El Protector

Por Horacio Verbitsky- Pag12.-

Mientras Scioli anuncia el control civil de la seguridad y consulta con la Comisión por la Memoria la creación de una nueva Policía Judicial, el alcaide mayor Ricardo Casal preserva las estructuras y las prácticas criminales enquistadas en la Policía y el Servicio Penitenciario: asciende a oficiales complicados por graves crímenes y encomienda el presunto control a uno de los responsables del encubrimiento de las monstruosas condiciones de alojamiento en las cárceles provinciales.

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La semana pasada, ante los patrones de la industria, la presidente CFK contó su admiración por el cuadro de Ernesto De la Cárcova Sin pan y sin trabajo, como parte de su mensaje a favor de la creación de empleo y la transferencia progresiva de ingresos. Por un sarcasmo de la historia, doce décadas después el nombre del pintor identifica a una calle del partido de San Martín, en cuya prolongación de tierra se levantó uno de los barrios del Gran Buenos Aires donde con mayor crudeza se repite el angustioso tema de su obra, que terminó de pintar en 1893. Allí, el 3 de febrero de este año, personal de la Jefatura Departamental San Martín y de sus comisarías 2ª,4ª, 8ª, 9ª y de la subcomisaría de José León Suárez mataron con disparos de escopeta a los adolescentes Franco Almirón y Mauricio Arce e hirieron en forma grave a Joaquín Romero, pretextando una agresión armada que nunca se produjo, para impedir el saqueo de un tren descarrilado, que había concluido noventa minutos antes. Los pibes tenían disparos por la espalda.

Los antecedentes

El viernes, el CELS solicitó a la Justicia que el juicio oral no se limitara a los dos policías que dispararon con munición de guerra, sino también a sus superiores que programaron y coordinaron la agresión y luego falsearon los hechos para encubrir lo sucedido como si se hubiera tratado de un enfrentamiento. Entre ellos están los comisarios Mario Briceño, quien era jefe de la Dirección Departamental de Investigación de San Martín, y José Antonio Cortez, jefe de la denominada Policía 2 de San Martín. Casal confirmó a Cortez en ese cargo y el 1º de julio ascendió a Briceño a Jefe Departamental de Seguridad de San Martín, una vez “analizados los antecedentes del funcionario policial”, de los que “no surgen impedimentos”, como informa la Resolución ministerial 2658/11. No es verdad: el 13 de mayo, el subinspector Gustavo Ezequiel Vega, procesado y con prisión preventiva como autor material de los disparos, declaró ante el juez de garantías Nicolás Schiavo y los fiscales Marcelo Sendot y Ana Armetta que Cortez lo tomó de los carrillos como si fuera un bebé y le dijo: “Quedate tranquilo, ángel de Dios, está todo arreglado. Tenés que hacer lo que se te dice”. El que se lo dijo fue Briceño, quien lo amenazó con represalias contra él y su familia si no asumía la exclusiva responsabilidad y avalaba la versión oficial que le suministró, ya que “esto había tomado una dirección mediática” y necesitaba “un cadáver para arrojárselo a los cuervos de los medios”. ¿Qué antecedentes habrá analizado Casal para firmar el ascenso de Briceño, a quien en estos días incluso pensó en promover a la jefatura provincial de la policía? La presentación del CELS reconstruye los hechos de aquel día de acuerdo con las constancias del expediente y concluye que las declaraciones policiales fueron concertadas para presentar una agresión armada y su represión en defensa propia, por parte de policías que dijeron haberse parapetado detrás de los vagones descarrilados. La realidad es que los hombres de Briceño y Cortéz forzaron con una pistola lanzagases la salida de un grupo de jóvenes que se cubrían detrás de un montículo de chapas oxidadas. Una vez al descubierto, la policía avanzó en forma concertada sobre ellos disparando con munición de plomo.

Los dos pilares

Los habitantes de ese asentamiento precario de José León Suárez, cuya escuela se llama “Sin pan y sin trabajo”, se refieren a su barrio como La Carcova, con acento en la O. El artículo femenino sugiere en forma implícita que se trata de una villa miseria. Ellos conocen mejor que nadie los dos pilares en los que se asienta la gestión del ministro Casal, a quien Scioli ratificó para su segundo mandato, porque es el idéologo y organizador de su proyecto de diferenciación del kirchnerismo, hoy aletargado a la espera de un momento más propicio. Formado en el temible Servicio Penitenciario Bonaerense durante los peores años de la dictadura militar, Casal delega el gobierno de la seguridad en la propia agencia policial y demoniza a los jóvenes, quienes son presentados con lenguaje bélico y tono de urgencia como un enemigo a destruir. Todos los días esos chicos, con sus madres, sus abuelos y sus hermanitos menores, cruzan las vías del ferrocarril y el camino del Buen Ayre para peregrinar hacia el basural del Ceamse. Es lo que hacían el 3 de febrero Franco Almirón y Mauricio Arce Ramos, cuando se detuvieron a ver qué pasaba alrededor del tren descarrilado. Cada día, entre las 5 y las 6 de la tarde, se abren las puertas del basural y policías de las comisarías 4ª de José León Suárez y 5ª de Billin-ghurst regulan el ingreso a la carrera de mil personas que escarban entre las montañas de basura en busca de alimentos y desechos con valor de reventa, que es la principal actividad económica de la zona. De esa carrera vergonzosa, lejos de la vista del resto de la sociedad, participan mujeres, niños y ancianos, que muchas veces tropiezan con bicicletas o carros que se los llevan por delante. También son habituales las disputas por lo más valioso de los residuos. En 2004, un chico de 15 años, Diego Duarte, fue asesinado cuando desde una topadora le arrojaron encima desperdicios hasta enterrarlo vivo en el basural. Su cuerpo nunca apareció. Estos episodios son apenas la parte más escandalosa de los históricos y recurrentes enfrentamientos de la policía con los jóvenes de estos barrios, como estrategia de control territorial y hostigamiento, prácticas que se repiten en el resto de los barrios del conurbano bonaerense. Esta forma coactiva de gestionar la seguridad en espacios sociales conflictivos incluye el cacheo, la detención por averiguación de identidad y las amenazas a los varones jóvenes de los asentamientos. A menudo también encubre la regulación de, al menos, parte de las actividades delictivas del barrio. Los vecinos conocen muy bien las relaciones entre la policía local y las diferentes redes de ilegalidad que operan en ese territorio, como la venta de drogas, los desarmaderos de autos robados, los prostíbulos y la comercialización de estupefacientes de consumo prohibido por las autoridades sanitarias. En el lugar donde descarriló el tren, que llevaba autopartes, funciona un desarmadero al amparo de la policía local. No es sorprendente que se acercaran a ver qué se podía rescatar y vender. La policía, con el aval de las autoridades provinciales, montó el operativo de represión y lo encubrió.

Después de las urnas

Como esta política provincial de seguridad contradice los lineamientos generales de la del gobierno nacional, Scioli ha emprendido una serie de operaciones de maquillaje y de ampliación de su base política de apoyo. Luego de las elecciones de octubre, en las que obtuvo 538.467 votos menos que Cristina (o el 6,17 por ciento sobre el total de los votos emitidos), Scioli convocó a una multitudinaria reunión al vicegobernador electo Gabriel Mariotto y a los dirigentes provinciales de la juventud, donde predominan aquellos encuadrados en La Cámpora. Cuando le transmitieron sus objeciones a la política de Casal, Scioli respondió que era su mejor ministro y les propuso que se reunieran con él. El posterior encuentro con Casal terminó a los gritos. Scioli le pidió a Mariotto que le propusiera nombres ministeriables. Luego de consultarlo con Cristina, Mariotto le respondió que el gabinete era exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo y que él se concentraría en la Legislatura, donde cree tener mayoría en las dos cámaras. Como vicegobernador, es el presidente nato del Senado. En la Cámara de Diputados fue confirmado como presidente Horacio González pero su vice será el dirigente de La Cámpora José Ottavis, sin cuya firma no puede autorizarse ningún gasto. Como presidente del bloque de diputados, Mariotto sostiene a Juan de Jesús, ex intendente del Partido de la Costa, donde su Secretario de Hacienda fue Amado Boudou. Consultado sobre este desembarco de la juventud kirchnerista, un legislador con muchos años en la cámara se limitó a contestar: “Todo bien”, mientras hacía el gesto de anudarse una servilleta al cuello y empuñar un tenedor y un cuchillo. Los preparativos para ese hipotético almuerzo son atizados por el actual presidente del bloque, Raúl Pérez, quien alega contar con el respaldo del ministro del Interior Florencio Randazzo. El miércoles, cuando se elijan las autoridades se verá si esta resistencia al diseño aprobado por Cristina tiene alguna viabilidad.

El contrafuego

Entretanto, Scioli ha intentado oponer un contrafuego a esta llameante avanzada sobre su territorio. Su intención es encabezar con mayor entusiasmo que nadie el cristinismo provincial, cediendo todo lo que sea necesario para retener el poder real. En ese sentido se apuró a obtener aprobación legislativa para financiar con endeudamiento el déficit milmillonario del presupuesto, de modo de atenuar su dependencia del gobierno nacional. Esto es, de todos modos, relativo, en una provincia cuyos recursos propios no cubren ni la mitad de sus gastos. Además, dispuso el retiro del jefe de policía, Juan Carlos Paggi y lo reemplazó por un técnico de las comunicaciones, Hugo Matzkin; anunció la creación de policías municipales con acuerdo de los intendentes del conurbano y de una Policía Judicial, según los lineamientos de la “Convergencia para la Democratización de la Justicia”, y la designación de funcionarios civiles por encima de la jefatura a cargo de Matzkin. Estos gestos se contradicen con el acto de despedida a Paggi, encabezado por el propio Scioli. Según Casal, esto se explicaría por la calidad humana del gobernador. En realidad continúa la línea de pleitesía al poder policial que cultivaron los ex gobernadores Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf. Su mejor ejemplo se encuentra en el episodio de La Carcova. Casal informó aquella tarde que una banda de delincuentes colocaron obstáculos en las vías al paso de una formación de carga y que, luego de su descarrilamiento, se lanzaron a saquearla. Explicó que “los delincuentes pretenden esconderse bajo la apariencia de opresión social y tratan de enmascarar un robo como un descarrilamiento”. Diez meses después esa versión no se sostiene. “La policía fue a buscar venganza”, porque horas antes, muy cerca de allí, había sido asesinado el subteniente Marcelo Luis Houriet, del Destacamento Buen Ayre de la Policía de Seguridad Vial, dijeron vecinos del barrio y la militancia política del Movimiento Evita. Las víctimas tenían impactos de bala en la espalda y no hubo ni siquiera un herido entre las fuerzas policiales. La Fiscalía 5 de San Martín tuvo el buen tino de encomendar los peritajes a la Gendarmería y no a la Bonaerense, lo cual dejó en ridículo la versión policial asumida por Casal como verdad revelada.

Presunciones y falsedades

Desde el gobierno provincial y los medios que se le subordinan se afirmó que la designación de Matzkin complace al gobierno nacional, porque trabajó con el ex ministro Carlos Arslanián, quien es asesor de la ministra Nilda Garré. Esta versión fue construida en base a presunciones basadas en hechos falsos. Arslanian no es asesor de Garré, sino cofundador con el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria del Acuerdo para una Seguridad Democrática, del que también participan dirigentes de distintos partidos políticos, centenares de especialistas, centros de Estudios y universidades de todo el país, lo cual es muy distinto. En noviembre de 2003, el entonces Procurador General provincial, Eduardo Matías de la Cruz, dio a la prensa un informe elaborado por Matzkin en el que se afirmaba que desde teléfonos de la Casa Rosada y de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército se habían hecho 26 comunicaciones con personas investigadas por los asesinatos del médico Felipe Glasman y de los adolescentes Victoria Chiaradía y Horacio Iglesia Braun, en Bahía Blanca. Las investigaciones posteriores no lo confirmaron, pero la repercusión mediática fue grande y desde el gobierno se atribuyó a una jugada de sectores duhaldistas. Al año siguiente, cuando fue secuestrada la empresaria Patricia Nine, todas las fuerzas compartieron la información hasta que los bonaerenses identificaron el lugar de cautiverio en una casa de Merlo. Entonces cortaron la comunicación y rescataron a tiros a la mujer, y mataron a dos de los secuestradores. En diciembre de 2006, desapareció el activista Luis Gerez y volvió a formarse una mesa de coordinación interfuerzas. Pero Matzkin se negó a compartir sus datos con la Policía Federal y con la Secretaría de Informaciones de la Presidencia.

El control civil

Tampoco es lo que parece la afirmación de que se sigue el mismo esquema nacional al designarse a funcionarios civiles por encima del nuevo jefe. El Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Criminales a cargo de esa tarea es César Albarracín, uno de los colaboradores más próximos de Casal y, como él, protector de las redes de ilegalidad incrustadas en las fuerzas que deberían conducir. En marzo de este año tres personas privadas de su libertad en el complejo penitenciario de José León Suárez, tres unidades construidas sobre parte del basural, denunciaron por separado y ante distintos funcionarios judiciales, que las autoridades de la U48 los obligaban a robar para las autoridades y que funcionaba un desarmadero en una de las unidades. Como prueba presentaron a la Justicia fotos tomadas con un celular que les entregó un penitenciario, en las que los detenidos visten camperas de camuflaje, gorras y chalecos antibalas y escudos protectores del SPB. También se denunciaron torturas a 25 detenidos y niveles inimaginables de hacinamiento y violencia en el pabellón de castigo, fiestas con alcohol y prostitutas en la cárcel y tiroteos sobre detenidos por parte de funcionarios borrachos. Albarracín negó todo lo que se publicó aquí, pero luego de una visita conjunta de la Comisión Provincial por la Memoria y del CELS, que documentaron en entrevistas y fotografías lesiones gravísimas a 25 reclusos, no tuvo otro remedio que reconocerlo, clausurar el pabellón de castigo y separar a la cúpula penitenciaria. En las celdas los visitantes vieron un teléfono celular y varias facas y recibieron confirmación por parte de varios detenidos, de que algunos de ellos eran obligados por las autoridades a salir del penal para robar. En las fotos mostraban “marcas de palos, patadas, ojos morados y heridas”. Este no puede ser el hombre que dé un giro copernicano respecto de la política desarrollada por El Protector.

 

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