SPB: qué hay detrás de la reforma de Vidal

Vidal reformasQuizás los 33.073 presos bonaerenses se vean beneficiados porque la Justicia inició una investigación al jefe del Servicio Penitenciario, Fernando Díaz, por irregularidades millonarias en un catering en el penal de Salta. La renuncia o el apartamiento de Díaz – y no la sobrepoblación de 9000 internos, ni que muera uno cada 56 horas – dio lugar a la reforma del SPB anunciada por María Eugenia Vidal que incluye el mando civil de la fuerza.

“El desplazamiento del jefe del Servicio Penitenciario, el nombramiento de un civil y el reconocimiento del diagnóstico de la Comisión es, a grandes rasgos, positivo. Ahora hay que ver el desagregado de todo esto, cómo funcionará en la práctica”, dijo a Cosecha Roja Roberto Cipriano, Director del Comité Contra la Tortura, organismo dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria. La CPM se reunió con la gobernadora a comienzos de 2016 para expresarle su preocupación por la “grave situación de los Derechos Humanos en la provincia”, y luego antes de la presentación del décimo informe anual sobre torturas y malos tratos del organismo.

En una conferencia de prensa muy similar a la que dio el 28 de diciembre de 2015, tras la fuga de los detenidos por el Triple Crimen, la gobernadora anunció el pase a disponibilidad de 132 jefes del SPB y una evaluación de agentes a cargo de alcaidías, unidades y complejos penitenciarios, que durará tres meses. Dijo también que creará dos organismos de control: desempeño del personal y auditoría de la gestión. Desde hoy, el SPB se encuentra intervenido.

Fernando Díaz, cuestionado jefe del Servicio, fue apartado de su cargo dejando paso a un civil: Juan José Baric, actual subsecretario de Política Penitenciaria y ex fiscal federal de La Pampa. Si bien todavía no se conocen las modificaciones a las leyes ni la reglamentación, Vidal dio algunos detalles de lo que vendrá: “Pondremos fin al autogobierno para democratizarlo y transparentarlo. La inseguridad no se resuelve con parches ni improvisaciones sino con un plan de reforma del Sistema Penitenciario al que, a lo largo de tantos años de democracia, nadie quiso cambiar”, dijo la gobernadora.

“El cambio de mando a un civil no necesariamente acaba con el autogobierno de las Fuerzas”, dijo a Cosecha Roja el periodista Ricardo Ragendorfer. Según él, después de once meses de gestión, el gobierno se dio cuenta de que las fuerzas de seguridad “están intervenidas por organizaciones criminales”.

Vidal explicó que los 12 complejos y 55 unidades bonaerenses tendrán una estructura administrativa manejada por civiles. Aún no queda claro si la intervención se convertirá en un verdadero mando civil pero el anuncio se parece más a una verdadera reforma que a medidas de emergencia. Para Ragendorfer, a pesar de que es “destacable” el planteo de Vidal, “en el fondo el gobierno busca prisionalizar a los sectores más vulnerables”.

El ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, dio a conocer el segundo eje de la reforma: el compromiso de reinsertar a los privados de su libertad. “El esfuerzo es generar un esfuerzo mayor sobre educación y trabajo”. Para eso se articulará con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social y Educación de Nación.

Y Díaz se fue

En diciembre de 2015, Fernando Díaz fue nombrado por Vidal en la jefatura del SPB, luego de la salida de Florencia Piermarini tras el escándalo por la fuga de los condenados por el Triple Crimen. A partir de la denuncia de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal titular Miguel Palazzani, el juez federal de Salta Miguel Antonio Medina ordenó que Díaz sea indagado por irregularidades millonarias en el catering del complejo penitenciario federal de Salta, sobreprecios y robos de viandas. La investigación es por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de vejaciones en cárceles salteñas.

En el momento del supuesto delito, Fernando Díaz era Auditor general del Servicio Penitenciario Federal y ya había sido denunciado por la Comisión Provincial de la Memoria. “En su gestión ocurrió la Masacre de Magdalena y se demostró el primer pasaje de corriente eléctrica a detenidos en democracia. Apoyamos que haya civiles en el Servicio pero que Baric sea un civil no alcanza. Deberá mostrar que tiene políticas claras”, explicó Cipriano.

Larisa Zerbino, referente del área de cárceles de la Asociación de Pensamiento Penal, dijo a Cosecha Roja que desde el entorno de la gobernadora Vidal suelen ser “muy celosos, razón por la cual no hemos podido acceder al proyecto pero por los anuncios puedo decir que es muy positivo que haya civiles en el Servicio Penitenciario. Nosotros bregamos porque deje de ser una fuerza militarizada y porque de una vez por todas se empiecen a respetar los derechos sociales, educativos y culturales de las personas privadas de la libertad”.

Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y Juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea dio su explicación: “Las cúpulas poco y nada pueden hacer desde sus sitios burocráticos. Los cambios verdaderos pasan por la conducción de las unidades. Y la experiencia demuestra que los procesos más exitosos han sido los que han condicionado la lógica de la seguridad a otras variables: trato digno, respeto de los derecho, trabajo, educación, salud. No interesa tanto quién va a ser el director del SPB sino las personas que van a conducir las unidades. En este sentido, como se había iniciado en la gestión anterior, seguridad por una parte (preferentemente fuera del perímetro) y tratamiento en manos de personas con esos conocimientos y mucha sensibilidad”.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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