Protocolo y emergencia en seguridad: todos los cañones apuntan contra un solo sector social


Cresta roja facu nivoloSi bien la tan promocionada declaración de la emergencia en seguridad pública por decreto se hizo con la excusa de “combatir el delito complejo y el crimen organizado”, lo cierto es que representa un paréntesis al estado de derecho y libera a las Fuerzas de Seguridad de cualquier control político y social.

Es evidente que esta emergencia en materia de seguridad se monta sobre una demanda social legítima, dando respuestas con anuncios efectistas pero ineficaces, en una escalada punitiva que ha llegado a habilitar la pena de muerte encubierta. En este marco también se inscribe el Protocolo para la actuación de las Fuerzas de Seguridad en las manifestaciones, que les da amplias facultades para reprimir y criminalizar la protesta social.

La emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de profesionalización y de reforma de las policías -para que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales- ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención.

La declaración de una emergencia de seguridad busca más el impacto comunicacional que una política eficaz y evaluable por sus resultados. Al favorecer la instalación en la agenda mediática de la “(in)seguridad” comunicacional como tema predominante, se acaparan los espacios que podrían referirse, por ejemplo, a la devaluación que afectó el 40 por ciento del poder adquisitivo de los argentinos. Sucede que estas medidas de ajuste sólo pueden darse en un contexto represivo. Deberíamos decretar la emergencia comunicacional y poner un freno a la repetición infinita de algún delito contra la propiedad privada que genera un consenso a nivel emocional, pero de fondo profundizan las desigualdades.

Estos discursos y estas políticas marcan como peligrosos a determinados sectores sociales que por el sólo hecho de tener determinados rasgos físicos, por comportarse de determinada manera, tienen cada vez más chances de ser objeto de la discrecionalidad policial. Un joven morocho, que vive en un barrio popular, que viste con ropa deportiva y usa visera tiene todos los números comprados para ser detenido. En cambio, la emergencia de seguridad no propone medidas capaces de afectar el funcionamiento de los mercados ilegales, como el lavado de activos provenientes del narcotráfico que ingresan al sistema financiero.

Todos los cañones apuntan contra un único sector social. El hilo se corta por la parte más delgada. Esa es justamente la “sutil xenofobia” a la que se refirió el Papa Francisco en su discurso en Bolivia en julio de 2015, que clausuró el Segundo Encuentro de Movimientos Populares.

El obispo Jorge Lozano, presidente de la Pastoral Social, retomó este espíritu en un texto a propósito de la detención de Milagro Sala. “No tenemos que ser puritanos con una parte de la sociedad y complacientes con otra”, dijo. “Debemos cuidarnos de no caer en lo que Francisco llama ‘sutil xenofobia’, bajo el noble ropaje de lucha contra la corrupción o el clientelismo”, agregó.

Esa combinación Pro, de emergencia de seguridad y de “sutil xenofobia”, aumenta los niveles de violencia social y abre puertas que quizás sean difíciles de cerrar. Uno de los puntos más graves del protocolo de actuación para las fuerzas en las manifestaciones es que no prohíbe el uso de armas de fuego. Además, limita el trabajo periodístico: son las fuerzas las que determinarán el lugar (y el ángulo) desde dónde los trabajadores de prensa deberán mirar lo que suceda. En las experiencias más tristes, como la Masacre del Puente Pueyrredón, las jornadas del 19 y 20 de diciembre y el asesinato de Mariano Ferreyra, la documentación audiovisual y el registro fotográfico fueron prueba fundamental en los procesos judiciales.

El gobierno toma a los conflictos sociales como un problema de “seguridad”. Este accionar no sólo profundiza las desigualdades, el desempleo y la represión, sino que puede abrir una amplia brecha de discriminación y xenofobia (ya no tan sutil) en una sociedad formada sobre la base de la integración de personas de diversas procedencias nacionales y sociales.

Las protestas y manifestaciones son el megáfono de los problemas que tiene nuestro pueblo. Está en la inteligencia de nuestra sociedad y nuestra dirigencia evitar esas políticas que permiten un peligroso renacer del odio y la xenofobia.

* Responsable nacional de JP Evita y diputado nacional por el FPV.

Foto: Facundo Nívolo

Leo Grosso
Leo Grosso

Diputado nacional (FPV - Movimiento Evita). Coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

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