El cortito: la caja chica de la extorsión en la Policía Bonaerense


Federico Trofelli – Cosecha Roja.-

En la jerga policial, “hacer un cortito” es recaudar dinero a través de la extorsión a una persona con antecedentes penales o sospechada de haber cometido un crimen. Esta maniobra, habitual en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, puede salir mal. Dos investigaciones judiciales, una en el sur y otra en el oeste del conurbano bonaerense, muestran cómo un presunto victimario se convierte en víctima de la policía.

El primero de los casos comenzó entre las 9 y las 10 de la mañana del 26 de julio. A esa hora, el oficial inspector dela Dirección Departamentalde Investigaciones Christian Maximiliano Giménez, de 27 años, salió de ronda junto a su compañero, el sargento Pablo Javier Díaz y dos policías más que no pudieron ser identificados.

En la esquina de la ruta 210 y Avenida Patria, en la localidad de Glew, el patrullero en el que iban los policías interceptó a Marcelo Damián Díaz, quien viajaba en su Ford Ranger junto a su hijo adolescente. Díaz tenía pedido de captura por una investigación judicial iniciada enla UFIdescentralizada de Cañuelas. El juzgado de Garantías 4 deLa Platalo quería tras las rejas. Eso los policías lo sabían. No era la primera vez que lo paraban y le pedían dinero a cambio de no detenerlo.

“Él había comprado una casa rodante de buena fe, pero era robada. Es un delito excarcelable y nos había contratado para que lo ajustemos a derecho”, indicó Rodrigo González, abogado de Díaz.

Una vez que los policías reconocieron a Díaz, lo obligaron a pasarse a la parte trasera de su camioneta junto a Giménez y comenzaron a extorsionarlo. Al volante, quedó otro agente conocido como Matute.

Dieron unas vueltas y Giménez preguntó:

– ¿Qué hacemos? ¿Hablamos o escribimos?

Díaz prefirió hablar. Se entendía por ello que debía juntar dinero.

La Ford Rangery su escolta, el patrullero con el resto de los policías y el hijo de Giménez, se detuvieron en la estación de servicio Oil, a pocos metros de donde había sido interceptada la víctima. Las negociaciones apenas habían comenzado.

Giménez y Matute eran claros: “Podemos arreglar acá con 50 mil pesos o ir a la brigada donde te va a salir más caro”, según quedó asentado en la investigación judicial que encabezó el fiscal de Quilmes, Andrés Nieva Woodgate.

Desesperado, Díaz comenzó a llamar con su equipo Nextel a todos sus contactos pero sin demasiada suerte. Era mucho dinero para juntar en tan poco tiempo.

Minutos más tarde,la Ford Rangery el patrullero hicieron una nueva parada en otra estación de gas, sobre la avenida Monteverde. Sin poder salir de su camioneta, Díaz no paraba de llamar a sus amigos y Matute comenzó a meter más presión. Hacía media hora que estaban detenidos.

“Los tiempos se acortan”, le dijo Matute y apareció en escena otro de los policías implicados. El uniformado, conocido como “Máquina”, insistió con el dinero que la víctima todavía no había podido reunir: “Si no lo tenés ya, te vamos a involucrar en otro hecho y no salís más”, lo amenazó.

Unos 20 minutos más tarde, la paciencia de los policías se había acabado. “Ahora vas a tener que hablar directamente en la brigada con el jefe y te va a salir más caro”, le dijeron. La promesa de los policías se cumplió y a las 11 llegaron ala DDIde Quilmes donde después de esperar en la guardia con su hijo una media hora más, fueron recibidos por el subdirector, el comisario inspector Obdulio Ricardo Téves, quien ordenó que subieran al primer piso de la dependencia.

Díaz entró en una oficina mientras su hijo aguardaba en la puerta. Allí, Giménez y Matute le dieron una hora más. “Apurate que el jefe se está poniendo nervioso”, advirtieron. Ya entrada la tarde y cansados de esperar, el jefe Téves amenazó con plantarle un arma a Díaz: “En ese caso tu hijo también va a quedar preso”.

A esa altura la víctima ya había sido revisada por el cuerpo médico de la policía y todo indicaba que iba a pasar una larga estadía tras las rejas.

Su mujer, Jésica Rocío Valdez, una de las personas a las que Díaz había acudido, denunció la extorsión y se contactó con de Asuntos Internos dela Bonaerense.

Jésica llegó ala DDIy personalmente comenzó a negociar con Téves. La transacción era dura. Ahora, la que ganaba tiempo era Jésica: simulaba tener el dinero ya que los efectivos de Asuntos Internos no había llegado a reunir toda la plata y marcarla. Su cuerpo estaba cableado con micrófonos y cámaras ocultas.

El audio y las filmaciones logrados por Jésica les salvaron el pellejo al marido y al hijo. De esa manera, quedó en evidencia la maniobra de los policías dela DDIde Quilmes. “La mujer se comportó como una gran negociadora. Quedó grabada toda la extorsión e inclusive la amenaza de plantar el arma”, puntualizó una fuente de la fiscalía.

Con las pruebas en la mano, los funcionarios de Asuntos Internos y dela UFI4 de Quilmes detuvieron a Giménez y Téves, junto a dos policías más que fueron liberados inmediatamente porque no se pudo comprobar que hayan participado de la maniobra extorsiva.

Voceros judiciales indicaron que “los dos imputados se negaron a declarar. Estamos seguros que hay más implicados pero por ahora se pudo comprobar la participación de ambos”. Los policías están separados preventivamente de la fuerza y ya recuperaron su libertad, aunque el proceso judicial sigue en marcha.

Téves, el número dos dela DDIde Quilmes y eventual jefe de la dependencia, había estado a cargo de la comisaría primera deLa Matanzahasta agosto del año pasado, cuando desembarcó en Olavarría. Tres meses después, fue ascendido a Jefe Distrital de ese distrito del interior Bonaerense hasta que en mayo fue trasladado a Quilmes. Un mes antes, había sido denunciado por pedir coimas en el Destacamento Policial de Sierra Chica.

Según las fuentes consultadas, los policías de Quilmes podrían haber salido ilesos si hubieran aceptado los pocos miles de pesos que Díaz tenía al alcance “pero se endulzaron y creyeron que podían sacar más provecho a la situación y cayeron”.

 

El oro gitano y otros botines

Unos días antes, ocurrió una situación casi calcada en la comisaría cuarta de Gervasio Pavón, en Morón sur, cuando policías de esa dependencia vieron una actitud sospechosa en el auto en el que se trasladaban tres personas. Este caso comenzó el viernes 20 de julio y se extendió hasta el domingo.

Los agentes iban en un patrullero sobre la calle Azul y en la mano contraria se cruzaron con el coche de las tres futuras víctimas. En un brusco giro, la policía se ubicó detrás de ellos y los detuvieron. Pidieron los documentos del vehículo e identificaron a cada uno. Se trataba de tres jóvenes gitanos de apellidos Miguel, Grancha y Pérez Iraola.

“El automóvil tenía los papeles al día pero dos de los chicos no tenían sus documentos. Quizá estaban por cometer algún ilícito, o al menos eso dijeron los efectivos, pero nunca lo sabremos porque el procedimiento quedó anulado por múltiples irregularidades”, explicó uno de los investigadores a Cosecha Roja.

Según las fuentes, cuando los policías escucharon que el conductor del vehículo se apellidaba Miguel, se refregaron las manos. “Ellos saben que esa familia de gitanos maneja mucho dinero”, agregó el vocero judicial.

En el acta policial quedó plasmado que se secuestró una pistola, unos pocos euros, otro tanto de dólares y una computadora portátil que “tenía información clave de datos bancarios de personas de avanzada edad”.

Al otro día, los imputados fueron indagados por la titular dela UFI Nº 5 de Morón, Cecilia Corfield. La fiscal entendió que algo no estaba bien y  comenzó a desandar los pasos del operativo.

Miguel, de 20 años, se animó a contar a la funcionaria judicial que había sido extorsionado por los agentes a cambio de que no le imputaran ningún delito. El joven había sido obligado a llamar por celular a un hermano para que consiguiera en pocas horas 100 mil pesos.

Las llamadas se realizaron pero el dinero no se juntó. Sugestivamente, el celular del muchacho no fue incluido entre los elementos secuestrados. Además, la víctima fortaleció su relato argumentando que la policía le había sacado todo el oro que llevaba encima.

Las fuentes consultadas sostuvieron que la fiscal Corfield se sorprendió y hasta dudó de la versión de los entonces procesados. No porque no creyera quela Bonaerensefuera incapaz de realizar estas extorsiones, sino que el jueves 12 de julio la misma Corfield había ordenado allanar esa comisaría y secuestrar los celulares del jefe de calle y del comisario.

En esa oportunidad, habían recibido una denuncia similar de parte de dos detenidos en una causa por drogas. Uno decía que durante el allanamiento a su domicilio los policías le robaron unas zapatillas y le plantaron cocaína y marihuana. El otro, en cambio, se hizo cargo de los 30 papeles de cocaína que le incautaron pero detalló que el jefe de calle se llevó, sin mucho disimulo, una caja en la que guardaba unos 30 mil pesos que había recibido por el cobro de un seguro laboral.

En esa primer causa, el allanamiento a la comisaría de Gervasio Pavón dio negativo. Sin muchas expectativas, la fiscalía y personal de Asuntos Internos volvieron a la dependencia el domingo 22 de julio. En el locker del oficial principal Osvaldo César Muñoz, jefe de calle de Morón sur, encontraron un arito, una pulsera y un anillo de oro con dos importantes piedras azules a sus costados y un brillante en el medio. Era una de las joyas que Miguel había descripto en su denuncia.

Inmediatamente, se ordenó allanar la casa de Muñoz, en Banfield y la del comisario en Virrey del Pino, partido deLa Matanza. Eljefe de calle salió de su vivienda esposado; mientras que el titular de la comisaría por el momento se supone que estuvo ajeno a la extorsión.

En paralelo, los tres gitanos fueron liberados porque se acreditó que la pistola fue encontrada en el auto de los imputados cuando ya estaba adentro de la comisaría. “Esto es un mamarracho. Al darse cuenta de que les podían sacar dinero, se los llevaron detenidos bajo la amenaza de plantarle un fierro. Cosa que hicieron pero mucho después de apresarlos”, sostuvo una fuente del juzgado de Garantías Nº2, acargo de Ricardo Fraga.

El testigo del procedimiento policial, además, no apareció nunca: sus datos no coinciden con nadie.

Muñoz estuvo unos días preso y a comienzos de la semana pasada declaró a pedido suyo ante la fiscalía. El hombre dijo no entender por qué estaba procesado. “Hice lo que se hace siempre con los detenidos. Se le sacan sus pertenencias y quedan bajo custodia. Qué lugar más seguro que mi locker”, dijo.

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