Bolivia: Ichilo, víctima y cómplice del narcotráfico

bolivia 1Por Nelfi Fernández Reyes – El Deber.-*

Los únicos departamentos en Bolivia donde se puede cultivar coca legalmente, en regiones específicas, es La Paz y Cochabamba; sin embargo, hay plantaciones en la provincia Ichilo de Santa Cruz, así como trasiego de precursores químicos y fábricas de cocaína.

 El Gobierno reconoce que no da abasto para combatir el narcotráfico y que algunos pobladores se dedican a esta actividad ilícita, mientras otros son cómplices por el miedo que los obliga a guardar silencio.


1.- La hoja milenaria en un lugar prohibido

Los cocaleros han ingresado al Parque Nacional Amboró a plantar ilegalmente coca. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, confirma que esta producción va al narcotráfico. 

Atrás quedan los ríos Surutú, Isama, Llantatá y Mataracú. Después de recorrer 25 kilómetros, partes en vehículo y otras a pie, se avista el primer cultivo ilegal de hoja de coca de una superficie aproximada de dos tareas (20.000 metros cuadrados cada tarea). Protegido por un bosque de unos 30 metros de altura y sin más camino que el de los animales salvajes, se yergue en una de las esquinas del Parque Nacional Amboró, en el sindicato Mataracú de la provincia Ichilo.

Las plantas no tienen hojas, al parecer recién fueron cosechadas. Una sola persona no fue vista por la zona, solo se encontraron botes de agroquímicos que se aplicaron al cocal. A medio kilómetro de distancia había otra plantación de coca, de una tarea (10.000 metros cuadrados) de extensión.

Funcionarios de la Alcaldía de San Carlos también corroboraron y recibieron denuncias de la existencia de seis cultivos de coca en el sindicato Oriente Chicha y de al menos ocho en el sindicato Mataracú, todos dentro del parque Amboró.

La gigantesca marea verde de árboles y la falta de caminos son una ventaja para los cocaleros que, contraviniendo las leyes, talan árboles para plantar la hoja milenaria que, según el Ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, es destinada al narcotráfico.

El alcalde de San Carlos, Serafín Espinoza, admite que a su despacho le han llegado denuncias de presencia de cultivos ilegales de coca; sin embargo, cree que algunos campesinos siembran el arbusto para su consumo. Pese a ello, dijo que trabaja en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para que intervenga y erradique cocales.

Serafín es un firme creyente de que solo con proyectos que permitan a los agricultores incrementar su producción y mejorar sus condiciones de vida se evitará que caigan en las redes del narcotráfico. Otra de las prioridades para este alcalde norteño es la educación en valores a los colegiales para que aprendan a decirle no a las drogas.

El responsable de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz en Ichilo, Enrique Hidalgo, dice que se ha puesto en marcha una campaña, junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en las unidades educativas de la provincia Ichilo para que los estudiantes no se dejen seducir por el narcotráfico.

El informe que la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó en junio de 2014 da cuenta de que hasta el cierre de 2013 Bolivia tenía una superficie de 23.000 hectáreas de cultivos de coca repartidas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De esa cantidad, el país solo necesita 14.000 hectáreas para el consumo.

En Bolivia, los únicos lugares autorizados para la siembra de este arbusto son los Yungas de La Paz y el trópico de Cochabamba; sin embargo, y pese a ser ilegal, la ONU registró 48 hectáreas en la provincia Ichilo de Santa Cruz, región en la que los cultivos de coca excedentaria han aumentado un 3%, en comparación a 2012.

2.- El Gobierno, con escaso control en las aguas del Ichilo

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, reconoció que en el río Ichilo el Gobierno no tiene control. Dijo tener conocimiento que por este afluente se trasiega coca de Chapare destinada al narcotráfico. 

Brama y el ruido rompe el silencio impoluto de la noche agostina en el río Ichilo. No hay viento, solo oscuridad. El sonido del motor no proviene de algún vehículo acuático, sino del interior de la selva de Puerto Ichoa. A decir de algunos pobladores y pescadores de la provincia Ichilo, esas máquinas pican hoja de coca que alimenta al narcotráfico y es ‘normal’ que empiecen a funcionar después de que se esconde el sol.

Por ejemplo, un pescador contó que alguien, en Puerto Grether, le ordenó que se alejara de allí después de machetearle su conservadora. Otro dijo que en Chipiriri, una lancha se acercó y quien la conducía le dijo con total descaro: “Usted haga lo que quiera, que yo hago lo mío, pero ojo: aquí no vio nada”. Aunque absurda, pero fue lanzada la pregunta: “¿Y usted qué hizo?”. “Nada”, respondió. “Para qué ‘abrir la boca’ si valoro mi vida”. Al rato dice que ya eran dos los que pasaron a bordo de la misma lancha, pero esta vez, cargada de taques de coca.

Estos testimonios impulsaron a EL DEBER a navegar, a contracorriente el Ichilo desde Puerto Villarroel, frontera de Cochabamba con Santa Cruz, pasando por Puerto Ichoa y Puerto Grether, hasta ingresar a la provincia Ichilo, por el municipio de Yapacaní. Durante las 48 horas que duró la travesía se escuchó, después de las 18:30, a unos cuatro motores funcionar a una cierta distancia de la orilla del río.

El atascamiento vehicular, normas de tránsito o semáforos que controlan el tráfico de cualquier ciudad del mundo, no existen en este lugar. Por allí circula lo que usted quiera que circule, con o sin prisa y a cualquier hora del día, pero cuando el sol se esconde el movimiento no solo es sobre las aguas del Ichilo, sino también en sus riberas.

La actividad pesquera es intensa, el transporte acuático también. Pescadores lanzando el anzuelo o la red se ven a lo largo y ancho del afluente amazónico de aguas profundas y sin piedras a la vista.

Embarcaciones con madera, productos agrícolas, bidones de combustible, conservadoras y cargamento cubierto con frazadas pululan en el Ichilo.

Este río es una mina de oro de 7.968 km2. Centenares de especies acuáticas se arrebujan en su seno y un trenzado bosque custodia sus orillas. Allí habita el único bufeo que tiene Bolivia, el Inia boliviensis, que no se hace problema por chapotear junto a los peces, patos y garzas, produciendo una espectacular vista.

Coca ilegal de Chapare

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El Gobierno ha revelado que en este pedazo del territorio de Bolivia no tiene control. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, dice que es “humanamente imposible” controlar lo que se mueve en este río, pese a que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y los Diablos Azules de la Naval redoblan sus esfuerzos en los operativos para frenar las actividades relacionadas con el narcotráfico.

Cáceres afirma que por tierra y agua ingresa a la provincia Ichilo coca ilegal de Chapare y de Yungas, así como precursores químicos y combustible, todo esto destinado a la elaboración de la cocaína. La figura es clara para el viceministro, explica que “hay miles de desvíos, si no es por los caminos es por los ríos. De noche trasladan coca sin ningún tipo de autorización”.

La provincia Ichilo descansa sobre 14.232 km2, en el norte de Santa Cruz. Dentro de sus fronteras viven, según el censo de 2012, 92.721 personas, repartidas en cuatro municipios: Buenavista, San Juan, San Carlos y Yapacaní.

En la mira del Gobierno

Desde el último lustro este territorio está en la mira del Gobierno por la presencia del narcotráfico. Solo en un año, de marzo de 2012 a marzo de 2013, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), según un informe del Ministerio de Gobierno, ha ejecutado 6.097 operativos, lo que permitió desmantelar 6.021 fábricas de cocaína y detener a 26 presuntos narcos con 15 toneladas de cocaína.

Según la cobertura periodística del diario EL DEBER, la Felcn, de enero a septiembre de 2014, incautó de 1.568 kilos de cocaína sólida, 950 litros de cocaína líquida, 8.000 litros de precursores químicos y desmanteló 124 factorías. Solo hubo 27 personas detenidas.

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3.- Yapacaní, el municipio que no quiso una base antidrogas que combata al narcotráfico

En marzo de 2013 las organizaciones sociales de Yapacaní, municipio más poblado de la provincia Ichilo, marcharon y bloquearon caminos en contra de la iniciativa de construir una base antidrogas. Hubo amenazas de muerte de por medio.

Eran las 16:00 de un soleado 26 de marzo de 2014 en Puerto Yapacaní. Tomás Cailo, junto a sus hijos, desde su casa, vio cómo un helicóptero aterrizó en una de las esquinas de su terreno de 11 hectáreas, ubicado a cinco kilómetros de la plaza de Yapacaní.

En la aeronave llegó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres; Nicolaus Hansmann, agregado de la Unión Europea en Bolivia y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Mario Centellas.

La actividad había iniciado minutos antes. Tomás había visto llegar a autoridades policiales y políticas, acomodar tiendas de campaña para que el sol no picase a los invitados y ordenar más de una decena de sillas blancas a una cierta distancia de cuatro piedras y cinco ollas de barro, con una cinta tricolor en el cuello.

Un grupo de efectivos de la Felcn estaba en perfecto orden, listo para empezar el acto. En la otra esquina del terreno, que queda sobre la carretera a Cochabamba, un medio millar de personas se disponía a ingresar por la fuerza. Freddy Machaca los dirigía.

A Tomás nadie le pidió permiso para ingresar a sus tierras, tampoco para construir un cuartel o una feria productiva. La mala suerte y la burocracia estatal se le cruzaron en el camino a este agricultor que vive en ese lugar desde 1980. Sus padres le dejaron a él y a sus tres hermanos una herencia. Una parcela de 30 hectáreas que fue dividida en cuatro pedazos. A Tomás le tocaron seis y con el tiempo se compró otras cinco, haciendo un total de 11.

El problema surgió cuando el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) llegó a Yapacaní a sanear las tierras y la parcela de los Cailo tenía cuatro dueños. “No pude hacer sanear mis 11 hectáreas. Me dijeron (los técnicos del INRA): ‘Nosotros no hemos venido a trabajar por pedacitos’. Todos los demás (vecinos) lo hicieron, menos yo”. Desde 2000 empezó su viacrucis.

Estaba en pleno papeleo con el INRA cuando el Gobierno le ‘echó el ojo’ a su parcela para construir una base antidrogas. ¿Le pidieron permiso para ingresar y colocar la piedra fundamental? Tomás asegura que no, porque no pudo reunirse con ninguna autoridad del Estado.

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Amenaza de muerte

Tomás dice que en varias oportunidades personeros del Gobierno tomaron contacto con él para que accediera a vender al Estado cuatro hectáreas de tierra para la edificación del cuartel de Umopar. Cuando se acordó la fecha de la reunión en la sede de Gobierno, La Paz, para oficializar el negocio, él no viajó.

¿Por qué? Su respuesta cae como un ‘balde de agua fría’. “El pueblo ha dicho que si yo aceptaba ese convenio, no contaría con mi vida”. Tomás relata que tres días antes de viajar a La Paz, cerca de la medianoche escuchó los bocinazos y ruido de motocicletas que estacionaban en el ingreso a su casa; cuando salió, eran como unos ocho mozalbetes que le traían un mensaje: “Si usted vende su terreno o si hace algún convenio, no cuente con su vida”.

La oposición a la construcción de la base se acrecentó y Tomás quedó entre dos bandos. La presión social lo obligó a comprometerse a donar tres hectáreas para que Yapacaní edifique su feria productiva. En ese ambiente es que los representantes de la Unión Europea, la Policía y el Gobierno se aprestaban a inaugurar el cuartel de Umopar. El discurso, el colocado de la piedra fundamental, el corte de cinta y la challa no duraron ni 30 minutos. El helicóptero echando polvo, se perdió en el aire llevándose a los invitados.

Inmediatamente se armó la trulla. Los enardecidos yapacanicenses, azuzados por sus dirigentes, explosionaron petardos y lanzaron piedras y palos. La Policía gasificó y la prensa tuvo que ser evacuada.

Los que se oponían a la construcción de la base antidrogas argumentaban que lo hacían porque los ‘leopardos’ cometían abusos contra la población. En ese momento no les importaron las promesas del Gobierno de que así se acabaría con el narcotráfico y se reduciría la violencia, tampoco la inversión de Bs 7,2 millones del Estado y de la Unión Europea. Se pusieron tercos.

El entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que algunos dirigentes apadrinaban a los narcos; sin embargo, las movilizaciones le torcieron el brazo al Gobierno y esta obra cambió de lugar. El municipio de San Juan ofreció 34 hectáreas y cinco meses después, Jorge Pérez, ministro de Gobierno; Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social; Francisco García, representante de la Unión Europa y el jefe nacional de la Felcn, Mario Centellas, junto a autoridades políticas locales, inauguraron la construcción del cuartel de Umopar, con una inversión de Bs 9,4 millones.

5.- Confesiones de un expeón del narcotráfico

Un antiguo colaborador de la industria ilegal de la droga en la provincia Ichilo revela cómo ese gran negocio recluta gente, cómo se organiza y qué riesgos tiene ingresar en esa estructura. 

Una gota de sudor surca su frente morena. Con una de sus manos callosas se saca la gorra e improvisa un abanico. El bochornoso clima norteño de más de 35 grados da para eso y más. “Qué calor”, dice José Antonio, nombre ficticio por petición de él mismo, como tratando de apaciguar los nervios.

José Antonio revela que ha sido un ‘mat’a’ del narco (persona que pica la coca). Al menos dice que eso es cosa del pasado. Vive en la provincia Ichilo,  y sus amigos, vecinos o compañeros de colegio están relacionados directa o indirectamente con el negocio del narcotráfico. Esa ‘movida’ le es conocida.

-¿Por qué nunca caen los ‘peces gordos’ en los operativos policiales? – es la primera pregunta.

-Hay niveles y todos están muy bien organizados y pagados. Hay informantes en los lugares que usted menos se imagina – responde.

Es un círculo que se extiende y acoraza comprando conciencias, reflexiona José Antonio. Tiene su propio lenguaje y organización. Nace con los cultivos ilegales de coca. Los cocaleros venden su producto a las ‘hormigas’ o personas que trasiegan la hoja milenaria. Los mat’as convierten la coca, con la ayuda de precursores químicos, en cocaína y ‘las mulas’ se encargan de hacerla llegar a su destino, dentro o fuera de Bolivia. Esa información coincide con los datos proporcionados por un funcionario municipal de la Alcaldía de Yapacaní y por un exfiscal de Chapare.

Las campanas suenan en todos lados

En la provincia Ichilo, lugar donde se desarrolló durante tres meses esta investigación periodística, hay vigías en los lugares más insospechados. José Antonio explica que guachimanes, guardias, informantes, soplones o campanas se les llama a las personas que alertan a los narcos del desplazamiento de los ‘leopardos’ (agentes antinarcóticos). También son los que delatan a los pobladores que no están de acuerdo con esta actividad ilícita.

José Antonio cuenta que tiene un pariente ‘campana’. Dice que por él sabe que los soplones están en todos lados, en los pueblos, en los puestos de control de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), merodeando por los alrededores de las bases de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) o de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). La tajada que reciben es de acuerdo con el chivatazo. Va desde 200 hasta 300 bolivianos. Pero no solo es plata: también reciben motocicletas, vehículos de cuatro ruedas y teléfonos celulares.

-Si me ayudas honestamente, te quedas con el fierro- es la promesa con la que caen los novatos, explica. Con esas dádivas el narco ha extendido sus tentáculos. Lo que revela José Antonio tiene relación con lo sucedido con un dirigente de Yapacaní, que después de apalabrar una entrevista con EL DEBER, dio un paso atrás diciendo que había sido amenazado de muerte.

Ingresar al negocio

No cualquiera ingresa al ruedo, tiene que pasar una prueba de confianza o ser sugerido por alguien. Los reclutados para elaborar el ‘producto blanco’ son los que montan las fábricas y están bajo el mando de alguien que, a la vez, rinde cuentas a un jefe y este, por lo general, a la persona que deja el dinero y recoge los ‘ladrillos’ de Ichilo. Según nuestro entrevistado, son dos los mayoristas o capos que se llevan la cocaína de esa provincia cruceña.

-Si entrás al negocio sabés que no tenés que abrir la boca y que tu tiempo ya no es tuyo, cualquier rato te pueden llamar. Tu vida depende de un teléfono. Es a perderse en el monte dos días o más, pero salís con plata.

Explica que los que se internan en los lugares más inhóspitos de la selva –mientras más inaccesibles, mejor, así no los pillan.

-¿Qué hacen o que hacía usted?

-Remojar, remover y picar (con motores) la coca para pasársela al ‘químico’, que es el que la procesa (con cemento, agua, cal, gasolina, clorhidrato de sodio y coca picada) hasta que sale la cocaína. El químico es el que más gana, fácilmente en 24 horas se embolsilla unos mil bolivianos.

– ¿Y los mat’as cuánto ganan?

– Como 400 bolivianos por día – dice José Antonio y se queda callado, solo por unos segundos– Pero no todo es color de rosas. Si haces algo indebido, morís como un perro. Los jefes no se van a tentar el corazón para mandar a sus matones a que te silencien.

– ¿Sabe de alguien que haya muerto de esta forma?

– Sí, un amigo –duda José Antonio y luego agrega- bueno, no tan amigo. Estaba en el negocio, tenía plata para votar. Siempre era el que pagaba los tragos en los boliches cuando de repente apareció degollado en el kilómetro cerca de San Germán. Nunca se supo quién, ni por qué. Está enterrado en el cementerio de San Carlos, en un nicho prestado, porque ningún familiar se acercó a reclamar su cuerpo.

-¿Por qué cree que lo mataron?

– Tal vez habló demasiado o malgastó el dinero que le dieron.

– ¿Es fácil ingresar al ‘negocio’?

Antes de responder José Antonio arquea una ceja –es fácil entrar, una vez te aceptan, es difícil salir. Ahora veo a colegiales, hombres y mujeres, que hacen de soplones. No creo que sean consientes de lo que les espera- su voz suena a sentencia.

5.- Ichilo, bajo el estigma del narcotráfico

En varias oportunidades el Gobierno ha calificado a la provincia Ichilo de ser ‘zona roja’ del narcotráfico. Autoridades y dirigentes dicen que por unos pagan todos, que el estigma del narco impide ver la producción agrícola, ganadera y pesquera de la región.

El Gobierno en más de una ocasión ha señalado a la provincia Ichilo como ‘zona roja del narcotráfico’. En marzo de 2014, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró que en Yapacaní había pobladores y dirigentes que protegían a narcotraficantes. Esta aseveración fue realizada justo cuando este municipio se opuso a la construcción de una base militar antidrogas.

Medio año después, Romero, en plena campaña para senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), puesto que ganó en las elecciones generales del 14 de octubre, se mantuvo firme en la misma posición. “Yo declaré que no solo Yapacaní, sino Santa Fe, Nuevo Horizonte, San Germán, Kilómetro 7 y Buenavista son municipios en los que se ha encontrado actividad de producción de droga y me ratifico en esa caracterización. Me ratifico en que no son municipios que están controlados por cárteles, sino que hay emisarios de cárteles. Hay laboratorios y fábricas móviles (de cocaína), eso sí existe, y existe también un cuartel de Umopar que funciona y trabaja”, sostiene el ‘hombre fuerte’ del Gobierno del MAS.

Este calificativo no es bien recibido por el alcalde de Yapacaní, Senobio Meneses. La autoridad municipal cree que en las afirmaciones de Romero hay un trasfondo político y reta al Gobierno a controlar el trasiego de la hoja de coca. “Cuando a Yapacaní deje de ingresar coca de Chapare no va a existir más el narcotráfico. Es obligación del Estado controlar esto”, sostiene.

Otro que mantiene esta misma posición es Freddy Machaca, dirigente del distrito 2 de Yapacaní. Compara al narcotráfico con una panadería. “Mientras haya harina va a haber pan y mientras haya coca va a haber cocaína; quien tiene que controlar esto es el Gobierno”, afirma.

El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz, Alexander Rojas, y el viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, insisten en que es necesario diferenciar a la gente que se gana la vida de forma honesta de aquella que se beneficia del narcotráfico.

“Muchos pobladores son nuestros aliados, nos dan información, pero, sabemos que en estos lugares también hay gente que está trabajando (con los narcos)”, dice Rojas. A diferencia de otros años donde los narcos emboscaban y asesinaban a policías, el jefe policial está seguro de que en la actualidad no hay en Bolivia ningún lugar impenetrable para la Felcn.

Las dos caras de Ichilo

En Yapacaní, uno de los cuatro municipios de la provincia Ichilo, hay dos realidades, la que se maneja en los discursos oficiales y la que sucede diariamente. Allá hay muerte, violencia, cocales, fábricas de cocaína, miedo y silencio cómplice, pero ‘Don Cuchillo’ está seguro de que son solo unos cuantos los ‘malos de la película’ y que las consecuencias la paga un pueblo que la suda día a día para ganarse honestamente sus ingresos económicos.
El nombre real de ‘Don Cuchillo’ es José Antonio Gonzales Acero, es el representante del barrio 24 de Septiembre. Como él, las dirigentes de los barrios Villa Nueva y 6 de Agosto, Juana Medina y Verónica Chore, aceptaron hablar del problema del narcotráfico en Yapacaní.

Una de las esquinas de la plaza central de Yapacaní es el escenario de la reunión. Antes de empezar la entrevista ellos dejan en claro que en ese municipio no se apadrina al narcotráfico. Sobre la negativa a la construcción de la base antidrogas, dicen que no fue por defender a este negocio ilegal.

En palabras de los dirigentes, lo que los llevó a oponerse a este proyecto gubernamental fue el miedo a los abusos de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), conocidos como ‘leopardos’.

Como ejemplo, citan un tiroteo en el barrio Villa Estudiante, en el que, a plena luz del día, los agentes antidrogas se agarraron a tiros con los narcos. “Supóngase que ahí haya habido un transeúnte, una bala perdida y lo matan”, dice Don Cuchillo, que está seguro de que un cuartel cerca no es garantía para reducir la violencia y la producción de la cocaína.

Los dirigentes defienden que Yapacaní es un municipio de gente que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura, pero que es mal visto por el narcotráfico, actividad ilícita a la que dicen que solo se dedican unos cuantos.

Para ellos el Gobierno se equivoca de lugar con la base antidroga, creen que debería estar instalada en el límite entre Cochabamba y Santa Cruz, en los pueblos de San Germán o Nuevo Horizonte, donde la Felcn ha descubierto la mayor cantidad de fábricas de cocaína.

El comandante de la Policía de Ichilo, Gualberto Dávila, tiene otra versión, dice que de los cuatro municipios de esa provincia, Yapacaní es el más violento. Es donde se reportan más casos de personas desaparecidas, hechos de sangre en altas horas de la noche y en caminos hacia las comunidades. “Los ajustes de cuentas son por problemas con el narcotráfico”, afirma.

El narco no quiere control en la zona

Si Yapacaní logró que el Gobierno desistiera de construir el cuartel policial en ese municipio, su vecino San Juan se ofreció voluntario. La edificación de la primera fase ha comenzado en agosto. Para los opositores esta no fue una buena noticia y apuntaron a la persona que ofreció las 34 hectáreas, el alcalde Katsumi Bani.
Un pronunciamiento público, escrito en una página y firmado por cinco dirigentes, declara a Bani persona no grata y le pide al pueblo de Santa Fe levantarse en su contra, así como oponerse a la construcción de la base antidroga.

El alcalde de origen nipón dice que esta no es la única amenaza. Mediante un correo electrónico recibió una amenaza de muerte contra él y su familia. “Esto no nos hace retroceder, es una política de Estado y nos mantenemos firmes”, señala.

Es un convencido de que esta es una de las formas para combatir el narcotráfico. “En Ichilo no solo se produce cocaína, sino que se la cristaliza”, dice. “Que seamos tildados de ser una zona del narcotráfico, no es solo una preocupación sino una amenaza”.

6.- ENTREVISTA

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Felipe Cáceres – viceministro Defensa Social y Sustancias Controladas

“La coca que se siembra y que ingresa a Ichilo es para el narcotráfico”

La autoridad revela que pese a los esfuerzos de la Fuerza Antidrogas es difícil combatir el narcotráfico en Ichilo, provincia en la que se han detectado cultivos ilegales de coca, desvío de combustible y fábricas de cocaína. 

El hombre que desde enero de 2006 es responsable del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas nos recibe en un cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) situado en el límite entre Santa Fe y San Juan, provincia Ichilo. Después de un par de semanas de intercambio de correos, llamadas telefónicas, mensajes de texto con sus asistentes, por fin se materializa la entrevista.

Pese a su apretada agenda, por 45 minutos, se olvida del reloj y habla de la batalla diaria que su viceministerio entabla contra el narco en la provincia Ichilo, donde dice que los operativos son permanentes para desmantelar fábricas de cocaína, contrarrestar precursores químicos y hoja de coca y erradicar cocales ilegales.

En la provincia Ichilo hay cultivos ilegales de coca, incluso en áreas protegidas, como es el caso del Amboró ¿Qué está haciendo el Gobierno al respecto?

Por supuesto que sí, hay cultivos ilegales en la provincia Ichilo. Ahí no tendría que haber ni una planta de coca, pero la gente que emigra del interior del país, con el pretexto de no tener fuentes de trabajo o ser pobre ingresa al parque Amboró o a otras reservas forestales y lo único que hace es chaquear, desmontar y cultivar coca. Lo peor es que esta hoja de coca tiene como destino único alimentar la actividad del narcotráfico. Frente a esta situación, el Gobierno, en el marco del cumplimiento de la agenda de lucha contra el narcotráfico gestión 2011-2015, tiene un campamento en Ichoa, provincia Ichilo, con 70 efectivos (destinados) a la erradicación forzosa de cocales.

Los ríos caudalosos y la falta de caminos son una ventaja para los narcos…

En la noche la actividad del narcotráfico se intensifica, en estas zonas no hay caminos, entonces utilizan canoas y botes (en los ríos). Ahí hemos hallado precursores químicos, ácido sulfúrico, cal, acetona y gasolina, elementales para la elaboración de la cocaína. Para contrarrestar esto, el Estado ejecuta operativos. En la provincia Ichilo no solo se han encontrado fábricas grandes de elaboración de cocaína, sino también laboratorios de refinación.

¿Por qué en los operativos son pocos los narcos capturados? ¿Cuentan con la ayuda de los pobladores?

No se puede satanizar a un pueblo, como es el caso de Yapacaní, pero sí hay gente inmiscuida en la actividad del narcotráfico; son unos cuantos. Yapacaní es un pueblo digno, es una zona altamente productiva. Respecto a qué pasa con los ‘peces gordos’, lastimosamente los grandes narcotraficantes no están inmiscuidos en el tráfico, ellos ponen capital y el apoyo logístico, desde vehículo hasta medios de comunicación sofisticados. Están, me imagino, gozando de esa plata en el extranjero. Los que caen son los de abajo, es por eso que gracias a Dios ahora en Bolivia se descartan cárteles. Peces gordos no hay. La actividad del narcotráfico en el territorio nacional está en un nivel de clanes familiares.

Hay dirigentes de Ichilo que señalan que la falta de control, especialmente en Bulo Bulo, permite el ingreso de hoja de coca de Chapare y el incremento del narcotráfico en Ichilo. ¿Usted qué opina?

Completamente falso. En Yapacaní, como en la provincia Ichilo, hay comunidades que producen coca. No me van a decir que toda la coca que entra es de Chapare. En Yapacaní se está produciendo coca y ellos lo saben. El campamento de Ichoa está erradicando estos cultivos. Por otro lado, es evidente el desvío de la coca que ingresa del lado de Chapare y de un lado de Yungas, eso es verdad, ahora que digan que con un mejor control en la tranca de Bulo Bulo (habría menos cocaína) es totalmente falso.

¿Por otro lado desvían también?

Hay miles de desvíos, si no es por los caminos es por los ríos. De noche trasladan coca sin ningún tipo de permiso o algún de tipo de autorización.

También hay desvío de combustible…

Para el Gobierno realmente es complicado. De mi despacho depende la Dirección Nacional de Sustancias Controladas, que regula y fiscaliza la venta de combustible; entonces, lastimosamente existe el desvío, (los narcos) con autorizaciones legales adquieren combustible. Debe haber un mal productor o empresario que desvía y alimenta al narcotráfico. Entonces esto es un desafío para las autoridades. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) trabaja los 365 días del año y los resultados están ahí, hay droga incautada.

Hay denuncias de que los ríos de la provincia Ichilo son utilizados para transportar precursores químicos, coca y droga. Si la Felcn pone su mejor esfuerzo, lo que hace pareciera no ser suficiente.

La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), dependiente de la Felcn, está siendo apoyada por los Diablos Azules de la Armada Boliviana. Son oficiales navales peritos en navegación. Se realizan patrullajes continuos, pero es humanamente imposible controlar todo.

¿Y si se reducen los cultivos de coca excedentaria?

Todos los años erradicamos, ya parece un círculo vicioso. Logramos erradicar en Ichilo, en San Germán, en Nuevo Horizonte, en el Parque Nacional Amboró, en la reserva Choré. Si este año decimos: “Cero de coca en Yapacaní”, al próximo año otra vez hay gente que hasta siembra en el mismo lugar. Se hacen sinvergüenzas, replantan en el mismo lugar y aumentan los cultivos. Esto es de todos los años.

¿Por qué no se sanciona a los cocaleros reincidentes?

Hay un vacío legal en la Ley 1008. Los que reinciden en plantar ilegalmente coca deberían ser sancionados. Para frenar esto estamos trabajando en la modificación de la Ley General de Coca y de la Ley de Sustancias Controladas. Aquí vamos a ser durísimos. Se va a controlar la venta de precursores químicos y a sancionar a los productores de coca en zonas que no está permitido este cultivo.

¿Cuánto de coca se ha erradicado en lo que va del año?

Unas 7.000 hectáreas en todo el país, el 15% de eso se lo ha erradicado en Yapacaní. Donde más se erradica es en Chapare, en las seis federaciones de las que honoríficamente nuestro presidente es dirigente.

Videos: Nelfi Fernández Reyes y Jimmy Cruz Osinaga
Infografía: Christopher André Díaz
Fotos: Hernán Virgo, Jorge Gutiérrez, Ricardo Montero, Nelfi Fernández

*Esta investigación se desarrolló en el Seminario Taller de periodismo especializado en la cobertura de seguridad ciudadana, del que participaron 20 periodistas de América Latina. El encuentro organizado por la FNPI (Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano) fue en Bogotá, Colombia en mayo de 2014.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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