Junin: el debate después del fuego

pueblada

Cosecha Roja.-

La fiscalía lo había prometido. A las 9 de la mañana le pusieron las esposas al segundo involucrado en el asesinato de Karen Campos. Juan Carlos Ledesma de 23 años estaba refugiado en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Una comitiva de 13 personas donde se mezclaban los funcionarios judiciales con policías salió de Junín a la 1 de la mañana y logró la segunda detención poco después del amanecer. A cuatro días del homicidio de la joven de Junin, el Ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casal dijo que “el crimen está, por suerte, prácticamente esclarecido.” Aunque todavía está por verse si eso es cierto –casos resonantes cómo el de Candela o el de la familia Pomar parecían encaminados y luego demostraron no estarlo- lo que no parece apagarse tan rápido es el debate político alrededor del caso y las protestas que terminaron con la comisaría y la municipalidad local incendiadas.

Al momento de escribir estas líneas, los investigadores todavía buscan el revólver calibre 32 con el que mataron a Karen.  Asuntos Internos investiga si hubo excesos en el accionar de la policía que se enfrentó a la pueblada del sábado a la noche. La mamá de Karen cuestiona a la policía. Y Casal anuncia la creación de “un equipo interdisciplinario especial de trabajo aquí en Junín, con narcotráfico, investigaciones y prevención, que va a estar exclusivamente a disposición de la fiscalía de Junín”.

El Ministro de Seguridad de la provincia declaró hoy a los medios:  “Se quiso sembrar el caos en instituciones emblemáticas: comisaría, municipio, tribunales y bancos.”  Varios pasos más allá fue Guido Lorenzino, diputado sciolista: “Hay vándalos que buscan generar una situación de pánico y desestabilizar a la provincia de Buenos Aires” y apuntó al CELS y a la Comisión de la Memoria: “Están financiados con los impuestos de todos y apañan a los delincuentes” declaró en relación a la posición de estos organismos de no impedir la excarcelación de reincidentes con uso de armas.

Con esas declaraciones, el ministro Casal y Lorenzino intentaban correr el eje del debate: de la corrupción policial y una situación social explosiva hacia la ley de exarcelaciones que, a pedido de los organismos de Derechos Humanos, fue suspendida por la Corte Suprema. Los organismos y los jueces entendieron que esa ley le otorgaba más poder a la policía para realizar detenciones arbitrarias. Casal, en cambio, dice que “lo privaron de una herramienta”, para limpiar las calles.

Ayer, cuando comenzaron las declaraciones contra los organismos, la Comisión de la Memoria publicó un comunicado. Decía así: “El intento del diputado es tratar de evitar que la sociedad advierta el fracaso de una política de seguridad que no solo no previene el delito sino que es parte de los problemas a resolver si queremos mejorar la vida de nuestro pueblo.” Parte de ese fracaso, explicaron ayer desde Junin fuentes del propio gobierno local, se debe a la connivencia de la policía con el narcotráfico. Y eso, aseguran, ayudó a hacer todavía más grande la fractura social que recorre lo que alguna vez fue un pueblo pacífico.

Después de la muerte de Karen, el sábado a la noche los vecinos de Junín marcharon hasta la comisaría. Quemaron autos secuestrados y un patrullero. Hubo corridas, bombas molotov y pedidos de justici. La rabia y el dolor se mezclaban. En la confusión, el intendente radical Mario Meoni declaró que la violencia había sido fogoneada por militantes sociales. “Ha habido numerosos militantes políticos”, dijo, “y tenemos la plena certeza de la participación de un puntero. Pretendían que hubiese disturbios y fuertes ruidos para provocar desestabilización”

La noche terminó con veinte personas demoradas. Casal dijo que los manifestantes estaban encapuchados y que los desmanes en el reclamo “no fueron espontáneos”. La realidad, sin embargo, parece ser mucho más compleja. Difícil explicarla con la teoría de un complot.

 

Sin comentarios

Responder

Su dirección de email no será publicada