misma semana estuvieron en el penal dos juezas que prometieron que no iban a permitir ningún tipo de irregularidades en contra de los presos haciendo así respetar su derecho a la huelga y a expresarse”.

La promesa de las juezas no se cumplió. A Matías lo trasladaron al penal de Magdalena, a 100 kilómetros de La Plata. “Perdió todo su material de estudio, que es muy costoso. Y lo obligaron a firmar un papel que no firmó por lo que lo recibió una segunda tortura, esposado”.

El papel que Matías no firmó era una especie de confesión en la que aceptaba que le hubieran incautado ocho teléfonos celulares. “Eso no es cierto. Hoy mi hermano está incomunicado y no sabemos nada de él”, explicó Aylen.

La de Matías puede ser una de las miles de historias de las que se hablaron el jueves 20 de abril cuando organizaciones sociales, académicos, organismos de Derechos Humanos, operadores judiciales, familiares y personas liberadas dieron sus testimonios en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación. Fue durante la discusión del proyecto de reforma a la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que finalmente pasó a Diputados para ser discutida nuevamente.

Representantes de YoNoFui, el Colectivo Limando Rejas, Rancho Aparte, Coop. Esquina Libertad y Pensadores Villeros Contemporáneos expresaron su “enérgica oposición a esta reforma impulsada originalmente por los diputadxs nacionales Luis Petri y Mónica Litza, mediante la cual se pretenden restringir las salidas transitorias y la libertad condicional, así como limitar las posibilidades de incorporación al régimen de semi-libertad (trabajar fuera de la cárcel durante el día y regresar al penal por la noche) y se establecen diferencias en la progresividad de la pena de acuerdo al delito por el que se condenó a la persona, institucionalizando la desigualdad ante la ley”.

En un comunicado, las organizaciones explicaron que el proyecto viola el principio de resocialización, “que es el único fundamento de la pena en nuestra Constitución Nacional y vulnera derechos que ya han sido reconocidos por el Estado argentino y constituyen obligaciones ineludibles cuyo incumplimiento puede acarrear su responsabilidad internacional. De este modo, al afectarse el principio de progresividad se obstruye directamente la finalidad de la pena de prisión que tiene por objeto la prevención de la comisión de delitos y la reincidencia. Asimismo, agrava las condiciones de detención que ya se encuentran caracterizadas por la falta del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, por la sobrepoblación y el hacinamiento, así como por la violencia física y psicológica y el uso de la tortura como práctica habitual”.

Además, hicieron responsable al Estado Nacional de la integridad física de cualquiera de los integrantes de las organizaciones, así como de las personas privadas de libertad que se encuentran realizando huelga de hambre y otras formas de manifestación pacífica en muchos penales del país para expresar su opinión en contra de la reforma.

Otros organismos como el CELS, INECIP y APP explicaron que el proyecto aprobado avanza sobre tipos penales que tienen penas muy distintas, desde el homicidio agravado hasta el robo con armas de utilería y el cultivo de cannabis. El impacto generalizado de esta propuesta señala que ese no es el objetivo real de la reforma y la falta de un verdadero diagnóstico para enfrentar el problema que generó tanta preocupación social. Que el texto “evita discutir el trato de los ofensores sexuales y no plantea políticas penitenciarias ni pospenitenciarias para evitar su reincidencia; además de omitir la existencia de reformas anteriores vigentes –pero nunca puestas en marcha– que apuntan a la misma población.

También descarta “los innumerables análisis que muestran la ineficacia de los aumentos de penas o la limitación de las salidas para disminuir la tasa de delitos. En las provincias donde se realizaron reformas similares, los delitos no bajaron y están bajo estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la crisis penitenciaria que atraviesan”.

Para leer el comunicado de las organizaciones, ingresar aquí: NO AL PUNITIVISMO NO A LA CRIMINALIZACION,

 

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