México: 25 mil asesinados sin identificar

Gustavo Castillo García. La Jornada.-

Los restos de más de 25 mil personas asesinadas entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011 fueron enviados a fosas comunes por no haber sido identificados por las autoridades ni reclamados por algún familiar, y esas son estimaciones que se han hecho a partir de la información que cada procuraduría ha vertido durante las recientes tres conferencias nacionales de procuración de justicia, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el periodo mencionado, oficialmente se contabilizaron 47 mil 515 homicidios dolosos; de ellos, alrededor de cinco mil se desempeñaban como militares (marinos y soldados), policías federales, estatales o municipales; el resto, eran civiles.

De los más de 40 mil ciudadanos que fueron asesinados “en realidad no se investiga ni 30 por ciento de los casos en las procuradurías locales, y la mayoría se queda en el ámbito de las autoridades estatales, debido a que la Federación requiere que se acredite que el crimen fue cometido o esté relacionado con la delincuencia organizada.

El nivel de identificación en las procuradurías locales oscila entre tres y cuatro de cada 10 restos, y los otros seis o siete son enviados a la fosa común al cumplirse el periodo que marcan las legislaciones de cada entidad, que puede ser hasta de un año. Pero existen casos en los que en apenas dos meses se declaran no identificados y se envían a la fosa común.

De diciembre de 2006 a septiembre de 2011, de los más de 40 mil homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado, la PGR solamente tomó en sus manos mil 500 casos (entre ellos los restos localizados en las narcofosas de Tamaulipas, Durango y Chihuahua entre 2011 y 2012) y se obtuvo una eficacia de 70 por ciento en cuanto a identificación y entrega de los restos a sus familiares”. Alrededor de 450 restos fueron enviados a fosas comunes, señalaron los funcionarios entrevistados, los cuales participan en la elaboración del protocolo con el cual se pretende crear una base de datos de personas asesinadas y desaparecidas.
Existen casos, como ocurrió con la Procuraduría General de Justicia de Durango, donde han sido enviados a la fosa común más de dos mil restos entre 2006 y 2011, y de ellos 300 fueron localizados en fosas clandestinas e inhumados con trascabos y sin ninguna medida de preservación.

En esa entidad, la procuraduría local pidió a las personas que acudieron a tratar de identificar a sus familiares entre los restos localizados, que ellos costearan sus estudios genéticos para que las autoridades tuvieran con qué comparar los perfiles que se obtuvieran de los restos localizados.

Asimismo, se informó que a nivel nacional solamente existe el banco de datos genéticos que inició la PGR, que contiene los registros de ADN de los 72 migrantes ejecutados y las 193 personas inhumadas clandestinamente por los Los Zetas, algunos asesinados en Michoacán, Sinaloa, Durango, Coahuila, Guerrero, Chihuahua y Nuevo León.

Las entidades donde se registró, oficialmente, el mayor número de homicidios entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011 son: Chihuahua, con 12 mil 439 casos; Sinaloa, 5 mil 487, Guerrero, 4 mil 293; México, con 2 mil 118; Tamaulipas, 2 mil 583; Michoacán, 2 mil 295, Nuevo León, 2 mil 104; Coahuila, mil 211; Durango, 2 mil 601, y Baja California con 2 mil 275.

En mayo de este año, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis García López-Guerrero, señaló que en 80 o 90 por ciento del país no existen condiciones para conservar los cadáveres por tiempos prolongados para su estudio e identificación, a tal punto que en varias entidades ni siquiera hay servicio médico forense, por lo que las autopsias son realizadas en agencias funerarias privadas. Además, dio a conocer que las estadísticas de esa institución habían cuantificado que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008 la cifra de personas fallecidas no identificadas ascendía a 10 mil 783.

Las fuentes consultadas refirieron que uno de los grandes problemas que enfrentan las procuradurías locales para la identificación de las víctimas es la falta de infraestructura y recursos, ya que cada examen genético que se realice de manera completa tiene un costo que va de 15 mil a 20 mil pesos.

Foto: Animal Político

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