Uruguay: los desafíos de la legalización

Martín Cortés. Cosecha Roja.-

La semana pasada, la Cámara de Diputados de Uruguay votó a favor del proyecto de legalización del cannabis con regulación estatal. Con el voto de Darío López, el diputado oficialista que mantuvo el secreto hasta último minuto, el proyecto espera su aprobación en el Senado, donde el Frente Amplio se encuentra en una posición mucho más cómoda. De ser así, Uruguay se convertiría en el primer país del mundo en legalizar la marihuana luego del largo siglo en que se declaró la guerra contra las drogas. Mientras sectores de derecha advierten de un crecimiento en el consumo de marihuana, quienes impulsan la protesta apuntan a reducir el narcotráfico y descriminalizar a los consumidores.

Los efectos de la ley no pueden conocerse. Sectores de la derecha anticipan un boom de consumo de marihuana que idiotizará a una generación entera y protestan contra el uso de la población uruguaya como campo de experimentación. La ONU condena el proyecto desde la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE): esta “burocracia planetaria” –tal como la definió el presidente Mujica en 2012– no puede pensar por fuera del paradigma prohibicionista. “Está muy interesada en cuidar su trabajo”, había agregado el ex tupamaro, y sólo muestra su preocupación ante el hecho de que Uruguay viole los tratados internacionales sobre drogas como la Convención de Viena de 1981, que establecen qué sustancias son legales y cuáles no.

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Fuera de toda consideración moral y bajo las banderas del respeto a los derechos individuales, los sectores que apoyan la ley hacen un análisis positivo: esperan una disminución del narcotráfico, una nueva percepción social de la marihuana, una apertura al debate en toda la región y la puerta para discutir una nueva política mundial de drogas.

La nueva ley se basa por completo en encontrar una alternativa diferente para combatir el narcotráfico. Para eso, el Estado uruguayo, en lugar de ocultar el problema y condenar la marihuana esperando que así deje de ser consumida, se puso como objetivo competir con este mercado negro: favorece el auto-cultivo, los clubes de cultivo y otorga licencias a privados para producirla. Controla cada parte del proceso de producción, desde su plantación hasta su distribución en farmacias. Pide a los usuarios su registro en una lista de usuarios recreativos (no sólo medicinales), para así evitar el llamado “turismo fumón” que hizo dar marcha atrás al modelo de loscoffee shops holandés. El desafío es que tanto productores como consumidores prefieran recurrir al mercado legal, ya que el ilegal, identificada una demanda, siempre volverá a aparecer.

Todo está a favor de la marihuana legal: mejor calidad, nulo peligro para conseguirla y un precio que, según informó la Junta Nacional de Drogas, oscilará en torno a los 2,50 dólares el gramo –un precio semejante al ilegal.

UN PRIMER PASO

Los activistas acuerdan en que la legalización uruguaya es un primer paso pero que es necesario, al menos, un proyecto de magnitud regional para combatir de forma eficiente el narcotráfico. Finalmente, la marihuana plantada por licenciatarios uruguayos puede venderse a muy buen precio en el mercado negro argentino o el brasileño –primero en la región-. ¿Podrá el Estado impedir este desvío? Una posible solución sería que el Estado produzca directamente la marihuana, sin pasar por las licencias a privados. Esa idea estaba contemplada en el proyecto original y debió ser modificada ante el rechazo de gran parte de la sociedad civil y la oposición. Con la producción en manos privadas como una premisa, ¿logrará el estado no trasladar los costos de esas medidas de seguridad a la marihuana que pretende hacer competitiva ante el mercado ilegal?

El cambio comenzó hace tiempo. Las diversas luchas de la región pueden articularse en lo que mañana será recordado como la lucha contra el prohibicionismo en uno de los continentes que, como dijo Eduardo Bonomi, ministro del Interior uruguayo, es el que pone los muertos. En esa lucha, la ley uruguaya constituirá, con seguridad, un hito. Pero dependerá del activismo cannábico y del proceso de apertura registrado en nuestras sociedades en los últimos años que este cambio llegue a una situación de respeto a las libertades individuales, a la mayor información posible para quien elija ser usuario de drogas y a un enfoque sanitario, ya no criminal ni manicomial. Eso significaría llegar a buen puerto en toda América Latina. Por ahora, el único buen puerto es el de Montevideo.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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