A los 97 años la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, vio cómo condenaron a los represores que secuestraron a su hija Patricia y su yerno José. Mañana, Catita, de 91, escuchará la sentencia en el juicio por el secuestro y desaparición de su hijo Ricardo Cittadini. Según los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 692 represores condenados por delitos de lesa en los procesos judiciales de los últimos años. El que sabe de eso es Daniel Rafecas, el juez que investiga la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército. “Los juicios ponen en cuestionamiento la violencia profunda que atravesó la historia argentina en términos sociales y económicos, y desafían y desmantelan los discursos de los poderosos de siempre y reemplazan por la verdad que surge desde los perseguidos y los oprimidos”, dijo en la jornada “Memoria y derechos Humanos” organizada por la Universidad Nacional de San Martín.
“Cada uno de los pasos que se fueron dando son dosis inmensas de reparación real y moral a las víctimas. Cuando se anuncian las condenas a los imputados es un momento tremendo, porque ahí las víctimas se enteran que no se los van a cruzar nunca más. En esos instantes el Estado está dando una reparación”, dijo el juez.
Rafecas estuvo esta mañana en la mesa “Memoria y Derechos Humanos”, acompañado por el doctor en Ciencias Jurídicas Lucas Martín, el doctor en Ciencias Sociales Daniel Feierstein y el magíster en Ciencia Política Luciano Nosseto. En el panel se habló de víctimas y victimario y del rol del Estado.
El debate giró alrededor de las diferencias entre los procesos de memoria, verdad y justicia en Argentina y en Sudáfrica, con la presencia de Antjie Krog. La escritora sudafricana es autora de “Country of my Skull”, el resultado de dos años cubriendo el trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el organismo oficial del país africano que buscó justicia después del Apartheid. El proceso se basó en la confrontación de la víctima con el victimario. “Al ponerlo frente a su ejecutor directo, la víctima queda expuesta a la impresión teatral. Pero eso no es demostrativo de lo que fue el terrorismo de Estado”, criticó el juez. Feierstein puso un ejemplo local: recordó cuando el periodista Mariano Grondona llevó a su programa al dirigente socialista Alfredo Bravo y a su victimario, el represor Miguel Etchecolatz. “De nada sirve poner enfrente a una víctima y a un victimario, se puede volver enloquecedor porque confunde las responsabilidades”, dijo doctor en Ciencias Sociales.
Rafecas destacó la política de Derechos Humanos de la Argentina. “En los últimos 15 años, 2000 individuos de influencia nefasta, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, fueron sacados de circulación”. El juez se refirió a que en la post dictadura muchos militares mantuvieron sus puestos y progresaron, algunos se convirtieron en empresarios o en gobernantes, intendentes y funcionarios judiciales. Mantuvieron los puestos de poder hasta que “los juicios apuntaron a todos y cada uno de los autores, partícipes y cómplices de los delitos de lesa humanidad”. Los juicios “son un punto de inflexión: todos compartimos la lógica de que para consolidar la democracia y los principios básicos de un estado de derecho lo principal es la igualdad ante la ley”, dijo.
El genocida y múltiple condenado por crímenes de lesa humanidad, Miguel Etchecolatz, fue beneficiado con la prisión domiciliaria en agosto. Se sumó así a los 489 represores que cumplen arresto es sus hogares. Desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri, se lanzó también la campaña mediática contra jueces y juicios de lesa humanidad, y aumentaron los pedidos de domiciliaria para los ex militares. “Nosotros seguimos trabajando como ayer y hoy. No ha habido cambios, pero sigo con preocupación las notas periodísticas que están consignando una aceleración en las detenciones domiciliarias”, dijo a Cosecha Roja el juez Daniel Rafecas.
El jueves le tocó a Rafecas. Un grupo de diputados, empresarios y periodistas reclamó, a través de una solicitada en los diarios Clarín y La Nación, la destitución del juez. El motivo, haber rechazado la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por supuestos acuerdos con Irán tras el memorándum. “La sensación con la que me quedo es la de una enorme ola de repudio y de indignación de sectores de la sociedad civil, de organizaciones de Derechos Humanos y de (personalidades) todos los ámbitos. Me han hecho sentir acompañado en este momento difícil de mi carrera judicial de casi 30 años”, dijo a Cosecha Roja Rafecas. Y agregó: “Debo confesar que no esperábamos esta reparación, fue una hermosa sorpresa. Y fue masiva”.
Fotos: Pablo Carrera Oser/prensa UNSAM
