La hora de los generales, por Luis Ángel Sas para Plaza Pública.

La hora de los generales

Por Luis Ángel Sas, para Plaza Pública. Guatemala. Octubre de 2011.

Foto: Sandra Sebastián.

Era 1988 y aún estaba el sistema inquisitivo de justicia donde el juez también investigaba. Él sabía que dos años de democracia –en 1986 Vinicio Cerezo se había convertido en el primer gobernante civil electo por el voto popular– no eran para nada su seguro de vida. Sobre todo porque el ejército todavía tenía buena cuota de poder.

Después de hablar con su familia decidió que no se dejaría intimidar y aceptaría las denuncias que llegaran. Cumpliría con su trabajo. El 1 de julio de 1988 se enteró del secuestro del juez séptimo penal de instrucción, Julio Aníbal Trejo, y de su ayudante Carlos Morán Amaya, dos días después de ordenar capturas por desapariciones y asesinatos de estudiantes y supuestos subversivos en el caso que fue conocido como el de “La Panel Blanca”.

Trejo apareció tras un día de tortura pero con vida. Amaya fue encontrado con dos disparos en la cabeza. Los jueces de la época lo interpretaron como un ataque al intento de hacer justicia.

Veintitrés años después, a este juez, viejo, atemorizado y padre de abogados, aún le recorre un escalofrío cuando habla de estos asuntos y no permite que usemos su nombre. Siente con horror todavía la intimidatoria presencia de los militares que llegaban a su despacho mostrando pistolas con sus seguros desbloqueados, militares que también lo vigilaban a él, y a sus hijos; y en ocasiones disparaban al aire frente a su casa. Todo porque él, dice, escuchó a algunas víctimas de masacres en Quiché que acusaban a unos soldados. Él es quizá uno de los primeros jueces que tuvo en sus manos los procesos que ahora están reflejándose en capturas.  Han pasado muchos años y pocas cosas en estos casos entretanto. “Allí”, dice, “hay unos militares aún riéndose, aunque ahora talvez no tanto”. Ahora, sugiere, la cosa se está empezando a mover.

Dos años que parecen 20

En dos años han avanzado más casos contra militares que en las últimas dos décadas. Desde diciembre del 2009, la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público ha logrado penas para 15 militares en retiro y comisionados militares.

El 3 de diciembre del 2009, periódicos titulaban con una sentencia inédita: un coronel y tres excomisionados militares fueron sentenciados a 53 años de prisión por la desaparición de ocho personas en 1981 en la aldea El Jute, Chiquimula. Era el primer caso en que la fiscalía lograba sentencia por crímenes ocurridos en la guerra interna. Desde ese día la palabra “inédita” queda convertida en una anécdota: ya han sido capturados desde kaibiles y soldados rasos hasta mandos medios del ejército. Y más que mandos medios.

Hasta ahora el militar de más alto rango capturado por delitos contra los derechos humanos durante los 36 años que duró la guerra interna era el exjefe del Estado de Mayor de la Defensa entre 1982 y 1983, Héctor López Fuentes.

Mucho ha cambiado desde que estos ancianos militares retirados, que despiertan lástima y rencor en redes sociales, tenían poder y salud para, según la Fiscalía, ordenar el asesinato de personas sospechosas de participar en la guerrilla aún y cuando algunos todavía estaban en el vientre de sus madres.

Hasta antes de la captura de López, la Asociación de veteranos militares de Guatemala (Avemilgua) poco o nada había dicho. En su mayoría los detenidos eran soldados rasos o kaibiles. Pero en julio pasado, cuando fue arrestado López Fuentes, emitieron un comunicado en el que advertían que están “dispuestos a luchar nuevamente si las circunstancias así lo demandan”.

El comunicado también dejaba ver que entendían las detenciones como una persecución a militares que defendieron al país de la amenaza comunista.

Ahora guardan silencio.

Aunque se les buscó para este reportaje no hubo respuesta.

En estos días, los militares a los que se les dificulta recurrir a los métodos de antaño con los jueces, a eso que el exjuez relata que le hicieron hace 20 años, han inundado las salas de los juzgados con abogados, han buscado a quienes un día sirvieron y, según dicen fiscales, han ordenado que los sigan como una forma de amenaza.

Además, muchas empresas de seguridad privada están en manos de militares.

No cualquier militar: generales y coroneles

El último movimiento de la fiscalía, seguramente ha terminado de descolocar a los militares que temen que un día el brazo de la justicia toque su puerta: la fiscalía solicitó la captura de un exjefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez, y de un exjefe de Estado, Óscar Humberto Mejía Víctores. Ambos generales en retiro.

Media mañana del miércoles 25 de octubre. Periodistas esperaban ansiosos porque la juez Carol Flores decidiera si enviaba o no a prisión al primer exjefe de Estado en la historia de Guatemala por el delitos de lesa humanidad. La guerra interna de 36 años entre la guerrilla y el ejército dejó 200 mil muertos y 50 mil detenidos-desaparecidos, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Organización de las Naciones Unidas; más del 90 por ciento de los crímenes fue atribuido a cuerpos de seguridad estatales o paraestatales.

Carlos Humberto Mejía Victores fue el último militar que tuvo el poder (1983-1986) y llevó la transición hacía el primer gobierno civil de la nueva era democrática de Guatemala.  Pero también durante su periodo como Ministro de la Defensa se cometieron varias de las peores masacres contra indígenas.

Él se encontraba escondido en el apartamento 501 del residencial Villas del Valle en la zona 15.  Hasta allí había llegado la juez a petición del abogado de Mejía, Telésforo Guerra -quien entre su cartera de defendidos tiene al expresidente Alfonso Portillo, el exdiputado Manolo Castillo, o el prófugo Roberto Barreda, acusado de asesinar a su esposa Cristina Siekavizza-.

Mientras eso ocurría, en la fiscalía de derechos humanos estaban más concentrados en guardar todos los expedientes porque se cambiaban de oficina.

“¿Cree que él irá a la cárcel? ¿Cree que se entregaría si hubiera una posibilidad de entrar en una prisión?”, me pregunta un fiscal retóricamente.  “No estoy acusando a nadie pero ellos aún tienen contactos”. Ellos, los militares retirados con alta jerarquía, aún tienen contactos.

La realidad cumplió lo que dijo el fiscal: una ambulancia privada llegó al parqueo del edificio y minutos después el cuerpo flojo de Mejía Victores sobre una camilla y cubierto con una sábana blanca fue retirado del edificio.

La juez Flores ordenó enviarlo al centro médico militar para que fuera revisado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y determinar su estado de salud después de un supuesto derrame cerebral.

Mejía es, eso sí, el militar de más alto rango procesado por delitos de lesa humanidad en el país. La fiscalía le pone una etiqueta alta en la responsabilidad en 71 masacres durante los años 1982 y 1983 cuando era Ministro de la Defensa de Efraín Ríos Montt, a quien después expulsaría del poder.

Hasta ahora han sido capturados tres generales en retiro y el Ministerio Público ha solicitado otras 21 detenciones de militares retirados de los que seguramente hay más generales.

La justicia, o más bien el Ministerio Público, ha salido últimamente a pescar peces gordos: además de los militares han caído narcotraficantes de talla internacional, evasores de impuesto por 2 mil millones de quetzales, lavadores de dinero y una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué antes no se procesaba a militares?

Para el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Carlos Aguilar, son dos cosas: la madurez que ha alcanzado el país, y la presencia de la fiscal general Claudia Paz y Paz.

“Ella le ha dado el impulso. Hay que recordar que los procesos no son nuevos: ya tienen años. Pero ningún fiscal anterior le había dado importancia”, explica Aguilar.

La fiscal general no dio declaraciones para este reportaje pero personas cercanas a ella afirman que desde el principio tenía claro que estos casos debían caminar “sí o sí” porque quizá ningún otro fiscal les dará seguimiento. Es más, dentro del mismo MP estaban convencidos de que ningún otro fiscal apostará tanto para buscar condenas. La mejor muestra es que aumentó el personal de la fiscalía de derechos humanos y recientemente les asignó un espacio mayor.

Lo que está haciendo la fiscal, según Nery Rodenas, de la Oficina de derechos humanos del Arzobispado (Odhag), es “desafiar al sistema” y es obvio que es un avance.

“Ahora por los intelectuales”, dice Rodenas, señalando a los inductores y a los planificadores de las masacres.

Vásquez explica que quienes deben responder porqué no hubo avances antes son los anteriores fiscales.

“Nosotros estamos teniendo resultados”, explica y agrega que en el archivo de la Policía Nacional se han encontrado documentos que han fortalecido la investigación.

“Ahora hay documentos que soportan lo que dicen los testigos. Es más difícil para los jueces decir no a las solicitudes”, explica el fiscal.

Aguilar agrega algo más: “Antes, en los gobiernos militares, si un juez decidía conocer esos procesos era destituido o incluso amenazado. Ahora estamos en un momento coyuntural perfecto: los jueces son nombrados de forma independiente. ¿Las amenazas? Siempre llegarán”.

El exjuez que recibió el somatón de mesa sabe mejor que nadie de las amenazas a los juzgadores: 20 años después y aún no puede quitarse el miedo. Una última llamada antes de publicar el reportaje para pedir su autorización para publicar el nombre. Responde:

“Disculpe pero las pesadillas quedan para siempre. Lo siento”.

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