Zona marcada: prácticas de intervención territorial

Foto panel territorio

Patricio Irisarri, Cosecha Roja-. En la 11° Conferencia Nacional sobre políticas de drogas, profesionales de diferentes áreas intercambiaron experiencias de intervención territorial que parten de un enfoque sanitario frente a los consumos problemáticos. ¿Qué lugar ocupa el consumo en los contextos en los que se instala? Esto solo lo podemos saber yendo al territorio. ¿Qué hay detrás del consumo? El enfoque necesariamente debe considerar como trasfondo la problemática de los grandes poderes en disputa, las variables de lo externo, lo familiar y lo intergeneracional. En el relato de las experiencias de trabajo en territorios, todo parece enfocarse en los jóvenes, y es en esas trayectorias vitales donde más impacto generaron las políticas aplicadas en los años 90, tomando como causa el defondamiento institucional y el quiebre de muchos contratos sociales. En ese marco, se sitúan los consumos y el desafío planteado radica en cómo traducir la legislación de derechos en prácticas concretas de intervención territorial.

Moderada por Paula Goltzman, coordinadora del área de intervención de Intercambios Asociación Civil, en el panel “Prácticas de intervención territorial” la mesa estuvo integrada por Débora Danielli, psicóloga y directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, Oscar Di Marco, médico generalista, colaborador del dispositivo interministerial y comunitario “La Esquina” y del programa Prevenir de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Jorgelina Di Iorio, psicóloga e integrante del Área de Intervención de Intercambios Asociación Civil, Claudia Román Ru, psicóloga y secretaria de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones de Salta, y la doctora en psicología Débora Tajer, que ofició de discutidora entre las exposiciones de los panelistas.

En el salón Azul del Senado de la Nación, junto a un importante número de asistentes, la rosarina Débora Danielli fue la primera en aportar una lectura sobre el punto de partida planteado para el debate. “Se piensa en la sustancia como uno de los enemigos a combatir, y esta es una marca que nosotros enfrentamos en todos los procesos que intentamos impulsar. El enfoque debe darse al revés, el lugar que ocupa una sustancia en la vida de un sujeto no tiene que ver con la sustancia en sí, depende de coordenadas subjetivas, culturales y simbólicas que lo envuelven. No se trata de un objeto que decide sobre la vida de alguien”.

“Este es un debate que todo el tiempo estamos dando, es un mosaico que quedó armado y hay que desarmar”, introdujo la psicóloga, que también pudo compartir experiencias concretas apuntadas a sanitarizar el abordaje de los problemas de consumo,  con acciones impulsadas desde su dirección en diferentes territorios de Rosario.

Otros ejemplos de acciones que parten de programas de Estado los ofreció Claudia Román Ru, que dirige la secretaría de Salud Mental en Salta. Para la psicóloga, el desafío es humanizar las prácticas de intervención sobre el problema. “Nosotros trabajamos en conjunto con las comunidades, con las escuelas, con nuevos protocolos de intervención comunitaria, abriendo la puerta sanitaria a personas que están en conflicto con la Ley. Pero en muchos lugares esto no está dado. Hay colectivos que están muy lejos de la salud, y es ahí donde nosotros como Estado debemos acompañar”, relató.

Para la secretaria, “con todo el marco normativo que logramos a nivel nacional, con la Ley de Salud Mental, en la Niñez, estamos ante una oportunidad histórica para trabajar y construir otro tipo de estrategias”.

Estado y comunidad: Acciones conjuntas en territorios

Avanzar en nuevas estrategias de intervención vuelve insoslayable la articulación de experiencias y abordajes entre Estado y asociaciones y organizaciones civiles. Jorgelina Di Iorio recorrió algunos resultados y trayectorias en el trabajo mancomunado que vienen llevando a cabo entre Intercambios Asociación Civil y escuelas y otras comunidades de La Matanza, en el conurbano bonaerense. Desde el proyecto, generaron un entramado de relaciones con organizaciones que ya venían trabajando con jóvenes. Pudieron advertir que el problema tiene que ver con otras formas de vulneración de derechos, para ir delimitando que el enfoque no debe centrarse en el consumo de drogas, sino en los complejos escenarios en los que conviven los sujetos.

“En una mesa de discusión participativa dimos forma a un dispositivo con líneas de acción y componentes, desde un enfoque individual que no se desprende de lo colectivo y lo territorial. Hablamos con los jóvenes, de sus problemas y de otras cosas. Hablamos de manera individual. Se trata de estar a disposición, con mate de por medio, con las puertas abiertas y siempre predispuestos, buscando mayor participación, mayor sentido de pertenencia”, aportó la psicóloga a la discusión en torno a cómo atender a los usuarios de drogas y mejorar las políticas de prevención y atención de la salud.

Por su parte, Oscar Di Marco introdujo algunos pasos dados con el dispositivo interministerial y comunitario “La Esquina” y el programa Prevenir de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Su trabajo pone el eje en el territorio y critica el enfoque de las instituciones especializadas, que necesariamente deben virar hacia otras modalidades que integren situaciones. Para el médico generalista, “los territorios no son vírgenes, hay gente que vive ahí, hay instituciones, organizaciones y por eso es importante saber qué pasa en el territorio al llegar. Los sujetos viven, se enferman y mueren en el territorio donde viven. Pueden ir a un centro de atención terapéutica, pero terminan volviendo al contexto que los llevó a ese problema. Por ese el trabajo tiene que darse en el territorio.

Como conclusión, y valorizando el aporte de los compañeros del panel,  Débora Tajer enfatizó en que “debemos contar con investigaciones que integren perspectivas de derechos, en el campo de los modelos de atención a los usuarios de drogas “, que terminan siendo los actores más penalizados por la ley 23.737 de Estupefacientes.

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