Después de su absolución, habla el Juez Sal Lari: “Fue un mensaje de disciplinamiento al Poder Judicial”

Cosecha Roja.-

Rafael Sal Lari ofrece mate o té. Se dispone a responder preguntas: acaba de volver a la magistratura –Juzgado de Garantías 3 de San Isidro- después de dieciséis meses de suspensión y un juicio político, que inició el intendente de San Isidro Gustavo Posse tras el asesinato en julio de 2008 del ingeniero Carlos Regis, y terminó hace siete días con el dictamen absolutorio de un jurado de enjuiciamiento.

“Esto comenzó como una campaña de Ley y Orden dirigida por el intendente de San Isidro y  se convirtió para un grupo de personas en una herramienta muy interesante de disciplinamiento del poder judicial. Se pretendió, de alguna forma, que se aparte de las normas e interprete un sentimiento popular de cómo debían aplicarse”, dice cuando se le pregunta por las primeras conclusiones.

“Después del caso Regis, el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, distribuyó una lista de diez casos donde él cuestionaba mi actuación. Se la dio a Aníbal Fernández que entonces era jefe de Gabinete, al diputado de la provincia de Buenos Aires Guido Lorenzino, y al intendente de San Isidro Gustavo Posse”, cuenta el juez.

Fue un proceso largo, plagado de resortes burocráticos que filtraron casos y disolvieron la denuncia inicial. Aníbal Fernández y Guido Lorenzino denunciaron por todos los casos y Carla Regis, la hija del ingeniero, se presentó cuando cumplió la mayoría de edad. Durante la acusación –donde se analiza si hay seriedad en los casos para formar una investigación-,la Procuradora Maríadel Carmen Falbo consideró que todos los fallos se ajustaban a derecho. Fernández y Lorenzino también desistieron.La Comisión Bicameralacusó por cinco y el intendente Posse por todos. El 11 de abril de 2011, en la última instancia previa al jury, todos los casos que tenían que ver con la aplicación del derecho fueron desestimados. Incluso el caso Regis. Sólo llegó a juicio el caso González, un hombre que había estado detenido siete meses más de lo que correspondía, pero el Tribunal –formado por legisladores de todos los partidos, abogados matriculados y el Presidente dela Corte-consideró que se trataba de una falta y no de un delito. El 30 de julio,la Comisióndesistió del caso y Posse no fue: se quedó en las escalinatas dela Legislaturahablando ante los medios.

“La ley dice que debía resolverse en sesenta días pero fueron 16 meses”, se queja.

A pesar de que su nombre ha sonado mucho, Sal Lari es un hombre joven: calva, ojos celestes, barba de pocos días. A toda furia pasa los cuarenta. Para él, aunque el proceso del que acaba de salir airoso es “un poroto a favor de la independencia del poder judicial”, provocó un daño: la amenaza de impartir justicia pensando en la tapa de los diarios.

-¿El efecto de disciplinamiento del que habla es personal o institucional?

-Institucional. A mí me tocó pasar el proceso y yo estoy enfrentado laboralmente con el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, desde que soy juez. Pero me parece que esto tiene que ver con un mensaje para todos los jueces que surtió algún efecto. Espero que a partir de esta resolución se pueda revertir.

-¿Vio una intencionalidad política de endurecer las leyes, como sucedió luego de la muerte del hijo Carlos Blumberg en 2004?

-Absolutamente. Y es entendible que una víctima, desde el dolor, reaccione como reaccionó la familia Regis. Lo raro es que un jefe comunal, que tiene responsabilidades mucho más grandes y que no está directamente vinculado con esto, en vez de seguir los mecanismos institucionales que tiene que seguir si no le gustan las leyes que rigen, intente atacar la independencia del Poder Judicial a través de un proceso de destitución.

-¿Considera que tuvo algún error en alguno de los once casos por los que se le acusó?

-Es una pregunta medio complicada. Está claro que ninguna persona y ningún juez están exentos de error. Pero el 11 de abril un jurado analizó los casos y dijo que la aplicación del derecho era una aplicación plausible. Mis decisiones fueron revisadas por tres jueces de Cámara, tres de Casación y hasta a vecesla Corte. Enla mayoría de los casos me confirmaron, en otras las revocaron. Eso no significa una equivocación, sino una interpretación distinta del derecho. Yo en algunos casos para excarcelar consideré que no había riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación y ellos consideraron que sí lo había, así que correspondía que siguiera detenido. Pero no hubo ningún magistrado distinto a mí que haya sido sometido a juicio político por los mismos casos. Por ejemplo: excarcelé a Bordón -caso Regis-. El fiscal estuvo de acuerdo con la excarcelación, no la apeló. Pero no fue llevado a juicio político.Ninguna actividad está exenta de error, pero ese error está inscripto en esta explicación.

-El caso Regis se trató de una persona que usted excarceló y al tiempo asesina a otra persona. Los denunciantes dicen que cuando fue detenido estaba armado hasta los dientes y tenía antecedentes.

-Evidentemente sí estaban dadas las condiciones para excarcelar porque el fiscal estuvo de acuerdo. Uno puede presentar el caso de una forma que a la sociedad se le represente como una monstruosidad. Pero la realidad es que tener un arma es un delito que tiene establecido una pena. Y sobre esa pena y los antecedentes de la persona –esta persona se presentó con un domicilio, un trabajo- uno decide. El intendente dijo ‘tiene miras láser’, pero todo esto tiene una figura y una escala penal. Cuando un juez se sienta a resolver tiene en la carpeta lo que a la persona se le imputa que hizo. Y la única regla para dejar a la persona detenida radica en si el sujeto es procesalmente capaz de fugarse o alterar las pruebas. Si el fiscal no acredita estas dos cosas con suficiente fuerza, la obligación legal es que la persona esté en libertad.

-En el caso González se lo acusa de haber dejado más tiempo del previsto a una persona que resultó inocente…

-González nunca pudo ser juzgado porque está en rebeldía. Está prófugo. No puede pasar, y es de las cosas más graves, que una persona que tiene que estar en libertad esté detenida. Yo jamás voy a justificar esto. Pero no era, como dice Posse, un pobre trabajador de San Isidro -y esto no tiene nada que ver con la gravedad del caso, sino por cómo lo presenta Posse-. Esta persona fue detenida portando un arma de fuego. Igual que Bordón, a quién me acusa de haber excarcelado. Esa causa fue ala Cámara, también la tuvo en su poder el fiscal general Novo que incluso tiene que haberla estudiado porque interpuso un recurso de Casación contra la decisión dela Cámara que le había dado la libertad. También vieron el expediente el fiscal de primera instancia y la defensora oficial de González, que tampoco se dieron cuenta que el imputado está mal detenido. El problema es que en el expediente había una certificación de que se había cumplido con la libertad ordenada por la Cámaray cualquiera que lo leía era inducido a error. Por eso fue sancionada con quince días de suspensión al funcionario que hizo las veces de escribano. En el poder Judicial se trabaja así: mi función es decidir y la de ellos dar fe. Pero además no fue un error terrible. El oficio de libertad estuvo en la comisaría y el personal policial no cumplió con esa orden. Además, hubo dos González ese mismo día a disposición de este juzgado, los dos fueron excarcelados ese día, con lo cual yo tampoco creo que la policía lo haya dejado detenido de mala fe. Creo que hubo una confusión y después sí, una desinteligencia en el control. Pero lo extraño es que el único juez que tiene que dar explicaciones sobre una libertad ordenada por la Cámaray no cumplimentada, soy yo.

-En el caso Miño, otro de los más ventilados, se lo acusa de haber obligado a menores a convivir con un padre presuntamente abusador…

-Ese caso es absolutamente contrario a lo que sucedió. Una mujer que convivía con su concubino –de apellido Miño- y los hijos se fue del hogar. Al mes, una de las hijas le dice que Miño abusaba de ella. Ella va a la policía, interviene la fiscalía y el juez de menores. La mandan con un móvil policial, retira sus cosas y se va con todos sus hijos a la casa de la madre en Valentín Alsina. Con toda la familia afuera, la mujer le dice a la fiscal que quería excluirlo a Miño del hogar. La fiscal me manda la causa “a sus efectos”, es decir, no pidiendo que lo saque, sino para que resolviera. La mujer había contado que su concubino había tocado a la hija, pero nunca se le había tomado testimonio a la chica. La resolución, que fue siete u ocho días después de que sacaran a los chicos de la casa, fue decir que el pedido era prematuro, que la denuncia de la mujer basada en lo que la chica decía no alcanzaba para sacar a Miño del domicilio. No había ningún riesgo para los menores –como decían Posse y Vivian Perrone, de Madres del Dolor- porque estaban con su abuela. Además, si el fiscal seguía investigando y consideraba oportuno volver a pedir la medida, podía hacerlo. Pero jamás lo hizo.
El juicio oral por el caso Miño duró tres días, y fue absuelto. Hubo una serie de indicios que derribaron la versión del abuso y el fiscal de juicio desistió de la acusación. El Tribunal pidió que se investigara a la mujer por falso testimonio. Y a la vez surgió el tema de la vivienda. Un vecino o familiar dijo que había un interés en sacarlo, hasta había un compromiso de venta con esa casa con el cuñado.

-Ese es uno de los casos con los que insistieron las Madres del Dolor.

-El letrado que representaba a la familia era Claudio Mazaira, abogado también de las Madres del Dolor. Vivian Perrone no podía desconocer los detalles del caso. Por eso yo digo que Posse y Vivian Perrone expropian un dolor ajeno y lo usan políticamente. Ella lo hace con otras motivaciones que yo no sé cuáles son, pero que están más vinculadas a las motivaciones del intendente. Porque yo no decidí nada en la causa de su hijo. Y no sé quién le ha dado el mandato de madre de todos los dolores de todo el mundo como para que ella pueda salir y mentir de la forma descarada en la que lo hace. Ella puede tener la opinión de mí que ella quiera pero lo que no puede es, cada vez que le dan un espacio, decir cosas que no son. Porque no colabora en nada ni con la vida democrática, ni con la opinión pública, ni con el buen funcionamiento de las instituciones.

Sin comentarios

Responder

Su dirección de email no será publicada