El Salvador condena a las mujeres que abortan

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David López Frías – El Español.-

La activista Morena Herrera denuncia la presión judicial contra quienes abortan en el país centroamericano. Las sentencias han llevado a algunas mujeres al psiquiátrico o al suicidio.

“Vengo de un país en el que un embrión vale más que la vida de una mujer”, dice Morena Herrera, exguerrillera y activista social en El Salvador. Está en Madrid invitada por Amnistía Internacional, que denuncia el drama de las mujeres del lugar del mundo donde abortar sale más caro.

Hasta 50 años de cárcel pueden llegar a pagar las mujeres que interrumpan su embarazo en El Salvador. No importa que lo hagan de forma voluntaria o involuntaria. La legislación de esta república centroamericana condena a la mujer en todos los casos. Incluso si la mujer ha perdido al bebé por una caída fortuita.

Eso fue lo que le ocurrió a Sara, una estudiante de 18 años que estaba embarazada de siete meses. “La chica resbaló una tarde y se cayó”, dice Morena Herrera. “A las pocas horas empezó a sangrar de forma descontrolada. Su criatura nació muerta. La familia enterró al bebé cerca de casa y llevó a Sara a Urgencias para que le cortasen la hemorragia. Allí los médicos sospecharon que había abortado y llamaron a la policía, que la empezó a interrogar”.

“Interrogar a una persona que acaba de perder a su bebé de forma accidental y que está sufriendo una terrible hemorragia es inmoral”, dice Herrera. “Pero además incurrieron en una ilegalidad flagrante porque la sometieron a un interrogatorio sin la presencia de un abogado”. Los propios médicos fueron los que la denunciaron. Enviaron a la policía a su casa y obligaron a los familiares a desenterrar el feto.

A los pocos días se celebró el juicio. “Lo que hizo el juez fue enviar a la policía a preguntar a los vecinos si sabían que esa niña estaba embarazada”, explica Herrera. “Les dijeron que no. Fueron las únicas pruebas que necesitó el magistrado para meterla en la cárcel. La sentencia determinó que Sara abortó voluntariamente y estaba ocultando el embarazo de forma premeditada. Consideraba probado ese extremo porque decía que los vecinos no sabían de su embarazo, lo que significaba que lo ocultaba y no mostraba felicidad por ello”.

A Sara le cayeron 30 años de cárcel por perder el niño. Desde entonces ya ha cumplido tres y sigue en prisión. “Tiene 21 años y una cara de envejecida que da muchísima pena”, dice Herrera. “Además se encuentra presa en el Centro de Ilopango, que es una cárcel con una superpoblación del 900%. Eso significa que donde debería haber una presa hay nueve y que el agua destinada a una reclusa la tienen que compartir entre nueve”.

Sara iba a acabar el bachillerato el año en que perdió el niño. “Aún recuerdo cómo se presentó su abuela en el juicio portando el uniforme escolar de la niña y pidiéndole al juez que no la enviase a prisión”, dice Sara.

“No encarcele a mi nieta porque es muy buena. Ha lavado ropa ajena para poder pagarse sus estudios”, imploraba la anciana. El juez no escuchó sus ruegos y la envió a la cárcel.

Abortar es matar a un familiar 

Herrera explica que el motivo por el que las penas por abortar sean tan severas en su país es que la Constitución de El Salvador otorga la consideración de persona a un feto o embrión “desde el mismo momento de la concepción”.

La Justicia salvadoreña presenta el aborto como un homicidio agravado. Al abortar, se entiende que una mujer mata a una persona. Es un homicidio agravado porque la mujer está matando a alguien de su familia. “Por ello la gravedad es mayor y las sentencias que se imponen oscilan entre los 30 y los 50 años”, resume Herrera.

En 1992 concluyó el conflicto armado que asoló El Salvador durante 12 años. Se firmaron unos acuerdos de paz que incluían un nuevo Código Penal y cambios en la Constitución. En 1999 se aprobó la reforma del artículo 1 que “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

“Ese punto se incorporó por la fuerza que hicieron grupos de presión pequeños pero muy poderosos, vinculados a la Iglesia católica y a los sectores más conservadores de la sociedad”, dice Herrera.

La aprobación de la reforma puso a El Salvador dentro del grupo de países en el que el aborto está prohibido en todos los casos junto a Chile, Nicaragua, Malta, la República Dominicana, Haití o Surinam. Herrera asegura que lo que se hace en El Salvador es más grave: “No se limitan a prohibir el aborto. Lo persiguen y lo criminalizan en cualquier supuesto”.

Herrera pide que se contemplen al menos tres supuestos para que la mujer pueda abortar: por violación, por riesgo para la salud de la mujer o por malformación fetal.

Parir un niño sin cerebro

El segundo y el tercer supuesto estaban presentes en la historia de Beatriz, una joven de 22 años a la que se le diagnosticó lupus eritomatoso sistémico. Esta enfermedad le confería un alto riesgo de muerte si proseguía con el embarazo. Además, la ecografía determinaba que el feto sufría anancefalia. Es decir, que no tenía cerebro.

“Los 15 jefes de departamento del hospital de San Salvador reconocieron la probabilidad de muerte de la madre si no se interrumpía la gestación. También certificaron la imposibilidad de vida del feto porque iba a nacer sin cerebro. Sin embargo, confesaban que no le podían practicar el aborto a Beatriz porque ellos también irían a la cárcel”, recuerda Herrera.

El artículo 136 de la Constitución salvadoreña impone penas de entre dos a cinco años de cárcel a quien ayude o induzca al aborto. A pesar de los riesgos evidentes del caso, a Beatriz le prohibieron abortar. Los doctores remitieron un escrito a la ministra de Salud, que no transigió. Al final el caso fue llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un órgano supranacional que dictaminó que Beatriz debía interrumpir su embarazo.El 29 de mayo de 2013 le sometieron a una cesárea y no fue encarcelada. “Su caso, no obstante, es una excepción”, dice Herrera.

El otro caso en el que según Herrera se debería despenalizar el aborto en El Salvador, es la violación. “En mi país se ha incrementado el número de violaciones a adolescentes”, explica. “Nos encontramos a niñas de nueve y 10 años que han sido forzadas. La justicia salvadoreña obliga a esas niñas a que tengan al hijo. Muchas veces me he encontrado a chicas que han tenido que dar a luz a hijos engendrados por sus violadores. Me vienen angustiadas y me dicen: ‘Mire, es mi hijo y lo tengo que querer, pero es que cada vez que lo miro a la cara estoy viendo a mi violador. Cuando lo tengo delante recuerdo el momento en el que abusaron de mí’. Eso es un sufrimiento diario”.

Herrera cree que el Gobierno salvadoreño debería darse cuenta de la situación: “A veces los niños son fruto de violaciones grupales, cuyo número también ha aumentado. Esas niñas sólo tienen dos opciones: convertirse en madres del hijo de un violador o suicidarse”.

Según cifras del Gobierno salvadoreño, el suicidio ya es la segunda causa de muerte materna. Muchas niñas prefieren morir y para ello ingieren pesticidas y herbicidas. “Se envenenan”, dice Herrera. “Prefieren eso antes que tener el hijo de un violador”.

“Entre 2009 y 2014 se produjeron 117.708 embarazos de menores de edad”, dice la activista. “Es tremendo si tenemos en cuenta que somos un país de seis millones de habitantes”.

21 mujeres entre rejas

Cada vez hay mujeres presas por abortar en las cárceles salvadoreñas. “Antes las llamábamos Las 17 porque ése era el número. Conseguimos que indultaran a dos y ya sólo quedaban 15. Por desgracia, el número ha crecido en los últimos meses y ahora hay 21”, señala Morena Herrera.

En algunos casos, la víctima ni siquiera era consciente de que estaba embarazada cuando abortó. Le sucedió a Teresa, una operaria textil de 29 años y un hijo de ocho.

“Una mañana se empezó a encontrar mal y se desmayó”, dice la activista. “La encontró su abuela y llamó a la Cruz Roja. Como era trabajadora asegurada, la pudieron llevar al hospital Primero de Mayo. Los médicos la interrogaron y dictaminaron que había abortado. Enviaron a los bomberos a su casa a por el feto. La autopsia concluía que la criatura había muerto por hipoxia perinatal y no por una actuación voluntaria. Pero Teresa fue encarcelada y hoy cumple una condena a 30 años de prisión. Su hijo, que ahora tiene 10 años, se está criando con su abuela”.

Herrera explica que esta dura legislación no sólo humilla a las mujeres. También favorece a las mafias. Hasta hace nada, las mujeres abortaban introduciéndose clavos o perchas por la vagina. De un tiempo a esta parte, utilizan misoprostol, que es un medicamento para las úlceras y los problemas gástricos.

“En mi país el misoprostol se está vendiendo en el mercado negro a precios astronómicos”, dice Herrera. “Es una sustancia que pone en peligro la integridad de la mujer porque provoca hemorragias incontrolables”.

Es problema lo sufrió Meri, una chica que desconocía la legislación salvadoreña. “Tenía pareja y estudiaba su segunda carrera. Tenía una vida muy estable. Se quedó embarazada y decidió que no quería tener ese hijo porque no estaba preparada. Consiguió el misoprostol y se lo tomó. Empezó a sangrar, se asustó y fue al hospital a que le cortasen la hemorragia. Cuando llegó, explicó lo que había sucedido y los médicos la denunciaron”.

Morena Herrera intervino en aquel caso: “Su novio y su madre me vieron en un programa de la tele y se pusieron en contacto conmigo para que les ayudase. Recomendé a la chica que se declarase culpable y eso llevó al  juez a dejar su pena en dos años de cárcel. En mi país, si la pena no llega a los tres años, no hace falta que la persona condenada entre en prisión. Sin embargo, el magistrado decidió que ella tenía que cumplir la pena en la cárcel para dar ejemplo a todas las mujeres de El Salvador sobre lo grave que es abortar”.

Aquella chica se intentó luego suicidar y terminó internada en un psiquiátrico. “Le hundieron la vida a una chica que tenía estudios y pareja estable”, recuerda Herrera sobre el caso.

A la cárcel por infiel

Al menos Meri acabó salvando la vida. No es el caso de Manuela, que tenía 33 años y era madre de dos hijos. Su marido los abandonó a los tres y se marchó a vivir a Estados Unidos. Ella se quedó embarazada tres años después.

A medida que la gestación avanzaba, se le inflamaron unos ganglios en el cuello. Morena Herrera recuerda que se puso enferma y se quejaba de esos bultitos.

“Una noche se fue a la letrina porque no tenía ni lavabo y parió una criatura muerta”, dice Herrera. “La policía la detuvo y la sometieron a un juicio rápido. El magistrado era una mujer. Esta juez determinó que Manuela se había infligido el aborto ella misma para esconder su infidelidad. Le cayeron 30 años de cárcel. Murió al poco tiempo en prisión porque lo que tenía era un cáncer linfático que le había provocado el aborto”.

Morena Herrera cuenta que acaban de solicitar la revisión de su sentencia por una cuestión de honor: “No queremos que a sus hijos pueda decirles nadie que su madre era una asesina”.

“La política contra el aborto del Gobierno de El Salvador es terriblemente clasista”, dice la activista Herrera. “Todas esas mujeres proceden de entornos muy pobres. Las ricas se marchan al extranjero y abortan”. El 57% de los salvadoreños considera lícito interrumpir un embarazo y el 70% de ese porcentaje son personas que proceden de las clases altas”.

Foto: Dani Pozo / El Español

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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