Argentina: ¿Abuso sexual en la etnia Wichí? Expertos e indígenas debaten

Cosecha Roja.-

Hace unos años, en 2005, la Policía de Salta detuvo a José Fabián Ruiz, un indígena Wichí de esa provincia. Lo acusaban de violar a Estela Tejerina, su hijastra de 13 años, que estaba embarazada. El hombre, llamado Qa’Tu en la comunidad, convivía con la madre de la chica en Lopocho Mocho, cerca a Tartagal. La directora de la escuela fue quien denunció que el embarazo de la adolescente era producto de relaciones con el padrastro. Acusado de “violación calificada y abuso con acceso carnal”, estuvo preso hasta julio del 2012, aunque aún no ha sido llevado a juicio oral.

La historia tuvo resonancia dentro y fuera de la comunidad Wichí. Gran parte del grupo étnico defiende a Qa’Tu, porque, según ellos, que ella viviera bajo su cargo legitimaba, de algún modo, que sostuvieran relaciones sexuales. Y él, aunque estaba en pareja con la madre de Tejerina, podía acceder a dos mujeres. Sin embargo, para un sector de los Wichí, Qa’Tu es un violador, y la chica, por su edad y circunstancia de dominación, es una víctima de abuso sexual. En Buenos Aires, a 1.750 kilómetros de Lopocho Mocho, hay un debate similar en los círculos del Derecho y de la Antropología Social. Por una parte, se habla de legislación indígena y normas internaciones que protegen a los niños y niñas; y por otra, se polemiza acerca del papel de los científicos sociales que estudian las comunidades indígenas.

El lunes 22 de octubre, Página 12 publicó opiniones que levantaron una polvareda entre los grupos Wichí. Las voces de los antropólogos Morita Carrasco, de la UBA, y John Palmer, estadounidense que reside en Salta, relacionaron el hecho con caracterizaciones de esa cultura indígena. Para ello, mencionaron el lugar del hombre y la mujer adultos, así como el papel que juega la educación impartida por las familias Wichí en el desenvolvimiento de la niña hacia su rol definitivo. De igual manera, los abogados Silvina Ramírez y Carlos Rozanski dieron cuenta del funcionamiento de la normativa indígena versus las leyes nacionales, y se refirieron, ella, a las incompatibilidades de un sistema occidental que juzga a personas que viven en otro contexto, y, él, a la primacía del Derecho Internacional en la protección de los menores de edad.

Las opiniones publicadas en Página 12 tienen réplica. Octorina Zamora, referente del pueblo Wichí de Salta; Leckott Audencio Zamora, escritor Wichí de Chaco; y Eugenia Morey, antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, discuten aquí que la comunidad Wichí haya sido observada desde una lupa de autoridad ajena a ellos y que el abuso sexual sea visto más como un problema cultural que como un delito y un asunto de derechos.

A continuación se presentan apartes de las opiniones expresadas por los distintos expertos.

– Morita Carrasco, antropóloga y directora del proyecto Ubacyt “Aboriginalidad, provincias y nación: reconfiguraciones contemporáneas de las estrategias y demandas indígenas por la implementación de sus derechos”:

Esta comunidad no se maneja con la noción de delito. Entre ellos, una falla reprochable es la falta de generosidad. Tienen un sistema de intercambio de bienes y servicios en función de la reciprocidad. Un valor importante entre los Wichí es el prestigio personal, que se consigue gracias a la generosidad y a la capacidad de aconsejar. Cuando hay peleas, se busca consejo en el responsable de mantener las buenas relaciones en el grupo. Un conflicto frecuente es la pelea entre dos mujeres por un hombre, ante la cual el responsable se ubica como mediador. Si el conflicto no se resuelve, puede suceder que una de las mujeres se traslade a otra vivienda y quizá pida asistencia alimentaria. Los hijos se considera que son del conjunto, no de la pareja.

Desde la primera menstruación, la mujer es casable y busca esposo; éste será el reaseguro de su mantenimiento en el grupo. En una cultura cazadora y recolectora, la mujer necesita un hombre para formar hogar.

No es que vivan en otro tiempo, tienen celulares, computadoras, pero siguen funcionando esos principios lógicos. Y la comunidad no es el asentamiento, sino la red de relaciones entre los parientes.

– John Palmer, antropólogo norteamericano que vive entre los Wichí:

Lo que para nosotros es un adolescente, para ellos es un adulto. Las parejas sexuales se establecen por iniciativa de la mujer; si un hombre toma la iniciativa, se está comportando como una mujer y eso no es aceptado.

– Silvina Ramírez, profesora de Derecho de los Pueblos Originarios, Universidad de Buenos Aires:

En la detención de Qa’tu, no se respetaron las normas de su cultura y se dieron por supuestas las de la cultura dominante, la occidental. Ante las comunidades indígenas, el Estado nacional actúa en forma discriminadora, racista y excluyente. La noción de un Estado intercultural es desconocida por los jueces, pese a que está contemplado en la Constitución nacional y en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007.

El principio de igualdad requiere respetar las diferencias y, en el Derecho Penal, se han generado mecanismos para ello. Es necesario apelar a intérpretes: muchas veces el indígena no sabe por qué se lo está juzgando. En el caso de Qa’tu, en la comunidad había una gran perplejidad: simplemente no entendían por qué estaba en la cárcel.

– Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Federal Oral Nº 1 de La Plata y autor de la ley para casos de abuso sexual infantil:

Hoy todos, wichí o no wichí, deben adherir a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: en la Argentina no se acepta que una niña tenga su despertar sexual con un individuo de mucho más edad que convive con la madre, un perverso, en una relación incestuosa, que inequívocamente está abusando de ella.

En el caso que examinamos no hubo posibilidad de consentimiento válido de la niña, ya que su decisión se basaba en lo que le habían hecho creer que es libre decisión. Una característica del abuso sexual infantil es la “normalización”: el abusador le dice a su víctima que es normal que tenga relaciones con su padre o con su tío. La noción de que en esa comunidad aborigen la adultez empieza con la primera menstruación es una basura que inventan para intentar darle una cobertura teórica: una criatura de 13 o 14 años es una niña, y el derecho internacional ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño.

Cuando se sostiene que el abuso es aceptable por provenir de una determinada cultura, esto es inmediatamente transferido a la normalización de otras situaciones de abuso.

– Octorina Zamora, referente del pueblo Wichí, provincia de Salta:

Que se defienda ese caso de la manera en que ellos consideren, que ellos crean, es una cuestión que no involucra al pueblo y a las costumbres Wichí, para justificar la trata, el abuso infantil y, en el futuro, la violencia de género. Así que yo como mujer Wichí me siento bien afectada, dolida y hasta me siento más vulnerable. Una como mujer trae un montón de cosas que no acepta en esta sociedad: el hecho de ser mujer acá, encima ser india, encima tratar de ser una voz.

Cuando empecé a repudiar en público este delito, esta crueldad, este abuso cometido por un miembro de la comunidad, de un clan, tuve que sufrir que nadie haya salido a respaldarme como mujer. Ni siquiera desde las organizaciones feministas, o desde las organizaciones que están en contra la trata, el abuso infantil y la violencia de género, o desde las organizaciones indígenas. Una está sola. Incluso tuve que sufrir el intento de abuso dentro de mi seno familiar, a raíz de las declaraciones que di. ¿A dónde iba yo a denunciar todo esto? Creen que pueden hacer con nosotros lo que les conviene desde las universidades y la autoridad. Total, según ellos los abusos y las amenazas contra las mujeres que nos atrevemos a hablar son una costumbre ancestral. Además, está esto de que ni la Policía quiere aceptar las denuncias porque es cultural el abuso, dicen. Como el caso que ocurrió hace dos meses, en que la policía no quiso aceptar la denuncia de la mamá de una niña abusada y el comisario le dijo que no hiciera nada, que “esas cosas son costumbre de los indígenas”. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Es una aberración que los científicos estos que entran por la puerta grande de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, se pongan a la par de los abusadores y utilicen a la ciencia para más sometimiento.

Nosotros luchamos para que dejemos de ser una mentalidad colonizadora, colonizada. Luchamos contra el colonialismo para que venga una antropóloga que sale de las aulas de las universidades argentinas, a llevar esa colonización hacia nuestras comunidades y para mantenernos sometidas, y que tome la voz de un extranjero, de un inglés como la voz cantante de los pueblos indígenas. Y llegar a este límite en el que nosotros, gente Wichí, prácticamente somos considerados criaturas, ni siquiera animales, como era antes, sino objetos sexuales. El día de mañana va a desaparecer una mujer indígena y cuando se vaya a poner la denuncia, nos van a decir “no, se habrá ido con algún macho”, como dicen allá, porque para ellos ni siquiera somos mujeres, nos llaman hembras.

Y además de las mujeres, están los niños y las niñas. ¿Qué pasa entonces con los derechos del niño? ¿Con los derechos internacionales de los niños? Yo lo que veo es que los niños criollos y blancos tienen un derecho y los niños indígenas no. ¿Los derechos internacionales no les tocan a los indígenas?

Pero no es solo la violencia de género o el abuso contra mujeres y niños. Nos dicen que eso está permitido, pero otros asuntos como el hambre que viven nuestras comunidades también es abuso, y con eso quieren decirnos que la desnutrición es cultural. Todos los problemas que nosotros estamos pasando en este sistema, dicen, es cultural: el abuso, el hambre, la falta de territorio, los desmontes.

– Leckott Audencio Zamora, escritor wichí, provincia de Chaco:

La erradicación de la violencia contra las mujeres indígenas se debe comenzar respetando sus derechos y en especial a las niñas quienes son las más vulnerables en las diferentes situaciones en que viven. En Formosa existe la perversa práctica de los criollos que llaman el “chineo” que es acosar, perseguir y secuestrar a las mujeres Wichí para saciar sus instintos animales con la violación sexual y después maltratarlas, sin que la JUSTICIA provincial o nacional actúe. En las diferentes provincias existe esta cruel práctica de violar a las mujeres indígenas sin que se haga justicia. Las mujeres indígenas están en un estado total de Indefensión.

Estupefacto, leí la declaración de una “indióloga”, la antropóloga Morita Carrasco, que detrás de lindas palabras como defendiendo los derechos indígenas, entre verdades y mitos creados para ver al “otro” inferior, salvaje, estanco, diferente, etc., incurre en un disparate como lo que dijo su amigo John Palmer, otro antropólogo y una abogada de apellido Alemán, construyendo un discurso para apoyar la liberación de un violador de niña.

Ella dijo: “Desde la primera menstruación, la mujer es casable y busca esposo; éste será el reaseguro de su mantenimiento en el grupo”. Las personas no se comparten y las niñas, después de su primera menstruación, están en camino de ser mujeres adultas, y deben guardar normas. Ahí comienza la enseñanza para prepararse para ser mujer y no para ser “casable”. Después de unos años y cuando ella y la familia (mujeres) lo crea así, ella se pinta y a veces comienza un viaje junto a sus padres para visitar comunidades. Es ella, la mujer, que elige a su futura pareja.

Las declaraciones de la antropóloga Carrasco pueden poner en peligro a las futuras generaciones de las niñas Wichí y de otros pueblos indígenas. Si liberan al abusador de la niña Wichí, el Estado sería un instigador de las violaciones contra las niñas indígenas.

– Eugenia Morey, docente de Antropología Económica, Universidad de Buenos Aires:

En este caso queda claro que la “autoridad etnográfica” dominante está de la mano de los patrones disciplinares de las doctrinas religiosas que los sustentan. Es prueba de ello que se silencien las luchas de aquellas mujeres que -desde las mismas identidades culturales- sostienen que los abusos sobre las mujeres en las propias comunidades responden a las condiciones de vulnerabilidad que imponen los regímenes de dominación más extendidos.

En 2005 una mujer se animó a decir lo que tantas otras silenciaron, buscó pares y sostuvo, hasta donde pudo, su voz denunciando el abuso hacia niñas Wichí. Desde hace décadas, para los pueblos indígenas de nuestro país, hay figuras que conviven allí, por más o menos tiempo, pero ante todo son la voz de autoridad sobre sus realidades. En la red social real en la que se permite la diversidad cultural, las figuras del antropólogo científico y del religioso tienen un papel central. Ambos son autoridad y dan autoridad.

Cuando las mujeres hablaron como la madre y su hija o la niyat y la maestra, denunciando una violación, fueron los hombres quienes corrieron a callarlas en “compañía” luego de otras mujeres que primero se presentaron con sus profesiones como bandera. Así, el silencio volvió a las mujeres Wichí, a quienes se les mostró como lección autorizada en los medios quién tenía derecho de voz. Del abuso se pasó a la falta de entendimiento, a la falta de comprensión, y la violencia colonial tomó nuevamente su lugar de autoridad, otorgando o negando permisos y colocando las jerarquías aceptadas en su lugar. Primero fueron antropólogos y antropólogas, abogadas, caciques y chamanes quienes pusieron en la mesa “verdades inquebrantables” que callaban sus propios intereses.

Las miradas sobre culturas distantes que proponen las antropologías cómplices de las violaciones a los Derechos Humanos, fueron apoyadas por los regímenes autoritarios y callaron la sangre de los pueblos donde las mujeres eran masacradas.

1 comentario
  1. Octorina es injusta con las organizaciones de mujeres, ya que fue por movilizacion de algunas feministas que el INADI apelo el fallo que dejo en libertad al abusador.
    En la propia Universidad de Salta, la Comision de la Mujer, escribio un articulo para la prensa que impugnaba al relativismo cultural aplicado a esta caso.
    Lucia Guerino

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