La Multisectorial Contra la Violencia Institucional denuncia la grave situación de violencia institucional en el Departamento Rosario. Se trata de “un fenómeno extendido, sistemático y con casos de extrema gravedad, entre los que se cuentan tres desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte”. Y se caracteriza “por una inadecuada e insuficiente respuesta judicial”. Hay investigaciones que directamente no se trabajan, en otras se incumplen los estándares internacionales para la adecuada detección, investigación, producción de pruebas y sanción de estas graves violaciones a los derechos humanos. El resultado es la impunidad.

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La Multisectorial nuclea a organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas y de derechos humanos. En el comunicado difundido manifiestan una “profunda preocupación y repudio por el archivo impulsado desde el Ministerio Público de la Acusación de causas de violencia institucional en las que se investiga a miembros de diferentes fuerzas de seguridad, y que tienen por víctimas a jóvenes de sectores populares”.

“Repudiamos el accionar de Miguel Moreno, Fiscal de la Unidad de Homicidios, quien la semana pasada dispuso el archivo de las actuaciones en relación a la investigación del homicidio del joven Maximiliano Zamudio, de 16 años, asesinado por el prefecto Ariel Fernando Condori Apaza, el 26 de mayo del 2015 en barrio Tablada. Del mismo modo, manifestamos preocupación porque idéntico desenlace puedan tener las causas en donde se investigan los homicidios de Carlos Godoy y Alejandro Ponce, en las que también interviene el fiscal Miguel Moreno”.

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En relación al fiscal Miguel Moreno, a fines del año pasado se solicitó una auditoría y apartamiento de las tres causas mencionadas, justamente (y entre otros motivos), para evitar el archivo de las mismas. “Aclaramos y denunciamos que a pocos días de sucedidos los homicidios, con toda la correspondiente investigación por realizarse aún, Moreno adelantó su idea de impulsar el archivo a los familiares de Maximiliano, Carlos y Alejandro. Aclaramos y denunciamos el trato despectivo, irrespetuoso e irresponsable que Moreno ha tenido con los familiares de las víctimas desde el inicio de cada investigación, negándose muchas veces a recibirlos y a brindarles información. Nos preguntamos si puede el fiscal Moreno identificar quiénes son las víctimas y quiénes los responsables de estos homicidios, dado que sólo ha dedicado tiempo a investigar a los jóvenes asesinados. Aclaramos y denunciamos que incluso le ha bastado la sola declaración de los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de estas muertes para construir su versión de los hechos, sin contemplar la declaración del resto de los testigos. Aclaramos y denunciamos que Moreno se niega a realizar las medidas probatorias solicitadas insistentemente por las querellas que representan a las familias de estos jóvenes. Nos preguntamos entonces si a Moreno le interesa realmente conocer la verdad de lo sucedido y buscar a los responsables de estos homicidios”.

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“No podemos evitar mencionar que este patrón de actuación guarda una relación estrecha con lo que hemos denunciado en documentos anteriores de este colectivo y que han sido entregados tanto al Fiscal General de la provincia, Julio de Olazábal, como al Fiscal Regional de Rosario, Jorge Baclini. Nos referimos al abordaje policial, fiscal y judicial inadecuado que se le da a estos casos y que producen impunidad”.

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“En la mayoría de los casos las primeras actuaciones las realiza la policía. En algunos, incluso, los mismos policías autores o participes de los hechos. Esto permite la construcción de una versión policial de lo sucedido, presentando por ejemplo los casos de uso ilegal de la fuerza letal como enfrentamientos con armas, o legítima defensa ante un intento de robo. Hace posible, también, la alteración de los escenarios del hecho, la introducción de evidencia falsa y el ocultamiento de evidencia incriminatoria, como por ejemplo plantado de armas de fuego a las víctimas y/u ocultamiento de vainas servidas y balas”.

Desde la Multisectorial instan al Ministerio Público de la Acusación a no archivar las causas, a investigarlas y no dejar estos homicidios impunes.