Ocho policías a la cárcel por extorsión

policíasaavedraCosecha Roja.-

El dueño de una casa de empanadas pagaba 700 pesos mensuales por tener un policía en la puerta del local de avenida Balbín al 4000. El de una repostería, 600 y de un taller mecánico dejaba un sobre semanalmente por el mismo monto en las oficinas de un negocio de pagos que también cooperaba. El destinatario de la plata era José Antonio Carranza, titular de la comisaría 49, y líder de una organización de policías condenados a diez años de prisión por asociación ilícita, cohecho y violación a los deberes de funcionario público.

La organización era piramidal: Carranza hacía los acuerdos con los empresarios, el subcomisario Ponce administraba el negocio, los oficiales Altuna y Belluschi se ocupaban de cobrar y los policías de menor rango garantizaban la seguridad. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas.

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José Antonio Carranza no volverá a vestir el uniforme de policía, y los próximos 10 años permanecerá en la cárcel por liderar una banda que extorsionaba comerciantes y recibía coimas. Otros siete oficiales que trabajaban con él también fueron inhabilitados por la justicia. Su delito: cobrar coimas a negocios, colaborar con redes de piratería y ofrecer servicios especiales de seguridad a empresarios.

La banda la integraban los subcomandantes Fernando Daniel Echagüe y Horacio Ricardo Ponce; el suboficial escribiente, Carlos Alberto Marcos; el sargento retirado, Jorge Andrés Altuna:  los oficiales subinspectores Luis Alberto González y Gabriel Sebastián Bellusci y el cabo primero Cristian Omar Ochoa. Todos están implicados en la red que en 2009 extorsionó once negocios en los barrios de Saavedra y Villa Urquiza.

Apretaban a los dueños de farmacias, rotiserías, perfumerías, agencias de viajes, supermercados, locales de ropa y talleres mecánicos que mes a mes pagaban servicios de seguridad a pedido de los policías. Los montos que recibían a cambio de vigilancia eran de hasta 700 pesos.

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– No hay nadie caminando en Tronador, reclamó Chung Hu Chang, dueño de un supermercado chino en la calle Tronador y Manzanares.

– Los domingos no trabajan -le respondió Altuna-. ¡Ah, no, Chang! ¡Perdón, perdón, Chang! Perdón, perdón, me confundí, me confundí… Aguantame que ahora pregunto.

– Sólo pido vigilancia.

Chang era un cliente especial. Por eso Altuna llamó con urgencia al subcomisario Ponce, quien le ordenó que llamara a un policía para que se “diera una vuelta” por la zona. Según las declaraciones, Hu Chang ponía 50 pesos mensuales (que juntaba con otros comerciantes) por recibir seguridad en su negocio.

La mecánica era sencilla: Carranza llegaba a un acuerdo con los empresarios, Echagüé y Ponce administraban el negocio, mientras que los demás como Altuna y Belluschi iban y cobraban.

El dueño del negocio La Casa de Empanadas 42 Gustos declaró que Antuna pedía hasta 700 pesos mensuales. El taller GNC hacía una vaquita con la dueña del local de pagos que estaba justo en frente. Desde las oficinas de la comisaría 49 llamaban para ver a cuál de los dos comercios iban a recoger el sobre.

También se registró una llamada en la que se disculpaban con una de las dueñas por un robo a su negocio. “(El policía) no llegó porque tuvo un accidente y no hay manera de cumplir con todos por falta de personal”, le respondieron.

Los policías también colaboraban con una red de piratería a cargo del Bigotes, un peruano que mantenía el control de puestos clandestinos alrededor de plazas comerciales para la venta de dvd’s. Los policías se encargaban de avisarle a Bigotes  dónde poner y a qué hora retirar sus puestos. Así evitaban los controles municipales.

La banda fue denunciada a la justicia por uno de los policías de la misma comisaría. En el juicio, otros dos agentes también declararon en contra del comisario y los demás integrantes.

FOTO: Tiempo Argentino

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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