Argentina: qué pasa con la policía en Santa Cruz

Cosecha Roja.-

Tras 16 días de huelga de la policía provincial en Santa Cruz, el Ministerio de Seguridad envió 450 miembros de la Gendarmería, por pedido del gobierno local, para reforzar la seguridad y garantizar los patrullajes en las zonas afectadas. Mientras tanto el acuartelamiento en las comisarías y las marchas en las calles continúan a pesar de las ofertas salariales del gobernador Daniel Peralta. Desde algunos sectores hablan de la politización del reclamo.

El lunes 2 de julio un grupo de policías de rangos bajos de la Provincia de Santa Cruz, al sur del país, dejaron de lado sus armas reglamentarias y uniformes y permanecieron al interior de sus lugares de trabajo. Los agentes, llamados autoconvocados, reclaman mejoras salariales y laborales que se sintetizan en el aumento del valor punto, con el que se calcula el salario policial. Exigen que de $15 suba a $29, lo que llevaría los $5143 mensuales actuales de básico para un ingresante a $ 9000.

Los primeros focos del reclamo fueron en Caleta Olivia, Río Turbio, Las Heras, Puerto San Julián, Pico Truncado y Cañadón Seco. Desde las comisarías de a poco comenzó a cocinarse el caldo de una protesta que fue contagiándose hacia otras localidades.
“Se subestimó el reclamo, creyendo que se iba a circunscribir al norte de la provincia, a Caleta Olivia, que es donde comenzó todo”, comentó a Cosecha Roja un periodista de la cooperativa trabajadores de prensa El Nuevo Día de Río Gallegos.

Con la medida de fuerza se generó un sentimiento de inseguridad que se esparció entre la comunidad santacruceña. Antes de que la cobertura mediática del reclamo llegara a los medios nacionales, en los límites de la provincia patagónica ya se hablaba de “zona liberada”, de una provincia que era “tierra de nadie” y de una población que se armaba para “combatir la inseguridad”. La fotografía urbana de los bancos y las dependencias oficiales sin custodia colaboró con este clima en las principales ciudades.

“Se habló de cinco autos quemados en Calafate pero la verdad es que esos autos eran todos viejos y aparecieron a la noche. Es sospechoso. Antes del paro, en Calafate había un montón de conflictos vinculados a la inseguridad y paradójicamente ahora no es tanto”, relató un reportero de un diario alternativo local.

Con el transcurrir de los días, el acuartelamiento se complementó con marchas de familiares de los uniformados y de agentes. Sin uniforme y armados con bombos, los policías salieron en varias oportunidades a las calles de las principales ciudades de la provincia.
El gobierno local hizo ocho propuestas de mejora de salario que los policías rechazaron una tras otra. A nueve días de iniciada la huelga, el gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta a través del decreto 1401 otorgó a las fuerzas policiales una cifra “adicional y transitoria no remunerativa” de $800 hasta diciembre de 2012 y el aumento del valor punto a 21,10 para 2013. La alternativa del gobierno local, que planteaba un aumento de un 34%, resultó “insuficiente” para los policías rebeldes que exigen un aumento del 60%.

Luego de esto las negociaciones se estancaron. Peralta desestimó que vaya a formular una nueva propuesta salarial y aseguró que sólo se sentará a dialogar con los movilizados si levantan la medida de fuerza. Además, el gobernador afirmó que se “descontarán los días” a los policías que se encuentran cumpliendo medida de fuerza.

En medio de la huelga, el 11 de julio el conflicto se complejizó con la renuncia del secretario de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, Alejandro Martin.

Frente al reclamo de la sociedad civil, la paranoia mediática entorno a la “inseguridad” y la postura de los policías de permanecer acuartelados en las comisarías, el gobernador Peralta, solicitó el martes 17 de julio al Ministerio de Seguridad nacional el concurso de Fuerzas de Seguridad federales conforme lo contemplan los artículos 23 y 24 de la ley nacional N° 24.059 de Seguridad Interior.

“Más allá del debate sobre si creció o no la inseguridad, era necesario ver gente patrullando las calles porque el acatamiento a la huelga es del 75%. Los bancos tuvieron que cerrar porque no había custodia”, expresó un periodista local en diálogo con Cosecha Roja.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, instruyó el miércoles 18, a la Gendarmería para que se trasladen efectivos de las provincias de Córdoba y La Pampa hacia el foco del conflicto.

“No venimos a mediar en el conflicto sino a garantizar a los ciudadanos de Santa Cruz el derecho a la seguridad con la presencia de las Fuerzas Federales”, señaló el secretario de Seguridad, Sergio Berni, en una conferencia de prensa.

Berni aseguró que se está llevando adelante un “sistema de prevención diferenciado” en el que participan 4.000 efectivos. Los 400 gendarmes enviados por el gobierno nacional se sumaron a unos 1.500 efectivos de Prefectura y de la Policía Federal que cumplen funciones en Santa Cruz y a unos 2.000 policías provinciales que no están de paro.

El secretario de la cartera que conduce Nilda Garré describió la situación como un “refuerzo de efectivos”, ya que los “oficiales jefes de la policía provincial están trabajando, realizando tareas administrativas”.

La decisión del gobierno nacional se produjo luego de que la presidenta Cristina Fernández realizara, hace unas semanas, una crítica al manejo de los conflictos por parte de los gobiernos provinciales, la Justicia y las fuerzas de seguridad provinciales. Los dichos de la presidenta se dieron después de la muerte de gendarmes en un accidente vial al regresar de auxiliar al gobierno de Chubut en un conflicto protagonizado por los obreros de la petrolera Pan American Energy, en el yacimiento Cerro Dragón.

En ese entonces la Presidenta señaló que no movilizaría más a la Gendarmería para que se haga cargo de conflictos locales y que debería resolverse con las fuerzas propias. En el caso del envío de tropas a Santa Cruz, Sergio Berni manifestó que la situación es totalmente distinta ya que “no se trata de un corte de ruta o un conflicto entre privados”.

En el marco de la conferencia Berni aseguró: “el conflicto en Cerro Dragón era un conflicto que había sucedido entre dos particulares y donde la provincia no había agotado todos sus medios administrativos institucionales para llevar a una resolución del conflicto”.
La decisión del gobierno nacional se ampara en la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. “Por la Ley de Seguridad debemos actuar porque no están garantizadas las condiciones de seguridad para los habitantes de la Provincia de Santa Cruz y en ese marco sí estamos actuando. Una vez que el gobernador lo pida, por la Ley de Seguridad obviamente que la fuerzas de seguridad van a estar actuando” expresó Berni.

Esta legislación en el Artículo 23 establece las condiciones para envío de fuerzas federales en el marco de una situación de “peligro colectivo de vida, libertad y patrimonio”, amenaza “contra los derechos y garantías constitucionales” y “situaciones de desastre según los términos que norman la defensa civil”. Mientras que el Artículo 24 aclara que, de todos modos, aunque se presenten las situaciones antedichas, debe ser el Gobernador de la provincia afectada quien solicite el “concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional”.

Desde el gobierno local aseguran que la huelga está siendo fogoneada por Mario Monsalvo, un ex suboficial que fue exonerado el 26 de junio de este año en la antesala del conflicto. Monsalvo fue puesto a disponibilidad luego de que realizara una serie de reuniones con otros efectivos con el objetivo de llevar adelante las manifestaciones y reclamos que luego se materializarían en la huelga. En Argentina está prohibido que la policía se sindicalice. La reglamentación no permite los reclamos colectivos de este tipo y las sanciones pueden ir desde el arresto, la suspensión de empleo, la cesantía e incluso la exoneración.

Hace una semanas, el ahora ex secretario de Seguridad de la provincia, Alejandro Martín, Martín y vinculó a Monsalvo con “el sector político del ARI”. “Es una medida política que pretende desestabilizar al gobierno provincial, de parte de un hombre que legalmente ya no pertenece a la fuerza”, opinó el funcionario.

El reclamo de las fuerzas policiales en Santa Cruz remite directamente a los sucedido en junio en Bolivia y a la vez hace emerger un debate que está sobre la mesa hace un tiempo: el rol político de las fuerzas policiales en una época en la que los ejércitos dejaron de ser un actor capaz de disputar y desestabilizar al poder.

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