Extradición: una salida para los narcos colombianos

Una de las hipótesis sobre el asesinato en Buenos Aires de Jairo “Mojarro” Saldarriaga es que el sicario colombiano estaba negociando entregarse a Estados Unidos, un camino que eligen muchos narcos que dan información y así logran reducir los años de encierro. En Colombia podrían estar 30 años en prisión, en Estados Unidos tres o cuatro. Mojarro no llegó a concretarlo.

El País- Colombia.-

En Colombia un padre divorciado que deja de dar el aporte para los alimentos de sus hijos es detenido, llevado ante un juez y condenado a tres años de cárcel. El mismo tiempo que pagan en promedio los miembros de los carteles de las drogas que en los últimos años se someten a la justicia de los Estados Unidos.

Esta desproporción, que cada vez se hace más evidente, fue reconocida en público por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el director de la Policía, general Óscar Naranjo, dos personajes que defienden la extradición a capa y espada, pues la consideran una herramienta exitosa para combatir narcotráfico.

No todos los colombianos que participan del tráfico de drogas corren la misma suerte y logran condenas que el Ministro y el General han calificado como “inciertas”. En cárceles ‘gringas’ también pagan condenas pescadores de Buenaventura capturados en aguas internacionales transportando alijos de cocaína o tanqueando lanchas cargadas con droga.

Sus condenas oscilan entre los 20 y los 30 años de prisión, mientras que las de sus jefes no llegan a los cinco años.

Esta inequidad ha llevado a que desde distintos sectores se pregunten si Colombia debe continuar enviando a los narcotraficantes al país del ‘Tío Sam’ o si, para evitar que regresen en corto tiempo como hombres libres, debe enjuiciarlos y condenarlos en el propio terruño.

Analistas, abogados y exconvictos consultados por El País coinciden en afirmar que si bien las cortas penas que EE.UU. impone a los capos colombianos le envían un mal mensaje a la sociedad, el problema no está en la flexibilidad de la justicia americana, sino “en la debilidad del sistema judicial y penitenciario de Colombia que durante 20 años se apoyó en esta figura para amedrentar a los narcos pero no aprovechó el tiempo para fortalecerse”.

Justicia tolerante

“La capacidad para corromper el sistema judicial que demostraron tener los narcotraficantes fue la razón de ser del tratado de extradición que hoy está vigente con EE.UU.; en los años ochenta preferíamos enviar los narcos a ese país porque acá no teníamos como hacerlos pagar por sus delitos”, señala Yesid Echeverry, abogado penalista y profesor del Departamento de Estudios Jurídicos de la Icesi.

Carlos Lehder fue uno de los primeros capos del narcotráfico en ser extraditado en febrero de 1987. Tres años antes el cartel de Medellín había asesinado al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien había iniciado la persecución contra dicha banda.

“La extradición fue durante dos décadas el principal instrumento de lucha contra los narcotraficantes y un elemento de tensión constante entre el Estado y los jefes de los carteles que desataron un baño de sangre bajo la consigna de que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en EE.UU.”, recordó Mónica Rojas, investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.

Sin embargo, Jorge Restrepo, consultor del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, cree que “esa política de cero tolerancia con el crimen organizado que tuvo Estados Unidos se está revaluando y por eso hoy vemos una mayor flexibilidad en los acuerdos”.

Esto lo corrobora un abogado caleño que asesora a narcotraficantes que están en proceso de someterse a la justicia americana, quien pidió la reserva de su identidad pero le explicó a El País la tabla que usan para calcular las condenas y las posibles rebajas (ver recuadro).

A diferencia de los analistas consultados, el escritor Andrés López, conocido en el mundo del narcotráfico como ‘Florecita’ y uno de los primeros en beneficiarse de un acuerdo con los Estados Unidos, cree que el problema no es del sistema judicial americano que, aclara, “no negocia con nadie, sino que permite el sometimiento a la justicia y por eso otorga beneficios”.

Ese sometimiento implica dejar la actividad, entregar dinero, rutas y socios.

López señala una gran diferencia que en su opinión da validez a la figura del sometimiento y la rebaja de penas. “Qué buscan los narcos que se entregan, que el juez los mire con benevolencia, porque es muy distinto cuando una persona manifiesta su voluntad de pagar su deuda con la sociedad, que cuando un fiscal ha pasado 20 años persiguiendo por medio mundo a un capo y lo captura, habiéndose gastado millones de dólares; indudablemente la justicia, sea la que sea, va a mirar al primero con otros ojos”.

En contravía, Elmer Montaña, ex fiscal y abogado penalista, dice que el mensaje que se le envía a la sociedad con “la rebaja de penas y los acuerdos con los narcotraficantes no es positivo, les estamos diciendo a las nuevas generaciones que el crimen sí paga” y por eso cree que la extradición ya no tiene la efectividad para imponer castigos a los narcotraficantes, además, dice que las ‘negociaciones’ se prestan para situaciones poco claras.

Extradición en contradicción

Una prueba de que no todo es trasparente en ese mundo de delatores, abogados, policías y fiscales ocurrió el domingo 17 de abril de 2011. Ese día los medios registraron la captura de Francisco García, alias Pacho Garra, quien fue reseñado por la Dijín como lugarteniente de ‘Los Comba’.

La noticia divulgada decía que “alias Pacho Garra estaba dormido junto con 16 de sus escoltas y que fue sorprendido por las autoridades”, algo bastante inusual en el mundo del narcotráfico.

Una fuente de la Fiscalía contó a este diario que dos meses después apareció en el bunker un hombre quien dijo que hacía parte del grupo de confianza de ‘Garra’ y pidió que lo metieran en la negociación.

Aseguró que el lunes siguiente a la captura, el 18 de abril, “íbamos a entregarnos a la DEA, ya el patrón tenía eso palabreado, pero no alcancé a llegar porque me quedé dormido donde una novia que conseguí cerca de La Tebaida”.

Captura o entrega pactada, lo cierto es que Francisco García, alias Pacho Garra, fue extraditado a los EE.UU. en diciembre pasado. “Muchos de los capos que se entregan prefieren aparecer como capturados para evitar venganzas de sus propios aliados, a los cuales van a delatar”, explica el abogado que los asesora.

La polémica por la extradición siempre existió. Quienes la defendieron vieron en ella un paliativo para la debilidad de la justicia colombiana pero ahora, a la luz de unas penas que no se corresponden con las necesidades del país en la lucha contra el narcotráfico, sus detractores aumentan.

El punto más sensible en esta discusión tiene que ver con la impunidad. López, quien se favoreció de un acuerdo con los americanos, se pregunta: “¿Qué se puede hacer para que los delitos que cometió en Colombia una persona que logra un acuerdo en EE.UU. no queden impunes?”

El acuerdo de ‘Los Comba’

Los acercamientos entre Javier Antonio Calle Serna y su hermano Luis Enrique, ‘Los Comba’, con las autoridades estadounidenses se iniciaron hace más de un año, con la captura de alias Coyac, uno de sus hombres cercanos. ‘Coyac’ fue detenido en España y se acordó un traslado a EE.UU, donde colabora.

El abogado Rubén Oliva empezó los acercamientos con agentes de la DEA, que a su vez, lo contactaron con la fiscal Carolyn O’connor del Distrito Sur de Nueva York. En el trato que realizan con la fiscal, la entrega se daría en mayo. “Los dos hermanos Calle Serna saldrán desde España, allí los reciben hombres de la DEA, y con una carta de inmunidad los trasladan a Nueva York”, explicó una fuente cercana al proceso.

Entre lo pactado se encuentran los documentos españoles para 16 miembros de su familia, a cambio de develar las rutas del narcotráfico en este país. Además, ‘Los Comba’ se comprometieron a desmantelar su organización.

Ya doce de sus lugartenientes están en poder de las autoridades (la mayoría de ellos se acogieron a la figura de extradición simplificada) y en las próximas semanas se entregarían otros, como ‘Galleta’, ‘Palustre’, ‘Huevo’, Pájaro’ y ‘Burro’. Asimismo, John Steven o Jerry, reconocido en Tuluá y detenido el mes pasado en Santa Marta, hace parte de las negociaciones.

Se quejan los Rodríguez

Un vocero de la familia Rodríguez, que aceptó hablar con El País sobre el acuerdo de extradición logrado por los hermanos Miguel y Gilberto con la justicia americana, señaló que dicho pacto no le ha traído ningún beneficio a su grupo familiar, compuesto por los hijos de ambos capos.

“Les dieron 30 años porque ellos no se prestaron para delatar a nadie y así evitar represalias contra la familia, entregaron US $2.000 millones y varias empresas, a cambio sólo pidieron la tranquilidad para nosotros pero la Fiscalía colombiana desconoció el acuerdo y nos abrió un proceso penal”, dijo el vocero, quien agregó que “no existe un documento firmado por la Fiscalía porque en su momento el Fiscal Iguarán nos dijo que no se podía, desde hace tres años ya lo están dando y lo peor es que hasta nos llevaron al Consejo Nacional de Estupefacientes a hablar de nuestro caso; desde hace dos años pedimos que dejen a mi padre y mi tío testificar en el proceso, pero el fiscal que iba a ir a EE.UU. dijo en octubre de 2010 que no tenía viáticos”.

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