Después de la muerte del Lazca se reanima el debate por las narcolimosnas

Proceso.-

El líder y fundador de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, abatido por elementos de la Marina el pasado domingo 7 en el estado de Coahuila, mandó construir una ostentosa capilla de la Virgen de San Juan de los Lagos en la periferia sur de Pachuca, Hidalgo, para cuando le llegara la hora de morir.

En su momento, el templo financiado por El Lazca puso en el centro del debate el tema del apoyo del crimen organizado a la Iglesia, del que la revista Proceso dio cuenta en su edición 1775, con fecha 7 de noviembre de 2010, bajo el título “Narcocapillas sin control”.

A continuación se reproduce la parte medular del texto escrito por el reportero Rodrigo Vera:

Desde hace tiempo en Hidalgo se sabía que El Lazca levantó esa ostentosa capilla de la Virgen de San Juan de los Lagos, en la calle Álamos de la colonia Tezontle, en la periferia sur de Pachuca.

Aledaña al Campo Militar 18-A, el templo tiene una cruz metálica que se yergue muy alta y domina el vasto arrabal de apiñados caseríos. Sus jardines, patios, muros de colores encendidos y amplias puertas y ventanales de cristal hacen de la capilla un remanso de lujo para la nutrida feligresía local.

Por dentro, a la espaciosa y moderna nave la iluminan vitrales de tonos azulados. Relucen los candiles y compiten en esplendor con los pisos de mosaico. Y en el altar –bajo un gran vitral que tiene la figura de una paloma– está la escultura de la Virgen de San Juan de los Lagos con su vestido ampón.

Aunque por ser capilla no tiene un párroco, los sacerdotes de los templos cercanos solían oficiar ahí las misas. Venían principalmente de la parroquia de San Cayetano, con todo y sus fieles.

Ahora el recinto está fuera de servicio.

Atrás de la capilla se construyó el Centro de Evangelización y Catequesis Juan Pablo II para dar formación religiosa a niños y jóvenes. Los salones de ese centro circundan un patio que sirve de área de recreo. Durante la construcción se dice que hasta los albañiles eran enviados por el narcotraficante oriundo de Apan, Hidalgo.

Cuando corrieron las primeras versiones del origen de la capilla, en julio pasado,Proceso preguntó al sacerdote Francisco González, encargado del decanato de la zona, si sabía algo sobre las aportaciones del capo hidalguense. El párroco contestó: “No lo sé, no lo sé”.

Los fieles, por su parte, eran renuentes a hablar de su relación con el líder de Los Zetas.

Se rumoró que el arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz, sabía del asunto y para no comprometerse impidió que su nombre se pusiera en la placa que conmemora la inauguración de la capilla.

Finalmente la chapa metálica sólo dice: “Centro de Evangelización y Catequesis Juan Pablo II. Donado por Heriberto Lazcano Lazcano.

“‘Señor, escucha mi oración, atiende mis plegarias, respóndeme, tú que eres fiel y justo’, salmo 143.”

Hubo fuegos artificiales, bandas de música, juegos mecánicos y una abundante tamaliza el día de la inauguración de la capilla: el 2 de febrero del año pasado. La placa se develó ese mismo día, el de la Candelaria.

Y fue por esa placa delatora que apenas el pasado octubre el Congreso de Hidalgo exigió investigar el caso. Algunos legisladores señalaron que la película “El infierno” –en cuya trama un cura es cómplice de un capo local– se quedó corta ante la realidad hidalguense.

La Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa AP/PGR/PACH/I-V/752/2010 para indagar si la capilla fue construida con recursos del narcotráfico. El presunto delito es lavado de dinero contra quienes resulten responsables, sea el arzobispo Díaz o algunos de sus párrocos.

El vocero de la arquidiócesis primada de México, Hugo Valdemar, pide a la PGR no hacer distingos: “Si un sacerdote sabe que el donador es un delincuente se convierte en cómplice, lo cual es gravísimo; sería sano que se le iniciara una investigación penal, sería muy sano tanto para la Iglesia como para la sociedad”.

La arquidiócesis primada –en el editorial de su semanario Desde la Fe de la semana pasada– señala que “para vergüenza de algunas comunidades católicas hay sospechas de que benefactores coludidos con el narcotráfico han ayudado con dinero del más sucio y sanguinario negocio, en la construcción de algunas capillas, lo cual resulta inmoral y doblemente condenable y nada justifica que se pueda aceptar esta situación”.

Manuel Corral se encoge de hombros, arquea las cejas y comenta intrigado: “El caso de esa capilla sólo se hizo notorio por la placa que pusieron. Todo lo hicieron muy evidente. Me pregunto: ¿el caso hubiera quedado oculto de no haberse puesto esa placa? ¿Habrá más capillas en igual situación?”.

Lo cierto es que hasta el momento los narcodonativos a la Iglesia sólo se conocen por ese tipo de registros escritos.

Es el caso de la parroquia de Tamazula, Durango, en el llamado Triángulo Dorado: las bancas de madera del templo fueron donadas por los narcotraficantes locales o por sus familias, según las inscripciones puestas en los respaldos.

“Inés Calderón Q.”, dice la banca donada por el capo Inés Calderón Quintero, oriundo del lugar y miembro del cartel de Sinaloa. Fue uno de los primeros en introducir cocaína y heroína a Estados Unidos. Se le acusó de colaborar en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Murió en un tiroteo en marzo de 1988.

“Familia Coronel Aispuro”, reza el letrero de la banca donada por esa familia a la que pertenece Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán y sobrina del narcotraficante Ignacio Coronel, muerto recientemente en Jalisco en un enfrentamiento con el Ejército.

“En memoria de mis padres Martín Ávila Beltrán y Griselda Amézquita; de Chuy Ávila”, dice la inscripción que, en otra banca, pusieron los familiares de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, presa en Santa Martha Acatitla.

Y así, una a una, cada banca del templo de San Ignacio de Loyola, en Tamazula –edificado por los jesuitas en el siglo XVIII–, va dando cuenta de los narcotraficantes que la donaron.

Rodríguez Gómez ataja: “Sabemos de esos donativos. Los narcotraficantes van y colocan sus bancas en los templos y no hay quien los pare. Nos guste o no nos guste, ahí está su banca. No censuramos a nuestros párrocos por eso. Comprendemos lo difícil de su situación”.

Corral lo secunda: “Muchos sacerdotes son obligados a prestar servicios espirituales al crimen organizado. Uno de ellos me comentaba que, en una ocasión, lo obligaron a dar misa. Al regresar a su casa un enviado de los narcos tocó a su puerta y le dijo: ‘Padre, aquí le mandan esto en pago por sus servicios’. Era una camioneta último modelo. El párroco rechazó el regalo”.

Ambos refieren que Michoacán, Durango, Sinaloa y Guerrero son los estados más peligrosos para ejercer el ministerio. Varios sacerdotes ya han sido asesinados por el narcotráfico. Sólo la arquidiócesis de México –agregan– lleva ya siete ejecutados. Hasta algunos obispos padecen las amenazas del narco, tema del que este semanario ya se ocupó (Proceso 1713).

Por esos motivos, dicen, hay que evitar juicios precipitados y esperar las pesquisas de la PGR y saber en qué condiciones construyó la capilla El Lazca. Pudo haber presionado o pudo tener el apoyo voluntario de la arquidiócesis de Tulancingo, cuya jurisdicción abarca Pachuca.

 

Problema añejo

La estructura criminal de Los Zetas se ha extendido, por cierto, a los 84 municipios hidalguenses en un entorno de complicidades que incluiría al gobernador saliente, Miguel Ángel Osorio Chong, y al electo, Francisco Olvera, así como a las autoridades judiciales, policiacas y militares del estado (Proceso 1748).

Pero el tema de las narcolimosnas no es nuevo. Ya en los noventa se acusaba a los hermanos Arellano Félix de apoyar con fuertes donativos al entonces obispo de Tijuana, Emilio Berlié, quien a su vez gestionó una reunión privada entre esos narcotraficantes y el entonces nuncio apostólico en México, Jerónimo Prigione (Proceso 937).

En septiembre de 2005 Ramón Godínez –en ese tiempo obispo de Aguascalientes– afirmaba que esos jugosos donativos se “purifican” al llegar a la Iglesia. Y lo que importaba era la “buena intención” de los devotos delincuentes. “Dondequiera que se entreguen las limosnas del narcotráfico da igual, no nos toca a nosotros investigar el origen del dinero”, decía Godínez.

Ahora Rodríguez y Corral insisten en que las 60 mil capillas del país son el flanco más débil por el que se puede colar, o se está colando, el dinero del narcotráfico, ya que el aparato burocrático del episcopado no tiene control administrativo sobre ellas.

El secretario general de la CEM explica: “Las periferias de las ciudades están creciendo aceleradamente y sus pobladores, muchos de ellos migrantes de provincia, tienen necesidades espirituales, por lo que empiezan a reunirse aunque sea bajo un árbol. Buscan luego un terreno para construir su capilla. Después consiguen recursos para edificarla poco a poco.

“Ya construida, ellos mismos se encargan de su administración y mantenimiento. Llaman a algún sacerdote para que les oficie misa esporádicamente, pues no son de culto regular. Pero ahí ya se formó una comunidad católica.”

–¿El sacerdote sólo tiene injerencia en el culto?

–Por lo general así es. El sacerdote no puede llegar y decirle a los fieles: ‘A ver, muéstrenme la licencia de construcción de su capilla y díganme de dónde sacaron los tabiques’. No, porque además se lo prohíben los usos y costumbres de la comunidad, que deja esa responsabilidad a sus fiscales y mayordomos, quienes también se encargan de organizar fiestas patronales u otras ceremonias. Esa es la tradición de nuestro pueblo.

El jerarca refiere que, sin embargo, los fieles están obligados “legalmente” a pedir la autorización de su diócesis para construir una capilla, para que aquélla la registre en la lista de las que pertenecen a su jurisdicción.

“Esto en la práctica generalmente no se da. Incluso es muy común darnos cuenta de la existencia de una capilla cuando la vemos construida. Y ni modo que la mandemos tumbar”, dice.

Indica que las 9 mil parroquias del país, a diferencia de las capillas, están controladas administrativamente por sus diócesis, como lo estipula el derecho canónico. Aparte de cumplir con la normatividad pastoral y litúrgica, el párroco responsable debe presentar periódicamente su estado de ingresos y egresos, el número y monto de los donativos que recibe, de dónde provienen, en qué se gastan…

–¿Cómo saber cuando una capilla es construida o recibe donativos del narco? –se le pregunta.

–Eso solamente puede notarse en el proceso constructivo de cada capilla. Por lo general es un proceso muy lento porque los fieles las construyen con sus aportaciones y su esfuerzo diario. Pero ya resulta sospechoso cuando en una comunidad pobre se levanta aceleradamente una ostentosa capilla.

Ante esta falta de control, Corral señala que para impedir que los capos sigan construyéndolas, la única medida que tiene el episcopado es dar “formación” a los laicos para que sean “coherentes con su fe”.

Por eso, comenta, la jerarquía católica difunde comunicados, exhortaciones y cartas pastorales –como la más reciente: Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna– donde se alerta a los laicos sobre los peligros del narcotráfico.

El documento sentencia: “Lo primero que hay que hacer para superar la crisis de inseguridad y violencia es la renovación de los mexicanos. México será nuevo sólo si nosotros mismos nos renovamos… Por tanto, la primera e inaplazable tarea es la formación integral de la persona”.

Corral concluye: “Las capillas pertenecen a una compleja estructura no controlada y sin organización. Es muy difícil meterlas en la estructura parroquial. Y el episcopado es sobre todo una entidad moral, eso que quede muy claro”.

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