AMIA: “En Argentina nadie sabía sobre terrorismo”

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A casi un año de su comienzo y a días de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el juicio por encubrimiento llegó a su audiencia 44 con los testimonios de dos empleados del juzgado encargado de investigar qué pasó aquel 18 de julio de 1994. Una misión que terminó en fracaso porque el juez responsable y otros funcionarios investigaron sólo lo que les convino, inventaron pruebas, pagaron por declaraciones falsas, enviaron a prisión a inocentes y dejaron los familiares y a la sociedad sin verdad  y sin justicia.  

Las audiencias anteriores a ésta se llevaron a cabo con declaraciones de agentes de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): no se permitió el ingreso al público ni a la prensa. La lista de nombres para entrar a la sala AMIA de los Tribunales Federales daba la bienvenida sólo a los abogados defensores y querellantes, sus clientes y los fiscales.

Los testigos declararon avalados por un decreto que el ex presidente Néstor Kirchner firmó en 2003 para relevar a los agentes de inteligencia del deber de guardar secreto. Entre otras cosas, eso permitió que en el juicio por el atentado (2001-2004) saliera a la luz un pago de 400.000 dólares que el destituido juez Juan José Galeano y la SIDE le hicieron a Carlos Telleldín para que cambiara su declaración por una falsa: involucraba a policías bonaerenses con el atentado.

A diferencia de ese juicio que anuló la investigación y absolvió a los agentes de la Bonaerense, en esta causa por encubrimiento, el Tribunal Oral Federal 2 decidió que el contenido de los testimonios debía mantenerse entre las partes, lo que llevó a restringir el ingreso y la publicación del contenido.

Los empleados del juzgado

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Gastón Bentancour y Mariana Ércoli -ambos jóvenes ahora y mucho más en ese entonces- comenzaron a trabajar en el Juzgado Federal 9 durante la investigación de la causa AMIA. Ingresar a la sala de audiencias, a la que conocen muy bien, no les costó mucho esfuerzo ya que apenas bajaron algunos pisos en el edificio de Comodoro Py en el que siguen trabajando para el mismo juzgado.

Bentancour trabajaba desde 1999 como escribiente interino y más tarde fue ascendido a prosecretario. Y Ércoli entró en 1998 porque su primo tenía amistad con Galeano y su esposa. A pesar de la cercanía a la investigación, ninguno aportó mucho al debate y ambos alegaron no recordar más que la tarea puntual a la que cada uno se dedicaba.

– Cuando empecé a trabajar en la causa, me asignaron el análisis de pistas de grupos terroristas internacionales – dijo Bentancour.

– ¿Y qué preparación tenía usted para investigar ese tema? – le preguntó Rodrigo Borda, abogado de la agrupación de familiares Memoria Activa.

– Ninguna – contestó y justificó – “en Argentina nadie sabía sobre terrorismo”.

Luego mencionó que, como entendía inglés y francés, el exjuez Galeano le conseguía libros de expertos para interiorizarse en el tema. Y que, dado el volumen de información, en el juzgado trabajaban fines de semana y feriados.

Los recursos, sin embargo, faltaban: “No nos habían dado más que un par de contratos. Las computadoras e impresoras las compramos nosotros”, contó. Así se trabajaba en una de las causas más importantes del país que ya contaba con dos atentados en su historial.

Mariana Ércoli declaró en segundo lugar. Contó que su trabajo se reducía a sacar fotocopias y ordenar cassettes que traían desde la Dirección de Observaciones Judiciales (la llamada “Ojota”) de la SIDE. Y que desde ese puesto “básico y aburrido” no estaba al tanto de la investigación.

Entre lo poco que pudo recordar, mencionó una reunión entre personal del juzgado y los legisladores de la Comisión Bicameral conformada para dar seguimiento a la investigación, para la cual le encargaron fotocopiar “listados de temas y respuestas”.

– Eso lo recuerdo porque fue algo excepcional – contó Ércoli.

–  ¿Y qué temas se trataron? – preguntó Borda.

– Ah. No sé. Los senadores discutían varias cosas y hacían preguntas pero no sé qué exactamente – dijo con voz entrecortada.

Las cámaras ocultas

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Los abogados querellantes, aprovechando el contacto diario de los testigos con la causa, apuntaron a aquello que se descubrió en 1996, cuando se hizo público el video de la negociación de Galeano con Carlos Telleldín para que éste cambiara su declaración. En ese momento se descubrió que en varios despachos del Juzgado 9 había instaladas cámaras y micrófonos para grabar declaraciones. Más tarde -los testimonios de Ércoli y Bentancour lo confirman- los dispositivos fueron removidos y algunos videos relativos a la causa AMIA, quemados.

“Se decía que había cámaras. Pero cuando llegué en 1999 ya no estaban. No sé más que eso”, dijo Bentancour con bastante reticencia a entrar en detalle, como si nunca hubiera hablado del tema en su lugar de trabajo. Lo mismo ocurrió con la actual secretaria del juzgado: “No sé por qué las pusieron. Pero escuché que luego quemaron los videos”, contó.

Así, con menos memoria que información y testigos que se mostraron incómodos para contestar con la verdad, concluyó una audiencia más de un juicio que puede ser histórico, si logra que verdad y justicia formen parte de su sentencia.

Entre la feria judicial y la licencia de uno de los jueces, el debate se retoma recién el jueves 4 de agosto.

Ilustraciones: Eugenia Bekeris, integrante de de Dibujos Urgentes en el Juicio de encubrimiento del Atentado a la Amia, Tribunales Federales de Retiro, 2015 – 2016.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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