La cárcel común para los condenados por la Masacre de Quilmes duró 4 días

Condena masacre de quilmesAndar agencia.-

Cuatro días duró la cárcel común y efectiva para el ex comisario Soria y los oficiales D’ Elia, Fernando Pedreira, y Juan Carlos Guzmán. Las defensas, encabezadas por Rojo, la mujer del ex comisario Soria, presentaron un hábeas corpus solicitando el beneficio de la prisión domiciliaria. Los policías fueron encontrados responsables por los delitos de torturas, apremios ilegales y la muerte de 4 adolescentes -Elías Giménez, Diego Maldonado, Miguel Aranda y Manuel Figueroa-, en la comisaría 1° de Quilmes, en octubre de 2004. Los jueces de la Cámara de Apelaciones II de Quilmes –Dr. Rousseau y el Dr. Falcón- aceptaron el recurso presentado.

ANDAR en Quilmes

El pasado lunes el TOC 3 de Quilmes condenó a 10 años de cárcel efectiva al comisario Juan Pedro Soria y al oficial D’ Elia, a 19 años a Fernando Pedreira, a 9 años a Juan Carlos Guzmán y a penas de entre 3 y 4 años a los agentes restantes: Basilio Vujovich, Jorge Gómez, Franco Góngora, Gustavo Altamirano, Humberto Ávila y Elizabeth Grosso. El TOC3 dispuso que quienes cumplirían las condenas menores se les otorgara prisión domiciliaria monitoreada con pulsera. Luego de la presentación esta semana del habeas corpus, la Cámara de Apelaciones revocó la decisión del Tribunal de primera instancia y otorgó el beneficio a los condenados. Esta tarde, Soria, D´Elía, Pedreira y Guzmán serán trasladados desde los distintos penales provinciales a sus domicilios particulares. Luego de 11 años, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, que el lunes pasado sintieron un poco de alivio y justicia por lo sucedido, hoy no dejan de sorprenderse ante las influencias de las fuerzas de seguridad dentro de los tribunales de Quilmes.

Los jueces Rousseau y Falcón fundamentaron que las condenas dispuestas a los oficiales Soria, Guzmán, Pedreira y D´Elía aún no son condenas firmes y entendieron que no pueden aplicarse “restricciones rigurosas”, como el encarcelamiento en unidades penales. También consideraron que no hay riesgo de fuga de los imputados si los mismos obtuvieran otro tipo de reclusión- este fue un pedido de la fiscalía durante los alegatos- y razonaron que las medidas cautelares tomadas por el TOC 3 en su fallo condenatorio fueron de aplicación “arbitraria” y sin la fundamentación requerida para sostener la reclusión efectiva dentro de una unidad penal.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones II resolvió revocar lo decidido por el TOC 3 en relación a la detención dispuesta, hacer lugar al habeas corpus y disponer que el ex comisario Soria y los oficiales Pedreira, D´Elía y Guzmán obtengan, a partir de esta tarde, el beneficio de detención domiciliaria con monitoreo electrónico como los demás policías condenados.

El caso

Nota del 19/10, el día de la condena

Los 10 policías imputados por la Masacre de Quilmes fueron condenados esta mañana por el TOC 3 con penas que van desde los 3 a 19 años de prisión efectiva. Los jueces Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato los encontraron responsables de los apremios ilegales, torturas  y la muerte sufridas por los jóvenes alojados en octubre de 2004 en la comisaría 1ª.

Sentenciaron a 10 años de cárcel al comisario Juan Pedro Soria y al oficial D’ Elia, a 19 años a Fernando Pedreira, a 9 años a Juan Carlos Guzmán y a penas de entre 3 y 4 años a los agentes restantes:  Basilio Vujovich, Jorge Gómez, Franco Góngora, Gustavo Altamirano, Humberto Ávila y Elizabeth Grosso. A quienes cumplirán las condenas menores se les otorgó la prisión domiciliaria monitoreada con pulsera.

Aquel 20 de octubre, 17 adolescentes  que se encontraban alojados en calabozos de la comisaría 1ª padecieron golpes y torturas antes y después de un incendio con consecuencias fatales:  Elías Giménez, Diego Maldonado, Manuel Figueroa y Miguel Aranda, todos jóvenes de entre 15 y 17 años, murieron como consecuencia de las graves quemaduras y el humo tóxico.

Isabel Figueroa, la mamá de Manuel dijo entre lágrimas al salir de la audiencia: “la lucha fue buena… no sé qué más decir. Queríamos que todos fueran condenados, y lo bueno es que todos tienen condenas efectivas, aunque hay unos que van a la casa y yo a mi hijo no lo tengo en mi casa, ellos se van a la casa. Me di el gusto de gritarles ¡asesinos!, quería decirles  tantas cosas pero bueno, no me salió. Se hizo un poquito de justicia después de 11 años que se cumplen mañana, y la larga caminata dio sus frutos”.

Margarita Jarque, la abogada a cargo del programa de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que realizó una veeduría durante el juicio, evaluó que “esto construye fundamentalmente un sentido de justicia: nadie ha quedado absuelto, se ha condenado para las pruebas que había de un modo ejemplar, sobre todo al comisario y a quienes tenían una mayor responsabilidad; hay reparación para las familias después de una lucha de tantos años, por tanta unidad en esa lucha, que han sido realmente un ejemplo. Pensando una proyección por fuera de este juicio, si bien no hemos visto la sentencia es un precedente muy importante para un montón de hechos de este tipo que han sucedido y siguen sucediendo en la provincia de Buenos Aires y en todo el país”.

En uno de sus primeros informes anuales sobre las condiciones de detención en la Provincia la CPM incluyó lo sucedido en la dependencia policial de Quilmes y desde entonces ha acompañado a los familiares y las víctimas del incendio. Pelagio Giménez, el papá de Elías,  también entiende que “la condena va a sentar un buen precedente para todos los policías y de que se puede hacer justicia si los familiares luchan. Nosotros siempre tuvimos esperanza y esperábamos una sentencia pero nos sorprendieron los jueces y yo estoy muy agradecido. También por los 11 años de lucha sin peleas, sin problemas, llevamos cuarenta y pico de días de juicio oral y de nuestra parte nunca hubo un inconveniente”.

“Más allá de la condena efectiva para que paguen por lo que han hecho quienes han torturado, quienes han matado, es muy importante que la justicia no convalide estas acciones para poder impactar también en un cambio de conducta, para que quienes torturan sepan que pueden tener consecuencias como las que vemos hoy que un comisario se va a ir de aquí a una unidad penitenciaria cuando creían que esto no iba a suceder”, agregó Jarque.

Tobías Corro Molas, militante en Villa Itati y ex salesiano,  también fue quien sostuvo a las familias durante estos 11 años. “Lo importante siempre fue acompañar la causa y seguir y resguardar a las familias y ahí uno va entendiendo qué lugar ocupar. Después me parece que cuando la verdad se desnuda y es brutal parece que no hay forma de cubrirla y uno tiene que decidir entre ser cómplice o defenderse, y el tribunal defendió lo que los chicos dijeron. A los sobrevivientes les cambió la vida, y para las familias de las víctimas fatales también es algo reconfortante que les confirmen que sus hijos murieron por la violencia policial. Es tomar un poco de aire después de tantos años de sentir la hostilidad y el desprecio de toda la institución judicial, sintiendo que los policías parecían en su casa al entrar al palacio de justicia”.

“Si a tu hijo lo llevan detenido y es menor de edad plántate en la puerta de la comisaría y no lo abandones. Porque cuando a mi hijo lo llevaron detenido por un error nosotros pensamos que ya iba a volver a casa y lo devolvieron en una bolsa de residuos. Esto no puede volver a pasar nunca con nadie, porque aún si uno es culpable de algo no puede pagar así lo que hizo, no con la muerte”, concluyó Giménez.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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