Condenados por narcos ante las cámaras de televisión

Tribunales paralelos en México

Daniela Rea.-

El 13 de agosto de 2010 cinco jóvenes fueron presentados ante los medios de comunicación como autores del coche bomba que detonó en Ciudad Juárez el verano de ese año. Para el gobierno de Felipe Calderón el caso estaba cerrado. Casi cuatro años después demostraron que la policía les arrancó la confesión bajo tortura, la única prueba que tenía la PGR contra ellos. Este es tan solo un caso de cómo la justicia se trasladó a los tribunales mediáticos para que el gobierno pudiera argumentar el triunfo de su estrategia y la sociedad, sintiera al fin dormir tranquila.

Cuando terminó la cita con el abogado Javier Cruz Angulo los familiares de los cinco detenidos salieron derrotados. No les quedaría otra que dejar su vida y volcarse a la defensa de los muchachos. Así navegaron un par de años hasta que el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte asumió el caso.

Pese a que los jóvenes fueron presentados como responsables de detonar un coche bomba y como asesinos de federales, en el proceso en su contra no se registran esos cargos, una práctica común de los tribunales paralelos: acusarlos ante los medios por una razón que ni siquiera se investiga.

Casi cuatro años después de aquel 13 de agosto de 2010 los jóvenes fueron liberados y lograron demostrar que la confesión que tenía la justicia para incriminarlos había sido obtenida bajo tortura.

Rogelio Amaya Martínez, Noé Fuentes Chavira, Gustavo Martínez Rentería y los hermanos Víctor Manuel y Ricardo Fernández Lomelí iniciarán acciones legales contra quienes los declararon culpables ante las cámaras de televisión.

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– Si quieren ver a sus familiares libres tienen dos opciones- comenzó el abogado Cruz Angulo en crudo, sin espacio a socializaciones. -Conseguir cualquier abogado que les irá sacando 40 mil, 50 mil pesos sin lograr nada, dejándolos ahí 30, 40 años, o contratar a un abogado que se dedica a defender narcos y que puede cobrarles 5 millones de pesos, con la certeza de que los dejará libres.

Sus palabras cayeron sobre la mesa como el golpe de un mazo que termina de matar a un animal. El abogado y los familiares de los cinco jóvenes detenidos en la víspera estaban reunidos en un café en la colonia Condesa.

– Si no tienen dinero, tendrán que hacerse a la idea de que dedicarán el resto de su vida a defender a los muchachos. Dejar su vida, meterse a estudiar derecho y ver qué pueden lograr- agregó.

Los familiares habían llegado a él después de visitar a otros tres abogados y cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos en el Distrito Federal. Ahí estaban sus últimas esperanzas para sacar de prisión a cinco jóvenes acusados de ser narcos y de haber puesto el coche bomba en Ciudad Juárez, aquél verano del 2010, donde cuatro personas murieron: un policía federal, el doctor Guillermo Ortiz, que acudió a brindar auxilio a un herido, y dos personas no identificadas.

Habían escuchado que él y su equipo de abogados del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica) sacaron de la cárcel a indígenas acusados de la masacre de Acteal porque su proceso judicial fue violado de tal manera que ya no había posibilidades de saber si fueron o no culpables, que se dedicaba a casos emblemáticos, polémicos, y estaban seguros que la violación al proceso de los muchachos era una esperanza para que pudiera tomar el caso.

-¿Y usted no puede tomar el caso?- le preguntó Daniel Amaya, un joven grande y robusto como un oso, de ojos saltones y redondos, de hablar franco, dedicado a la maquila desde que comenzó a trabajar, 10 años atrás. Daniel es el hermano de Rogelio.

-No, nosotros ya trabajamos sobre la violación al debido proceso como caso emblemático, aquí no sé qué aspecto emblemático podríamos revisar… quizá el papel del juez de garantías que acaba de entrar en vigor… Pero no creo.

Las familias de los detenidos habían pasado los últimos tres días en citas con organizaciones de la sociedad civil y abogados que se negaban a llevar el caso por falta de personal (o de pago). Pero los familiares más bien creían que tomar el caso les daba miedo, echarse la bronca de meterse con “narcos”. Porque en la televisión ya se había dictado su sentencia.

Eran narcos.

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“Íbamos por la (calle) 16 (de septiembre) y vimos mucha gente, pensamos que era un choque, un atropellado, luego vimos que era un policía lesionado y nos bajamos a atender. Como paramédica me había tocado atender ejecutados, era cuando había muchos muertos por mes. La persona vestida de policía estaba viva todavía, respiraba pero muy lento, estaba a punto de morir, yo pensaba que ya no había nada qué hacer por él, pero lo teníamos que atender… tenía los impactos de bala en el cráneo. Ese día había algo que a mi compañero y a mi nos tenía incómodos, algo que no nos dejaba tranquilos…”.

“Estábamos el doctor, que luego murió, y yo atendiendo al herido cuando llegaron los policías federales en sus camionetas. Y luego se escuchó que algo tronó, una explosión. Yo me acuerdo que sentí un golpe en la cabeza. Después sólo vi humo, lumbre, vidrios rotos. Volteé a buscar a mis compañeros y corrimos, no sabíamos qué había pasado. Nos dijeron que algo explotó, un carro que estaba atrás de nosotros. Entonces el pecho me empezó a arder, me vi el pecho y me vi quemado, luego empecé a sentir que me escurría la sangre”.

Nancy Paz Mares, paramédica. 31 años. Víctima del coche bomba, con incapacidad total para trabajar.

“Ese día estaba con unos compañeros a unas cuadras de donde ocurrió la explosión. Cubríamos la ejecución de dos mujeres cuando la escuchamos a lo lejos. Creí que había explotado un tanque o un camión de gas. Cuando llegué al lugar uno de los policías federales que estaban ahí me dijo ‘ni pases porque no vas a querer ver lo que hay ahí’. Después ocurrieron dos o tres explosiones más, era una locura. Los federales tirados, lesionados, el doctor también lesionado, todos corriendo hacia todos lados, el humo, el fuego, olía a fierros quemados, los policías en una situación que no sabían cómo manejar porque en realidad no tenían control de nada.

“A veces, cuando recuerdo ese día, creo que es posible que la ejecución de las mujeres cerca del lugar fue provocado para que los medios estuvieran cerca y grabaran la explosión… es algo muy personal que pienso”.

Julio César Aguilar, fotógrafo.

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El 13 de agosto de 2010, casi un mes después de la explosión del coche bomba, la Policía Federal presentó ante el Ministerio Público a cinco jóvenes que, dijo, había detenido la noche anterior.

Cerca de las ocho de la noche los policías Manuel Calleja Marín, Víctor Aquileo Lozano Vera, Manuel Granero Rugerio, Federico López Pérez, Adán Serafín Cárdenas Cruz y Luis Alberto González Gutiérrez hacían ronda en la colonia Villa Residencial de Ciudad Juárez, cuando un hombre de piel morena y 1.70 metros de estatura, vestido en pantalón de mezclilla y playera blanca, les dijo que había visto a hombres en una camioneta explorer azul marino “levantar” a una persona.

Los policías buscaron la camioneta y la encontraron estacionada con cinco pasajeros. El conductor dijo llamarse Noé Fuentes Chavira, se bajó y en su mano derecha llevaba una pistola 45.

“No pongas resistencia”, le dijeron los policías y en el suelo lo desarmaron.

Mientras, otro oficial se acercó al copiloto, Rogelio Amaya, quien le dijo “ya estuvo, no hay pedo, me rindo” y bajó con una AK47 que dejó en el toldo. Los pasajeros de atrás dieron sus nombres y se entregaron sin oponer resistencia: Ricardo Fernández, Víctor Manuel y su hermano Gustavo Martínez Rentería.

Cuando revisaron la camioneta encontraron dos bolsas con 23 tabiques de marihuana.

Los federales se comunicaron a su base y les dijeron que de inmediato llevaran a los detenidos al aeropuerto porque un avión estaba por despegar con destino al DF para trasladar el cadáver de un compañero muerto en combate, ahí aprovecharían el raid y los llevarían para ponerlos disposición del MP.

En el trayecto, según narran los policías, los detenidos reconocieron trabajar para “La Línea”. Rogelio, por ejemplo, les dijo que limpiaba casas de seguridad cuando eran usadas para secuestros o para matar federales, por lo que cobraba 3.500 a la semana, que torturó a un “perro federal” para mandarlo en pedacitos a su familia y lo tiraron atrás de un Soriana.

Noé les dijo que era conductor de “La Línea” y que se dedicaba a cortar en cachitos a los “perros federales” para infundir temor, que por cada policía que se chinga le pagan 5 mil pesos.

Ricardo que usan a mujeres para jalar a los federales y que ponen a mujeres jóvenes para que los jefes de “La Línea” las violen como pago por las deudas de sus familias.

Los hermanos Rentería también dijeron a los federales qué hacían. Víctor, que vendía marihuana en la secundaria donde estudiaba y que tuvo en sus manos el explosivo del coche bomba; Gustavo vende marihuana y armas.

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Apenas se enteraron de que Rogelio y sus amigos estaban en la Ciudad de México, Daniel y su cuñada Mayra hicieron una vaca para pagar el pasaje desde Juárez. Llegaron el domingo en la noche e hicieron guardia en la central hasta la mañana del lunes que llegaron a la SIEDO. Después se les sumarían la mamá de Noé y de los hermanos Rentería. El martes Daniel pudo entrar al centro de arraigo y ver a Rogelio.

Estaba a unos siete metros de distancia, saliendo de una puerta. Rogelio no podía caminar, dos marinos lo llevaban sujetado hasta su hermano.

Entonces comenzó a contarle lo que les hicieron, de manera atropellada. A veces interrumpía el relato para mostrarle las huellas en el cuerpo.

Cuando se pudo calmar Rogelio le preguntó “¿ya sacaste a mi mamá y a mi hermana de la casa? Los federales quieren ir por ellas, me dicen que las van a violar”.

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Tribunales paralelos: condenados por tv

¿Qué pasó entre 11 de agosto, que los muchachos fueron efectivamente detenidos, y el 13 que fueron presentados ante los medios de comunicación?

Lo que Rogelio recuerda, según narró al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), organización civil que realizó un protocolo de Estambul a los detenidos en colaboración con su defensa, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, es que la noche del 11 salió de trabajar de la tienda Soriana donde era auxiliar de bodega y en la colonia donde vive se encontró a sus amigos Gustavo, Víctor, Noé y Ricardo, a quienes conocía desde la infancia. Se sumó a ellos que bebían cervezas en la para calmar el calor seco del desierto. Eran como las 9 horas.

Gustavo recibió una llamada de su ex pareja, quien le pidió un favor, y Noé se ofreció a llevarlo en su camioneta explorer. Todos se sumaron a la tarea. Ahí, afuera de la casa, llegó una patrulla de la policía federal, los muchachos y algunos vecinos se asomaron para ver qué pasaba. Nada, revisión de rutina. Pocos minutos después los muchachos se fueron y encontraron otra vez a los federales. Los detuvieron de nuevo, pero esta vez los subieron a la camioneta boca abajo con golpes y patadas. Finalmente llegaron a las instalaciones de la Policía Federal en Ciudad Juárez donde los metieron en distintas celdas a cada uno.

Para Rogelio todo comenzó con una patada en la cara que lo tumbó al piso. Lo obligaron a estar hincado, lo golpearon con un cinturón en la espalda mientras le preguntaban para quién trabajaba. Él intentó sacar su cartera para mostrar la credencial de Soriana, llorando. Los golpes continuaban. Patadas, puños, en los muslos, la espalda, las piernas, los brazos.

Rogelio recuerda que entró un “comandante” sin capucha –el resto de los hombres estaban encapuchados- y le dijo:

-Tú eres el bueno, dinos ¿qué hacen los demás? Si me dices te dejo ir ahora.

Rogelio respondió con silencio y ellos con más golpes. Luego le pusieron una tela, quizá una toalla en la cara, y comenzaron a echarle agua, quizá de una botella.

-Tú vas a decir que trabajas para el narco, los otros ya están confesando y te echan la culpa a ti- insistió el “comandante”.

Lo dejaron solo y en ese silencio alcanzó a escuchar gritos desde afuera.

Al cabo de un rato otros policías entraron con Noé a su celda. Con la cabeza agachada, su amigo de toda la infancia lo acusó de trabajar para el narco y de haber puesto el coche bomba.

Luego lo sacaron esposado, lo subieron a una camioneta de doble cabina, lo llevaron a un llano, un lugar con mucha basura. Ahí, le pusieron una capucha y le ordenaron hincarse.

“¡Mátalo!” alcanzó a escuchar antes de que sentir un golpe en la cabeza y caer de cara a la tierra.

Luego lo subieron a la camioneta y volvieron a las instalaciones de la policía federal. De nuevo a una celda, donde le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, que él  reventó a mordidas y se lanzó a los pies de un policía “¡ya mátame!”, le imploró.

-Sabemos donde vives, hay policías afuera de tu casa, van a violar a tu mamá y tu hermana y torturar a tu niño.

-¿Qué quieren que haga?- les dijo, ya rendido.

Después, recuerda Rogelio, entró un civil con una cámara de video en mano. Comenzó a hacerle preguntas.

-¿En dónde trabajas?

-En Soriana.

Los encapuchados apagaron la cámara y lo golpearon. Entonces empezaron a dictarle la respuesta. “Trabajas para el narco, descuartizaste a un federal, estuviste vigilando cuando explotó el coche bomba”.

Al salir vio a sus compañeros. Los subieron a todos una pick up con la camiseta sobre la cabeza, pero él alcanzó a notar que ya era de día. No pudo calcular la hora, pero sintió el sol.

Llegaron al aeropuerto y de ahí a la Ciudad de México. En una bodega le dieron una camiseta para que se cambiara porque aun traía puesta la playera del trabajo de Soriana. Ahí le hicieron grabar otro video donde le indicaron que debía hablar sobre mujeres que trabajan para el narco.

Después reunieron a los 5 en un cuarto y los llevaron a una bodega. “¡Si abren la boca les voy a partir la madre!” alcanzó a decirles un policía antes de salir.

Están ante las cámaras de televisión.

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La eficacia del récord de órdenes de aprehensión y sentencias condenatorias durante el sexenio pasado en delitos del crimen organizado es mínima.

Según el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 de la PGR durante ese periodo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ejerció acción penal contra 13.194 personas acusadas de delincuencia organizada, de ellas 10.550 recibieron orden de aprehensión; en el proceso que continuó 7.730 recibieron auto de formal prisión y de ese total sólo 1.491 tuvieron sentencias condenatorias.

Entonces sólo el 11 por ciento de las personas a quienes se les inició un proceso judicial por crimen organizado terminó con sentencia condenatoria.

Si se cuenta el número de personas que en el sexenio fueron detenidas por fuerzas del estado, acusadas de crimen organizado, la cifra cae tremendamente. Según los informes de rendición de cuentas de la SSP, la Sedena y la Marina, entre 2006 y 2012 se detuvieron a 179.070 personas por delitos vinculados al crimen organizado.

Es decir, si se detuvieron a 179.070 personas y sólo 1.491 han recibido sentencias condenatorias, la cifra de efectividad entre detenciones y condenas no llega ni al 1 por ciento.

Otro dato que revela esa fragilidad en las detenciones fue uno que en meses pasados dio a conocer la PGR: de las 3.800 personas que fueron arraigadas durante el sexenio anterior, -detenidas para investigarlas- solo 200 fueron consignadas, un 5 por ciento.

Se trata de un círculo de criminalización que empieza por el Estado, continúa en los medios y es validado por los ciudadanos. Así lo explica Ernesto López Portillo, analista del fenómeno: el sistema de justicia no es entendido por la sociedad como un sistema de acceso a derechos. Es interpretado, en cambio, como una palanca de castigo que se vincula más a la expectativa de venganza y que asegura que la violencia solo puede ser enfrentada con más violencia. De ahí el populismo punitivo.

“La sociedad que encuentra atractiva, interesante o amena el presenciar en tiempo real la violencia, es una sociedad que reniega de su propia condición humana, que se niega toda posibilidad de ser sujeto de derechos amparados y relacionados a la dignidad”, agrega Marco Lara Klahr.

Si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió y anunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitiría unos lineamientos para limitar la exhibición mediática de personas detenidas, a casi un año éstos no han sido dados a conocer. Y si bien los detenidos ya no son presentados en vivo a los medios, sus fotografías y apodos son filtradas para su exhibición.

Fotos: El Universal

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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