Radiografía de la violencia en Medellín

Por Alec Sierra – para www.plan-sur.org

Medellín vive en la actualidad un momento de violencia constante inscrita en las dinámicas más amplias de los diferentes procesos sociales, políticos y económicos del país. Tratar de comprender los efectos de la violencia y su poder en la ciudad, aunque es una tarea de largo aliento, es fundamental en este momento. En este escrito se presentarán algunas perspectivas sobre la violencia que ha vivido Medellín en el último año, la incidencia de la criminalidad y las organizaciones armadas que controlan abiertamente diferentes sectores de la economía local, así como sectores sociales a través del uso de la violencia.

Precisiones generales sobre el paramilitarismo

Sobre las acciones de las organizaciones paramilitares se pueden hacer varias precisiones generales que nos muestran el contexto y la dinámica que éstas han tenido en los procesos de violencia política en el país. Hay un claro interés por el  control del poder público y privado; el campo político del paramilitarismo esta compuesto por un discurso que aparentemente se enmarca en los límites del Estado, siendo así, comunes las referencias a la patria y al respeto por las instituciones del Estado, sobre todo en las políticas antisubversivas.

Sin embargo, esta relación es ambigua, dado que uno de los puntos de partida del proyecto paramilitar radica en un alejamiento del Estado por la permisividad de éste, su permisividad con los grupos guerrilleros, esto demuestra un cambio constante de discursos que se ajustan a los cambios sociopolíticos del país (ROMERO: 2003). Identificamos procesos que median a través de la coerción las experiencias de la población en el campo político (democracia, participación electoral, derechos, deberes, constitución, trabajo, salud, justicia) en las sociedades regionales urbanas y rurales en donde el proyecto paramilitar fue efectivo (GUTIERREZ & BARON: 2006a).

Es importante tener en cuenta la forma en que los grupos paramilitares establecieron relaciones con la propiedad, la productividad, el comercio y la economía, mediadas principalmente por la ilegalidad y reguladas por la violencia y la coerción física (desplazamiento forzado, robo de tierras, mafias, contrabando, lavado de activos, narcotráfico, sicariato, masacres). El narcotráfico es quizá el punto clave mediante el cual se puede comenzar a comprender las dinámicas actuales de la violencia en la ciudad.

Este tipo de actividades nos muestran una de las grandes paradojas a la que nos enfrentamos a la hora de caracterizar el proceso del paramilitarismo y es que sus acciones no pueden ser reducidas a un campo puramente criminal e ilegal, si no, que también existe un fuerte componente político. Sus acciones militares y de control social establecen marcas y diferencias políticas, buscan borrar y exterminar diferentes procesos de organización social –que no deben ser leídos únicamente como producto de las organizaciones insurgentes– a través de una violencia sistemática, un ejemplo entre miles, es  el asesinato de Jesús María Valle en febrero de 1998, tras las denuncias de las masacres de El Aro y La Granja en Ituango (Semana, Febrero 28 de 2007).

El incremento de la violencia paramilitar en la ciudad puede situarse en el 2003, cuando las organizaciones paramilitares que se encontraban negociando un proceso de desmovilización intentan llegar a un acuerdo con el Bloque Metro para sentarse en la mesa de negociación en Santa Fe de Ralito; pero al ver que esto no tenía la respuesta deseada, en mayo del mismo año, empieza una arremetida violenta por parte de todas las AUC contra esta organización paramilitar (NOREÑA: 2007: 111) que deriva en la derrota militar del Bloque Metro y la consolidación del Cacique Nutibara en diferentes áreas de la ciudad.

En este momento, variables que deben ser reconocidas son las operaciones Orión y Mariscal, lideradas por el Ejército y en las cuales fueron fundamental el aparato armado de los paramilitares que buscaban atacar de manera frontal a las milicias urbanas de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo –CAP– en zonas de la comuna 13 en Medellín, lo que mostró el poder y la capacidad armada de las organizaciones paramilitares en la ciudad.

La violencia en Medellín en el último año: la lectura institucional

En el mes de marzo comenzaron a llevarse a cabo en el Concejo de Medellín una serie de audiencias públicas en las que las instituciones municipales debían hacer un balance sobre la violencia que vive la ciudad desde el 2009. Sobre estas reuniones mostraremos los puntos de vista de las instituciones sobre el proceso en la ciudad en el último año.

La Secretaría de Gobierno afirma que la situación de Medellín debe verse teniendo en cuenta la coexistencia de violencia y la delincuencia en un contexto de crecimiento económico y desarrollo social, es decir, de reconocer que la ilegalidad y la criminalidad son constitutivos de la economía de la ciudad. Sin embargo, los escenarios que más se han visto perjudicados por la violencia son los sectores periféricos de la ciudad, en los enfrentamientos que se registran desde el primer semestre del año 2009 entre combos y entre organizaciones al servicio del narcotráfico que han usado armas de largo alcance en  la que la población más afectada ha sido los jóvenes de baja escolaridad.

Según el secretario de Gobierno, los resultados del plan de política publica “Medellín más segura, sí se puede” se ha visto en sitios sensibles como las comunas 8 y 13 en donde se pasaron de 25 homicidios semanales durante diciembre de 2009 y enero de 2010 en promedio a 15 en el mes de febrero de 2010.

El secretario también menciona que uno de los puntos positivos de la política de seguridad de la Alcaldía es que con las capturas que se realizaron en el mes de febrero en la Comuna 8  en donde fueron capturadas 21 personas en La Sierra, entre ellos líderes de algunas organizaciones de desmovilizados que tenían proyectos productivos en la Comuna, quienes fueron sindicados y hallados culpables por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, extorsión, desplazamiento y homicidio (El Colombiano, 6 de febrero de 2010). El índice de homicidios en esta Comuna llegó a alcanzar 8 homicidios semanales durante los tres primeros meses de 2010.

Esta visión de la Secretaría intenta alejar el fenómeno actual del proceso violento que construyó el paramilitarismo en la ciudad. Aunque en efecto, el proceso de desmovilización que ocurre entre 2003 y 2006 cierra un ciclo,  hay que advertir que no es posible desligar el proceso actual de las estructuras paramilitares que ciertamente lograron un control de diversas actividades económicas (narcotráfico, tráfico de armas, delincuencia organizada, juego).

El secretario de Gobierno dice que ante el elevado índice de homicidios durante el comienzo del 2010 “no debe haber alarmas”, ya que la tasa se mantiene en un promedio menor a 100 homicidios por cada cien mil habitantes, un registro que no alcanza las cifras de más de 300 homicidios por cien mil habitantes de comienzos de los años 90, una comparación por demás absurda y que muestra la incapacidad de controlar y hacer seguimiento a la violencia en la ciudad, la cual ha desbordado toda capacidad de acción de las instituciones estatales.

La personería de Medellín analiza la situación con otro enfoque. Desde la extradición de los 13 jefes de las AUC en mayo de 2008, se produjo un quiebre en las líneas de mando y las jerarquías de las organizaciones criminales que aún estaban bajo el mando de algunos jefes desmovilizados en la ciudad (especialmente Berna), lo que produjo una serie de enfrentamientos por el control de la economía y de zonas en el sector urbano, lo que dispara la tasa de homicidios en la ciudad.

En enero de 2009 se produjeron 103 homicidios y en enero de 2010 se produjeron 238, esta situación de violencia ha afectado principalmente a jóvenes entre los 15 y los 25 años y ha generado una doble situación: por una parte el confinamiento de muchas personas en territorios definidos por barrios o comunas y por otra los procesos de desplazamiento intraurbano. La Personería identifica un proceso de territorialización y constitución de micropoderes territoriales en las comunas (Personería de Medellín, 2010).

Según el personero, en la actualidad se encuentran distribuidas en la totalidad de comunas de la ciudad 343 bandas y combos, que se relacionan con delitos como porte ilegal de armas, fabricación y tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, tentativa de homicidio, homicidio, extorsión, tráfico de moneda falsificada y violencia contra funcionarios públicos. También, denuncia el creciente índice de homicidios de estudiantes de instituciones educativas oficiales durante el final de 2009 y los dos primeros meses de 2010, un hecho que muestra que la mayoría de homicidios se cometen contra personas jóvenes entre los 15 y los 25 años.

La Comisión por la Vida. Diálogos para el cese de la violencia

La comisión por la vida fue una iniciativa que se dio a comienzos de este año por parte de un grupo de personas que buscaban acercar a “Valenciano” y “Sebastián”, los jefes de las dos partes en confrontación tras la extradición de “Berna” en el 2008 y quienes intentan hacerse al poder de la estructura militar y económica de la Oficina de Envigado.

Jaime Jaramillo y Alberto Giraldo, miembros de la comisión, destacan que la iniciativa implicaba un “cese de hostilidades” en las comunas para reducir la tasa de homicidios. Sin embargo, aunque las versiones oficiales mostraban que en efecto se reducen los índices de homicidios en la ciudad a partir de marzo, es evidente la continuidad de la criminalidad. Ante esta situación, la comisión argumentó que propendían únicamente por el derecho a la vida, tanto de las comunidades como de las personas que participan en las bandas, y que las actividades delictivas (narcotráfico, delincuencia organizada) eran un elemento que desbordaba su capacidad.

Sobre la manera en que lograron acercarse a “Sebastián” y “Valenciano”, Alberto Giraldo explica que en Medellín existen 229 parroquias y que los encargados de éstas son a la vez en algunos casos líderes comunitarios. A través de ellos se establecieron reuniones con algunos líderes de combos y bandas de algunas comunas que aceptaron reunirse con la Comisión. A partir de estos contactos la Comisión comenzó a buscar también algunos líderes que se encontraban en la cárcel. A través de ellos lograron contactar a “Sebastián” y “Valenciano” y se logró un pacto para frenar los homicidios, pero el pacto resulto ser muy endeble y no es gratuito, por ejemplo, el caso de la masacre en Envigado1.

Algunas cifras

La compleja situación de seguridad en Medellín no es coyuntural, sino que es un problema estructural que se acomoda al cambio y la transformación de las dinámicas de la violencia y la criminalidad en la ciudad. Las siguientes son algunas cifras sobre la economía que se maneja subrepticiamente en la ciudad y que nos muestran la diversidad de fuentes de ingreso de las organizaciones armadas en la ciudad:

•  Microtráfico: entre 10.500 – 12.000 millones de pesos mensuales
•  Extorsión: entre 6.500 – 12.000 millones de pesos mensuales
•  Juego Ilegal: 6.000 millones de pesos mensuales
•  Tráfico de armas y tráfico de personas: Sin cuantificar

Acerca de los homicidios, en el 2007 un 72% se había cometido por arma de fuego, mientras que en 2009 un 90% corresponde a esta modalidad, lo que muestra el incremento del tráfico de armas y la existencia de una confrontación armada que incluye armas de última tecnología y de largo alcance. Entre 2007 y 2009 se incautaron 5.395 armas entre carabinas, fusiles, ametralladoras, subametralladoras y pistolas tipo 5.7 que disparan municiones de fusil, una muestra del arsenal y del poder militar que mantienen estas organizaciones.

Los homicidios se presentan en una población entre los 18 y los 26 años de edad y la situación ha ido incrementándose si se miran los promedios mensuales de homicidios. En 2007 era de 64, en 2008 de 87, en 2009 de 182 y en enero de 2010 había alcanzado los 240. Aunque para febrero se redujeron a 113 (Personería de Medellín, 2010), la cifra sigue siendo elevada; sin embargo, este descenso (que fue visto como positivo) se lo atribuyeron la Policía, la Secretaria de Gobierno y la Comisión por la Vida, en busca de cierto protagonismo para alivianar el panorama violento de la ciudad que ciertamente continúa desbordando cualquier tipo de acción institucional.

Es importante que el proceso comience a verse alejado de las cifras y los números, y nos acerquemos con una mirada más cualitativa. Preguntémonos por ¿qué tipo de consecuencias ha tenido este ciclo en procesos de organización social en las Comunas? ¿Qué tan cierta es la idea que es un proceso desligado del paramilitarismo? Es preciso continuar con el análisis y hacer un recorrido más profundo sobre la situación.

 

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