Muertes en las cárceles uruguayas

Marcelo Jelen. La diaria.-

Por involucrar como antagonistas más destacados a policías y delincuentes, la crisis perpetua en las cárceles uruguayas suele considerarse en una sola de sus dimensiones: la seguridad ciudadana. Al olvidarse de que también se trata de la peor crisis de derechos humanos desde la restauración democrática, el gobierno, la oposición, la Policía, sus sindicatos, los medios de comunicación y amplios sectores de la sociedad mueren con los ojos abiertos y sin atinar a contribuir con soluciones reales.

El viernes pasado hubo un tiroteo en el penal de Libertad. Murió el preso que lo inició y dos policías resultaron heridos. Mucho se ha hablado del tráfico de armas dentro de las cárceles como una pincelada de la “fiesta” de drogas y violencia que, según esa pintura, disfrutan los reclusos. Pero poco se habla de la amenaza o directa transgresión que por eso sufren los derechos a la vida y a la salud de los presos y los trabajadores de esos establecimientos. Quienes violan esos derechos humanos son los funcionarios que dejan ingresar esas armas, por corruptos o ineptos, y el propio Estado, que ha fracasado en su tarea de garantizar el control.

Una asociación de policías, integrante del PIT-CNT, respondió con una medida alejadísima de cualquier práctica sindical eficaz y decente: suspendió las visitas de los familiares de los presos a las cárceles. Como si en el sector de la salud, en lugar de disponer huelgas, ocupaciones o piquetes, se impidiera el ingreso a los hospitales de los acompañantes de internados. Como si por eso fueran a gozar de más seguridad. Muy por el contrario, encendieron un motín.

Esta medida viola los derechos a la salud, a la alimentación adecuada y a la rehabilitación. Los presos dependen de esas visitas para recibir alimentos y medicamentos, y para gozar de una contención mínima necesaria para la misión de “profilaxis del delito” consagrada por la Constitución. Y los familiares deben dedicar varias horas con cada visita, por la tortura de la revisión física y el traslado, sin tener siquiera la posibilidad de enviar paquetes por encomienda desde sus lugares de residencia. O sea que los guardias de las cárceles violaron derechos humanos de los presos y de sus familias para protestar contra el ingreso de armas, del que son culpables sus compañeros de trabajo corruptos o ineptos, a los que sería bastante fácil identificar y sancionar si el sindicato ayudara en la tarea.

De las drogas que se consumen en los establecimientos de reclusión también se habla mucho, así como de la participación de policías corruptos en ese tráfico. Poco se dice de la escasa disponibilidad de servicios de salud para los presos adictos: una sola psicóloga atiende a los 3.000 residentes en el Comcar, “y su única función” es la burocrática y periódica evaluación de su estado, según informó ayer el periodista Armando Sartorotti en el sitio web de El Observador.

Tenía que ocurrir un motín que destruyera instalaciones cuya reconstrucción costará siete millones de dólares para que el oficialismo, la oposición y hasta el presidente de la República se mostraran preocupados por la corrupción y la ineptitud en las cárceles, anunciaran por enésima vez que se vienen los escáneres de metales y clamaran por encargar a las Fuerzas Armadas el control de las visitas. Y ni el más ingenuo de los uruguayos puede confiar en las garantías de respeto por los derechos humanos y la transparencia que presentan las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto tardaría en aparecer en la guardia militar algún corrupto, algún violento, algún cruel?

Como se olvida de la dimensión de derechos humanos de esta crisis, el senador blanco Jorge Larrañaga cuenta sólo parte de la historia cuando afirma que en las cárceles “mandan los presos”. Cuando mandan en alguna medida los presos, lo hacen junto con aquellos policías que, por corruptos o ineptos o de puro malvados, los dejan mandar y los mandan a ellos.

Sí, está bien. La búsqueda de las causas del caos actual puede remontarse a gobiernos ajenos al Frente Amplio, con la implantación de legislaciones de “mano dura” que endurecieron las penas y crearon delitos nuevos, acompañada por jueces que usaron el procesamiento sin prisión como excepción y no como regla.

Pero fue el gobierno de José Mujica el que logró la aprobación parlamentaria de un presupuesto elevadísimo para construir celdas, actualizar la tecnología usada en la vigilancia de las cárceles y mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de rehabilitación de sus habitantes, sumergidos en un “estado de emergencia humanitaria” declarado por Tabaré Vázquez en el primer día de la primera presidencia frenteamplista. Eso pasó hace siete años, durante los cuales las soluciones sólo parecen apurarse cuando pinta un motín o un tiroteo. En el medio, murieron 12 presos achicharrados en Rocha, y ni eso ha servido para recordar que los delincuentes pierden su libertad pero no su humanidad, ni los derechos que les corresponden por ser humanos.


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